Panamá, Luxemburgo, Andorra: los paraísos perdidos de las listas negras

La medida más efectiva para combatir la corrupción, y los delitos económicos en general, es seguir el rastro del dinero. En consecuencia, cualquier corrupto que no quiere ser descubierto intentará utilizar medios opacos. El medio opaco por excelencia es el efectivo. Por esa razón, la abundancia de billetes de 500 euros (los denominados Bin Laden) en la España de la burbuja inmobiliaria no era sólo un indicativo de fraude fiscal, sino también de corrupción a pequeña escala.

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Cuando la corrupción se realiza a gran escala, el efectivo ya no es suficiente y se necesita utilizar tax havens, es decir paraísos fiscales. El término paraíso fiscal es una mala traducción y es uno de los términos más confusos, y peyorativos, que existen en el mundo económico. Tax haven es “refugio fiscal”, no “paraíso fiscal”, que sería tax heaven. El origen del término son los haven o puertos seguros existentes en el Caribe, como Cayman o la Isla de la Tortuga; es decir refugios de piratas y corsarios. Por cierto, tampoco un pirata es lo mismo que un corsario. Un pirata no obedecía ninguna ley, pero un corsario tenía una “patente de corso” concedida por un Estado para atacar y saquear a los barcos de otro.

En estos paraísos o refugios fiscales se pagan, en general, pocos impuestos. Sin embargo, lo definitorio es que hay opacidad absoluta: secreto bancario blindado y escasa o nula cooperación con los demás Estados. La opacidad total es la impunidad absoluta. Si no se puede seguir el rastro del dinero, se está facilitando que los impuestos no se paguen en los demás países, es decir el fraude fiscal. No sólo eso, la existencia de paraísos fiscales fomenta la corrupción y los delitos económicos, al permitir a los delincuentes esconder el dinero ilícitamente obtenido, y posteriormente reintroducirlo en la economía real; es decir el blanqueo de capitales.

Aún más complicado que el concepto de paraíso fiscal es saber qué territorios son paraísos fiscales. Obviamente, ningún país quiere ser calificado como paraíso fiscal por los demás: no sólo porque da una pésima imagen, sino porque se le aplican medidas restrictivas tanto fiscales como anti-blanqueo. Si usted consulta la principal lista internacional, la de la OCDE, como yo hice cuando escribí mi libro ¿Hacienda somos todos?,  se encontrará con la sorpresa de que en la lista no queda nadie. Si no se lo cree, aquí puede comprobarlo.

 Para la OCDE todos son países que están realizando progresos, ya sólo quedan paraísos perdidos. Sin embargo, muchos países tienen su propia lista de paraísos fiscales, España entre ellos. Sin embargo, averiguar qué países están tampoco es sencillo. La lista es ésta y hay 48 territorios. Sin embargo, de esta lista se puede salir, firmando un acuerdo con España, que puede ser un convenio para evitar la doble imposición, o un simple acuerdo de intercambio de información.

Durante la etapa de Rodríguez Zapatero, España sacó de la lista a unos cuantos países que habitualmente muchos consideran como paraísos fiscales: Panamá, Antillas Holandesas, Luxemburgo o Andorra, entre otros. En toda esta cuestión, no sólo hay factores fiscales. Por ejemplo, Panamá aplicaba la denominada cláusula de retorsión: consideraba como paraíso fiscal, a cualquier otro país que le incluyese en su lista. Esto podía significar, entre otras cosas, limitaciones a la contratación pública; precisamente en la época en que se licitaba una de las mayores obras públicas de todos los tiempos: la ampliación del Canal de Panamá.

En fin, estos territorios, en cualquier caso, se han comprometido a entregar información a España si se les requiere. Por supuesto, hay limitaciones, pero lo que es común es que estos países no se pueden amparar en el secreto bancario, y que no se puede alegar que el delito fiscal no está penado en su territorio para no entregar la información.

¿Todo esto ha merecido la pena? Como todo, dependerá de los resultados. Por ejemplo, en el acuerdo de intercambio de información con Andorra de 23-11-2010, se establece que se intercambiará la información “para asuntos que puedan constituir un delito, en dicha fecha”  y “para todas las obligaciones fiscales generadas a partir de esa fecha o posteriormente.”

Sin embargo, El Confidencial informaba hace algunos días que las autoridades judiciales andorranas no han seguido de momento este criterio cuando se les ha requerido información sobre la familia Pujol, cuyo patriarca ha confesado públicamente fraude fiscal.

Todo este asunto aún está en trámite, con lo que todavía las autoridades judiciales y administrativas que están investigando podrían obtener información. Si no es así, y en general el intercambio de información con estos antiguos paraísos fiscales no es efectivo, convendría replantearse todo esta política. Si estos países no informan realmente, son agujeros negros del sistema fiscal y financiero internacional. Si además, llevarse el dinero ahí no está especialmente controlado, porque estos países ya no están en las listas, los evasores y los corruptos estarán en el mejor de los mundos. Porque recordemos, no estamos hablando de territorios con impuestos más o menos bajos sino de refugios del dinero que no ha pagado sus impuestos, o que incluso procede a veces del delito: los paraísos perdidos de las listas negras.

*Francisco de la Torre Díaz es inspector de Hacienda y autor de ¿Hacienda somos todos? (Debate).