A propósito de la financiación de las fundaciones políticas

El último caso de financiación ilegal ha salpicado a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). El partido ha sido acusado de cobrar comisiones ilegales de la constructora Teyco (en forma de donativos a la Fundación Catdem) a la que supuestamente beneficiaba con contratos públicos. La mayoría de las formaciones políticas se han apresurado a criticar a CDC y el partido que con más fuerza ha alzado la voz ha sido Ciudadanos, reclamando que se prohíban las donaciones a las fundaciones políticas. La medida forma parte del documento El cambio sensato. Propuestas contra la corrupción y el capitalismo de amiguetes, aprobado el 27 de julio pasado. En el texto se propone someter a los partidos a auditorías externas, aplicarles las normas contables de las entidades no lucrativas, que las cuentas las aprueben los responsables del partido y no sólo por los tesoreros, limitar el gasto electoral, prohibir las donaciones de personas físicas y jurídicas que hayan tenido o puedan tener relaciones mercantiles con la administración pública y prohibir las donaciones de fundaciones u otras entidades ligadas a los partidos.

La realidad es que la mayoría de las propuestas de Ciudadanos llegan un poco tarde y, las pocas que suponen alguna novedad, constituyen un desatino. En estos últimos tres años hemos sido testigos de importantes cambios en el ámbito normativo. El más importante, la reforma de la Ley Orgánica 8/2007 sobre Financiación de Partidos Políticos, aprobada en marzo de 2015, que incorporó muchas mejoras, entre las que destacan: el hecho de que los donativos han de proceder de persones físicas o jurídicas que no contraten con las administraciones públicas, ser públicas y no exceder de límites razonables; la necesidad de desarrollar mecanismos de auditoría y fiscalización dotados de recursos humanos y materiales suficientes para ejercer con independencia y eficacia su función; la tipificación de las infracciones y sanciones, y la facultad del Tribunal de Cuentas para recabar en el ejercicio de su función fiscalizadora la colaboración de los bancos y de la Agencia Tributaria.

La mayor parte de las propuestas del documento del partido naranja, relativas a la financiación y el control de los partidos y fundaciones políticas, ya están incorporadas en la nueva Ley. Por tanto, mi primera sugerencia a sus dirigentes es que la estudien. Mi segunda recomendación es que eliminen de su programa la propuesta de prohibir las donaciones a las fundaciones políticas. Es una majadería y, además, contradice su discurso en apoyo de la sociedad civil.

Tan sólo 6 de las 36 'fundaciones políticas' publican los estados financieros, cinco el informe de auditoría y tres el informe del Tribunal de Cuentas

Uno de los principales aciertos de la reforma ha sido decantarse por un régimen de financiación mixta que recoge, por una parte, “las aportaciones de la ciudadanía y, de otra, los recursos procedentes de los poderes públicos en proporción a su representatividad como medio de garantía de la independencia del sistema, pero también de su suficiencia”. Recordemos que, tan solo hace dos años, la mayoría de los representantes políticos se inclinaban por suprimir los donativos, defendiendo que los partidos políticos se financiasen exclusivamente con cargo a los fondos públicos. Los legisladores, finalmente, han rechazado con buen criterio esta alternativa exigiendo que los partidos, como el resto de las organizaciones sociales, recurran a la financiación de la ciudadanía, pues la capacidad de recaudar fondos de esta constituye una prueba de la relevancia y representatividad social de los partidos. Nada hay que objetar a los donativos privados de personas e instituciones si se conoce su origen y se establecen límites y condiciones para su aceptación con el fin de evitar posibles conflictos de intereses.

El problema no reside en la naturaleza de las fuentes de financiación sino en la falta general de transparencia de las fundaciones políticas, como la Fundación Compromiso y Transparencia viene denunciando desde hace seis años a través de sus informes Transparencia el mejor eslogan. Informes de transparencia en la web de partidos y fundaciones políticas. El análisis de nuestro último informe, que comprende las 36 fundaciones políticas vinculadas a los partidos con representación en el parlamento nacional, revela que estas entidades siguen mostrando unos altos niveles de opacidad. En relación con la información económica, tan sólo seis de las 36 fundaciones (fundaciones Alfonso Perales, Faes, L’Alternativa, Nous Horizons, Por la Europa de los Ciudadanos, Sabino Arana y Progreso y Democracia) publican los estados financieros y sólo cinco el informe de auditoría. En cuanto al informe del Tribunal de Cuentas, solo tres fundaciones lo hacen público en su web.

Pero la información económica no es el único contenido relevante. El informe también analiza otra información, como la relativa a la estructura directiva y de gobierno, los estatutos y códigos de buen gobierno, las actividades, la misión o los resultados. El balance global es bastante pobre. Destaca negativamente que el 40% de las fundaciones políticas no tenga página web; que el 88% no facilite sus estatutos ni publique su código de buen gobierno; que el 75% no informe sobre su estructura directiva, y el 71% no aporte los resultados de las actividades que realiza. Resumiendo, tan sólo tres fundaciones vinculadas a los particos políticos (Alfonso Perales-PSOE, FAES-PP y Sabino Arana-PNV) merecen la calificación de transparentes, de acuerdo con la metodología de la Fundación Compromiso y Transparencia.

Nuestro informe del pasado mayo no incluyó en su análisis a las fundaciones políticas vinculadas a los dos partidos emergentes por no tener en ese momento representación en el Parlamento Nacional: la Fundación Instituto 25M Democracia (Podemos) y la Fundación Tribuna Cívica (Ciudadanos). Pues bien, el resultado, una vez incluidas, no resulta muy halagüeño para ninguno de los dos partidos. La Fundación Tribuna Cívica, vinculada a Ciudadanos ni siquiera cuenta con una página web. La Fundación Instituto 25M Democracia vinculada a la formación política Podemos sí dispone de una página, pero la información que proporciona se limita a comunicar algunas de sus actividades. Las dos fundaciones, por tanto, pasarían a engrosar la categoría de Opacas con cero y un punto, respectivamente.