¡No, ministro!

El pasado 8 de octubre, la Audiencia Nacional dictó una sentencia que ponía fin en la via judicial a un recurso por acoso moral interpuesto por Jaime Nicolás Muñiz, funcionario del ministerio del Interior.

Esta sentencia anulaba otra anterior pronunciada por un Juzgado Central de la propia Audiencia Nacional que desestimaba la demanda del funcionario por entender que no había habido empleo de violencia, si bien al mismo tiempo impartía al ministerio de Jorge Fernández Díaz un severo varapalo por el despilfarro que suponía dejar a funcionario sin cometidos durante dieciocho meses (El Confidencial, 23 de febrero 2014).

La nueva sentencia, que vuelve a desestimar la demanda de Jaime Nicolás por motivos formalistas, sin embargo, declara en duros términos la existencia del acoso moral denunciado y lo califica pioneramente no de simple “mobbing”, sino de todo un caso de “bossing” (cometido solo por superiores), lo que, dada la categoría funcionarial de Jaime Nicolás, un vocal asesor de nivel 30, viene a confirmar la denuncia del funcionario y puede afectar directamente al ministro y sus secretarios de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa y Francisco Martínez.

En la carta abierta que aquí publicamos, que sigue a otros escritos oficialmente cursados al ministro sin merecer respuesta alguna, Jaime Nicolás expresa su preocupación por que las diligencias disciplinarias reabiertas tras la sentencia de la Audiencia Nacional y encomendadas a órganos jerárquicamente dependientes del ministerio, acaben desvirtuando la declaración judicial y se cierren sin el esclarecimiento de las responsabilidades por el acoso moral. También pone de manifiesto, en términos generales, la insuficiencia del cuadro legal actual para la lucha contra el acoso en la administración del Estado.

Sr. Fernández Díaz:

Podría dirigirme a Vd. por su cargo, pero prefiero hacerlo así, a título personal, para separar desde el principio su actuación privada de sus actos como miembro del Gobierno, ya que el motivo de esta carta se refiere a una conducta que nada tiene que ver con sus importantes funciones públicas, por más que Vd. mismo haya propiciado la confusión de los dos ámbitos. Y de eso se trata en el acoso moral de que he sido objeto en el ministerio del Interior, como se ha establecido en reciente sentencia de la Audiencia Nacional que confirma una denuncia mía ante su ministerio.

Como allíse declara, durante dieciocho interminables meses he permanecido degradado en su Departamento, forzado a la más humillante inactividad. Esta es una situación de la que Vd. no puede sentirse ajeno. Al calificarla de “bossing”, la Audiencia Nacional, además, ha apuntado hacia arriba al referirse a los responsables de la humillación, que, en mi caso, solo pueden serlo el Secretario General del organismo en el que estaba destinado; las dos personas que han ocupado la Secretaría de Estado de Seguridad; y Vd. mismo como ministro. Todos o uno, pero nunca ninguno.

No creo, sin embargo, que ni Vd. ni sus secretarios de Estado tuvieran ni hubieran argumentado ninguna razón objetiva para la marginación.Tampoco lo han hecho después, y tiempo han tenido. Su silencio, pues, no hace sino reforzar el temor, que también se consignaba en la denuncia, de que solo pudiera haber una razón personal para el acoso. Por respeto callaba entonces y por respeto voy a callar ahora.

Tan personal he de reputar su intención que ni siquiera la veo directamente relacionada con su proclamada pertenencia a una sociedad religiosa, que no merece quedar afectada por este motivo. Y tan privada, que tampoco veo que tenga nada que ver con razón política o ideológica alguna.

Mi denuncia, desde luego, no tenía un propósito político. Como funcionario profesional que soy desde hace más de cuatro decenios, he servido, al margen de su color político, a todos los gobiernos desde que tomé posesión de mi primer puesto funcionarial. Hoy, como funcionario de carrera, solo me sigo sintiendo un leal servidor público en la Administración actual, y así seguirá siendo, con orgullo, hasta mi ya no lejana jubilación.

La lucha hasta conseguir la constatación judicial del acoso ha sido dura, pero mis esfuerzos los siento compensados no solo por el restablecimiento de mi dignidad personal sino sobre todo en lo que supone en términos más generales para la dignificación del conjunto de los servidores públicos, tan expuestos al mismo tipo de acoso a causa de una legislación de la función pública que no propicia precisamente su profesionalidad y que no cierra el paso a la mediatización política, en términos de un mal entendido Estado de partidos.

Además, las famosas “mochilas” para los cesantes —creadas con provisionalidad hace veinte años y todavía uno de los escasos mecanismos de defensa disponibles—no son una solución para todos, sino solo para unos pocos. En puridad, no hacen más que evidenciar la falta de una sólida garantía general de la carrera profesional de los empleados públicos, que, de haberla, las haría innecesarias —aunque, dadas las circunstancias, he de reconocer que solo gracias a que disfruto de una de estas defensas -pero no sin grandes costos, esfuerzos y dificultade—he podido resistir hasta la fecha el acoso y luchar, aun desigualmente, contra él. Pero, comoquiera que sea, y a Vd. le consta, yo no quiero ser mochilero. Por eso también lucho.

Y respecto de la normativa contra el acoso en las administraciones públicas, ¿qué quiere que le diga? El protocolo que rige para la administración del Estado no deja de ser una iniciativa más buenista que otra cosa; un acuerdo farragoso, de dudoso valor normativo, que la administración se puede saltar impunemente, como Vds. lo han hecho en mi caso desde el principio al secuestrar mi denuncia por dos largos meses cuando el protocolo ordena el inicio inmediato de su tramitación.

El procedimiento previsto en el acuerdo queda a discreción de la administración, sin garantizar la igualdad de armas ni la más mínima contradicción. Todo se confía al hacer de unas inspecciones de servicios sometidas jerárquicamente a la dirección política del departamento, impotentes para poder revisar y no digamos sancionar el acoso cuando, como en este caso, pueden proceder directamente del ministro y sus colaboradores políticos. Resulta descorazonador ver cómo estos débiles instrumentos pueden permitir que la administración se atreva a cuestionar y hasta desvirtuar la contundente declaración judicial de acoso moral, después de que el ministerio ordenara la suspensión del expediente confiando en una sentencia favorable a sus intereses. Después de todo, todo habría sido para nada. O peor que para nada, porque este inútil procedimiento no hace más que incrementar el acoso. Al final, la víctima podría hasta quedar como el único culpable de la denuncia.

Pero dejo para otros escenarios estas reflexiones, más interesantes, sin duda, que mis quejas personales, porque a Vd. tal vez tampoco le interesen mucho. Además, incluso puede que se encuentre a gusto con este estado de cosas. No le molesto más.

Espero que entienda Vd. el sentido de esta carta. Le he escrito públicamente para que no la deje en el olvido. Lo he hecho como víctima. Y como víctima reclamo su contestación. Aunque antes, permítame que, apartándome del trato que habitualmente parece que le dispensan sus colaboradores, yo le diga, con toda la lealtad de un funcionario; con ánimo crítico y de mejora de la administración; con el mayor espíritu de servicio; alto y claro: ¡No, ministro! ¡Así, no!

Respetuosamente,

J.

*Jaime Nicolás esfuncionario del ministerio del Interior.