'Charlie Hebdo': una tragedia sin héroes

El reciente atentado contra el semanario francés Charlie Hebdo ha conmocionado al mundo occidental y, como tantas veces ocurre, ha suscitado reacciones que son más emocionales que racionales. Pasado ya el primer efecto del shock, vale la pena analizar con cuidado algunos de los temas que esta injustificable masacre pone sobre la mesa.

El islam en las democracias occidentales

Una de las cosas que más llama la atención es el abundante número de personas –y de medios de comunicación– que incurren en afirmaciones descalificadoras del islam, insistiendo en repetir, a modo de mantra o de conjuro contra las amenazas para la democracia, que es incompatible con nuestra cultura política y en general con nuestro sistema de valores. Esto es un completo desacierto, basado en una mezcla de ignorancia, equívoco y prejuicio. La religión islámica no es de suyo una religión violenta o inconciliable con los valores y modo de vida occidentales –entre otras cosas, hay muchas y muy diversas interpretaciones del islam, como de casi cualquier otra religión–.

Cada uno compartirá o no los puntos de vista morales del islam, y podrá considerar que algunos son discutibles, trasnochados o retrógrados, pero quien tiene amigos musulmanes que toman en serio su religión –yo tengo unos cuantos– sabe que normalmente son personas de un elevado nivel moral. Muchos musulmanes están en desacuerdo con parte del estilo de vida occidental, pero están –como todo ciudadano– en su pleno derecho de discrepar; y si por algo han de distinguirse nuestras democracias es por su capacidad de acomodar la pluralidad de concepciones religiosas y éticas, sin imponer un pensamiento uniforme. En eso consiste su principal fortaleza.

La preocupación por la seguridad nacional es comprensible, y los atentados terroristas suelen generar inquietud acerca de sus flancos débiles. Sin una seguridad adecuadamente garantizada por el Estado no puede haber libertad ni, por tanto, democracia real. Pero un hipotético intento de justificar medidas de discriminación del islam sobre la base de estos atentados, o de otros similares, no solamente no tendría fundamento jurídico alguno, sino que iría contra el derecho fundamental de libertad religiosa.

Es cierto que hay quienes utilizan la bandera del islam para justificar actos violentos o intimidatorios, o para tergiversar la realidad y presentarse como víctimas en lugar de agresores (la legítima defensa de sus creencias y tradiciones contra la imposición autoritaria de las democracias occidentales basadas en el descreimiento, se argumenta). Pero eso no hace mala a la religión islámica, como el uso de una retórica protestante por parte del Ku Klux Klan no hace malo al protestantismo.

Además, la instrumentalización de causas de suyo legítimas para fines perversos no sólo tiene lugar en el ámbito de la religión. En España lo sabemos bien: hemos sufrido la violencia de ETA y de posiciones políticas afines, disfrazada de defensa del nacionalismo vasco (que es de suyo una opción legítima, se esté o no de acuerdo con ella). Identificar el terrorismo que se presenta como islámico con el propio islam sería tan absurdo como hacer equivalentes el terrorismo abertzale y la identidad vasca.

En el fondo, además, eso es lo que persiguen los violentos: propagar el odio como un modo de subvertir la vida social. Por eso son tan apreciables –y tan necesarias– las numerosas reacciones que estos días han tenido autoridades islámicas o teólogos musulmanes contra el atentado, negando que tenga ningún fundamento religioso objetivo. Es esencial que la población islámica adopte una posición activa y de vanguardia para deslegitimar el terrorismo que se disfraza de religión.

La libertad de expresión y las ofensas a los sentimientos religiosos

En el trasfondo de esta tragedia se encuentra también un tema de notable relevancia jurídica: cómo abordar los conflictos entre libertad de expresión y sentimientos religiosos. No olvidemos que el atentado tuvo lugar contra el semanario que difundió en 2006 las llamadas “caricaturas de Mahoma”, previamente publicadas por el diario danés Jyllands-Posten, consideradas por muchos musulmanes como seriamente blasfemas, y por muchas otras personas como una invitación a la discriminación de los franceses de origen islámico. Veamos brevemente cuáles son las coordenadas esenciales para un correcto análisis jurídico de este tema, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Hay un primer punto intocable: la violencia física nunca puede ser considerada una reacción legítima frente a una ofensa verbal o escrita a una religión, a sus dogmas o personas sagradas, o a sus fieles. Por eso, no hay sombra de justificación posible para los atentados de París, como de ningún otro cuyos autores presenten como castigo merecido para un lenguaje blasfemo.

La cuestión que requiere más matices es la que se refiere a qué limitaciones puede imponer el ordenamiento jurídico a expresiones que tienen por finalidad ofender a una religión y a sus fieles. De nuevo aquí encontramos una afirmación indiscutida: el derecho fundamental a la libertad de expresión no protege la calumnia deliberada, ni tampoco el hate speech, ya sea antirreligioso o de cualquier otro tipo; es decir, el discurso encaminado a provocar odio o discriminación (sentencias Jersild y Gündüz del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras). Es más, esas conductas pueden ser sancionables penalmente, y a menudo lo son. Así lo hace en España el art. 510 del Código Penal.

Menos claras, en cambio, resultan las respuestas posibles frente a otras situaciones de ofensa a la religión que no son calificables ni de hate speech ni de calumnia. En el fondo, la cuestión central consiste en dilucidar si la protección de los sentimientos religiosos forma parte de la garantía de la libertad de religión y de creencias. Aquí, el Tribunal de Estrasburgo ha adoptado una posición más ambigua. Por un lado, ha afirmado que las religiones no pueden esperar permanecer libres de crítica, y que, por tanto, han de tolerar la difusión de expresiones que “ofenden, escandalizan o molestan”.

Pero, al mismo tiempo, ha mantenido que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no impone una política uniforme al respecto, y que las leyes de cada país tienen cierta discrecionalidad para sancionar las expresiones “gratuitamente ofensivas” contra una religión o sus símbolos sagrados (sentencias Otto-Preminger-Institut y Wingrove). De hecho, en España, el art. 525 del Código Penal criminaliza el escarnio público de la religión o de quienes no profesan religión alguna.

Muchos pensamos que ese artículo del Código Penal es de dudosa justificación –afortunadamente no se aplica– porque la tutela de los sentimientos religiosos no forma parte, de suyo, de la garantía de la libertad religiosa. Las expresiones ofensivas para la religión, incluso las “gratuitamente ofensivas”, sólo pueden restringirse o sancionarse en casos extremos. En concreto, cuando el lenguaje injurioso, aun no constituyendo en rigor hate speech, puede traducirse de hecho, por las circunstancias y el contexto, en una limitación al derecho de libertad religiosa de las personas: por ejemplo, produciendo situaciones de discriminación o impidiendo que algunos ciudadanos practiquen libremente su religión. Esto es más fácil que suceda con minorías religiosas, por lo general más vulnerables a las consecuencias de la difamación, que con la religión mayoritaria.

No es que considere que el lenguaje difamatorio es encomiable o que merezca un juicio social, moral o políticamente positivo. Al contrario: creo que ofender sin motivo, en este y en cualquier otro ámbito, es algo a evitar. Pero el respeto a la libertad de expresión, que es una de las libertades clave de un sistema democrático, sólo puede restringirse en casos de estricta necesidad. La censura no es en absoluto amiga de la democracia. Y no se olvide, además, que el derecho es un instrumento de organización social que tiene sus limitaciones: en contra de lo que mucha gente piensa, no sirve para todo, ni es el único punto de referencia para calificar un comportamiento humano como legítimo. Identificar legalidad y legitimidad moral es un error notable. Hay expresiones ofensivas que el derecho debe permitir, pero que no por ello reclaman un juicio positivo por parte de la sociedad.

Más víctimas que héroes

Por esa misma razón, resulta comprensible la actitud de quienes en estos días, en diversos países, se han pronunciado bajo el lema “yo no soy Charlie”, en contra de la corriente mayoritaria. El atentado contra la vida de los redactores de Charlie Hebdo es execrable, y debe ser condenado sin ambages, pero eso no hace necesariamente de los asesinados unos héroes. El semanario francés nunca se ha distinguido ni por su buen gusto, ni por lo sofisticado de su humor, ni por su contribución positiva a un clima de convivencia social impregnada de respeto por quienes piensan diferente.

Al contrario, su línea ha sido más bien optar por la ofensa, en ocasiones grosera, aun a costa de la buena fama de personas o de grupos minoritarios. No es esta, a juicio de muchos, la mejor manera de promover un ambiente de debate intelectual sobre cuestiones de importancia, o sobre aspectos sustanciales que definen la identidad de los ciudadanos. La reproducción de las “caricaturas de Mahoma” del Jyllands-Posten fue sólo una de sus desafortunadas sátiras, más aireada que otras por las consecuencias, entonces y ahora.

Su labor periodística era tan jurídicamente legítima como, a juicio de muchos, moral y socialmente reprobable. Beatificar a periodistas cuya actividad se asemeja más a un negocio basado en el escándalo que a la lucha por las libertades es probablemente un error de perspectiva, que impide llegar al fondo del problema.

La de Charlie Hebdo es una tragedia en la que abundan las víctimas pero se echan de menos los héroes (exceptuando a los agentes de seguridad caídos). Si queremos erradicar el fanatismo religioso –y es esencial hacerlo– el camino no pasa por glorificar el insulto de quien piensa diferente, sino por un periodismo más consciente de su responsabilidad social y más sensible hacia los valores de las minorías. 

*Javier Martínez-Torrón es catedrático de la Universidad Complutense