Derechos humanos y Qatar: ACS, FCC, Barça…

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) adquiere importancia creciente, pero aún insuficiente. Hoy, este concepto ha evolucionado de la mera voluntariedad empresarial al marco "proteger, respetar y remediar" de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas, que se basa en tres cuestiones básicas: la obligación del Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales.

Por su parte, en España, la Ley de Sociedades de Capital ya establece que aprobar la política de Responsabilidad Social Corporativa es una función indelegable del consejo de administración. El Código de Buen Gobierno de las Sociedades cotizadas incorpora en sus Recomendaciones 6, 53 y 54 que las empresas han de elaborar y publicar informes de RSE; impulsar una gestión más intensa y comprometida de la RSE y que se incluyan  los compromisos que asumen en su relación con los grupos de interés: accionistas, empleados, clientes, proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos humanos y prevención de conductas ilegales”; así como los sistemas de seguimiento de resultados y mecanismos de supervisión aplicados al riesgo extra-financiero, ético y de conducta empresarial. Por tanto, tenemos ya una estructura de normas y recomendaciones que debe cumplir una empresa socialmente responsable en el siglo XXI. Sin embargo, las experiencias recientes en el sector textil y en la construcción, muestran que estamos lejos del objetivo y de contar con herramientas eficaces para conseguirlo. 

El 24 de abril de 2013, se derrumbaba el Rana Plaza en Bangladés (1.134 trabajadores muertos; más de 2.000 heridos graves y varios miles perdieron su trabajo). Al calor de la tragedia y tras una fuerte campaña de exigencia del sindicalismo internacional, importantes marcas y empresas multinacionales, fabricantes y distribuidoras de ropa firmaron el acuerdo para la prevención de incendios y para la seguridad de los edificios en la industria de la confección de Bangladés con las Federaciones Sindicales Internacionales de la Industria y los Servicios IndustriALL Global Union y UNI. 

Una de las empresas firmantes, la española Inditex, ya había reaccionado ante los errores en el pasado y modificado su política RSE, tras el derrumbe de la fábrica Spectrum en Bangladés (2005), en el que 64 trabajadores perdieron la vida y 80 personas resultaron heridas. En 2007, tras varios años de negociaciones, firmó el Acuerdo Marco Internacional con la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestido y Cuero. A día de hoy, Inditex, que sin duda aún tiene que avanzar más, es una empresa líder, tanto en el sector textil, como en el desarrollo de políticas avanzadas de RSE.

Qatar en el escaparate

El pasado 28 de mayo la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) denunciaba que grandes empresas del sector siguen sin dar explicaciones sobre las condiciones de trabajo en sus proyectos en Qatar. Según conocemos a través de diferentes informes, entre ellos 'La causa contra Qatar', publicado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en marzo de 2014, en Qatar se producen graves abusos de los derechos humanos y laborales: denuncias de trabajo forzoso; unas cifras alarmantes de mortalidad entre los trabajadores migrantes –la CSI ha estimado que al menos 4.000 trabajadores morirán entre 2014 y la Copa del Mundo de 2022, si las condiciones de trabajo no cambian significativamente–; ausencia de normas de seguridad y salud en los centros de trabajo y en los alojamientos de los trabajadores; retraso en el pago de salarios o pago parcial de los mismos y la ausencia de derechos fundamentales como son la libertad de asociación y de negociación colectiva.

La CSI ha estimado que al menos 4.000 trabajadores morirán entre 2014 y la Copa del Mundo 2022, si las condiciones de trabajo no cambian significativamente

Los trabajadores migrantes, que constituyen aproximadamente el 94% de los trabajadores de Qatar (1,2 millones), son altamente vulnerables a los abusos de los derechos humanos y laborales como consecuencia del marco regulatorio de Qatar. De acuerdo con el Comité de la OIT sobre libertad de asociación, la legislación laboral de Qatar restringe el derecho de los trabajadores migrantes a formar o afiliarse a sindicatos. 

Además, todos los trabajadores extranjeros –independientemente de la condición económica o cualificación– están sujetos a la kafala, que vincula al trabajador migrante al patrocinador, que es a menudo un empleador. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes señala que "la kafala permite a los empleadores sin escrúpulos explotar a los trabajadores."

Sin embargo, son muchas las empresas multinacionales que obtienen importantes contratos en Qatar y prefieren ignorar esta realidad. 24 compañías fueron contactadas con este fin por Business and Human Rights Resource Centre (Organización internacional e independiente, sin ánimo de lucro, dedicada a promover la transparencia y el respeto a los derechos humanos en las empresas); la mayoría no han respondido todavía y cinco se han negado a responder: Consolidated Contracting Company, Habtoor Leighton, Midmac, Porr y WCT Holdings. 

Tal y como se puede leer en la página web de Human and Business Rights, la empresa Habtoor Leighton Group (HLG) de Emiratos Árabes Unidos obtuvo más de mil millones en contratos de construcción en Qatar en 2014. Esta empresa declara que “tiene una política muy estricta y muy clara y no proporciona ninguna entrevista, respuesta o comentario”. 

Está participada en un 45% por CIMIC de Australia, que a su vez es propiedad de Hochtief de Alemania, que forma parte del Grupo español ACS (Actividades de Construcción y Servicios SA, cuyo presidente y consejero delegado es Florentino Pérez). Ni Hochtief ni ACS, hasta ahora, aceptan tampoco interlocución alguna. Tampoco Fomento de Construcciones y Contratas –FCC (presidida por Esther Alcocer Koplowitz)– ha respondido aún a Human and Business Rights.  

Riesgos reputacionales

El entorno jurídico de Qatar parece difícilmente compatible con los derechos humanos de los trabajadores de la construcción. Esto afecta y debe afectar a empresas que ignoran esos derechos, incurriendo en riesgos operacionales, reputacionales y legales para ellas y sus inversores, que podrían ser objeto de acciones legales contra ellas y sus directivos, en los países de origen y en los que tienen presencia las empresas.

Resulta exigible que nuestras multinacionales además de cumplir con los estándares de RSE en España, lo hagan también en el resto de países en los que actúan

Bajo las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, las compañías que operan en Qatar deben evitar infligir daños a los derechos humanos de los trabajadores migrantes y abordar los impactos negativos sobre los derechos humanos en los que están involucrados. Tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos de los trabajadores migrantes, no sólo dentro de sus propias operaciones, sino también en las de sus socios y subcontratistas.

Pero 'La causa contra Qatar', impulsada por la CSI, no afecta únicamente a las empresas del sector de la construcción. Con motivo de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, la CSI instó a los socios y seguidores del FC Barcelona que pusieran fin al patrocinio de Qatar Airways al club, ya que esas aerolíneas contravienen los 100 años de tradición de democracia y universalidad del club. La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) denuncia a Qatar Airways después de que la Organización Internacional del Trabajo confirmara casos de discriminación de género. La respuesta del Director Ejecutivo de Qatar Airways, Akbar Al Baker, fue “Me importa un bledo lo que diga la OIT…”; mostrando un claro desprecio a un organismo internacional tripartito (Estados y representantes de empresas y trabajadores) como la OIT y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

En conclusión, resulta exigible que nuestras empresas multinacionales además de cumplir con los estándares de RSE que se van fijando poco a poco en España, lo hagan también en el resto de países en los que actúan. El reto de un mundo globalizado es también el de generalizar el respeto a los derechos humanos. Las cifras de negocio del sector textil, o de la construcción derivada del más que controvertido Mundial de Fútbol en Qatar en 2022, no pueden justificar que se ignore la conculcación de derechos fundamentales. Denunciar esta situación en los países de origen e instar a las empresas españolas a contribuir a ello, es una obligación. Dotarnos de herramientas efectivas de actuación internacional, una necesidad. 

*Carlos Bravo es secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO