El Estado insostenible y Cataluña

Las crisis ofrecen la oportunidad de hacer cambios políticos profundos. Alemania, por ejemplo, aprovechó la difícil incorporación de la antigua RDA al organismo federal para modificar su Constitución en 1994 y 2006. España ha salido de la recesión con una grave crisis política, pero la crisis no ha sido aprovechada para abordar el imprescindible cambio de un modelo de Estado agotado desde hace años. Por ejemplo, hacia un modelo federal parecido al alemán, seguramente el más adecuado para nosotros.

Este Estado autonómico hipertrofiado, clientelar y corroído por la corrupción, ha empeorado y alargado la crisis. El saqueo político de las cajas de ahorro, tan implicado en inflar las burbujas inmobiliaria y de infraestructuras que provocaron la peor crisis financiera de Europa, ha sido un producto nefasto de ese modelo de Estado. Los gobiernos de Zapatero y de Rajoy sí han considerado necesaria la reforma laboral y el recorte drástico de la inversión pública, pero el modelo territorial ha resultado ser sagrado e inviolable, como si España pudiera permitirse un desempleo millonario, auge de la pobreza y fuga de cerebros, pero no prescindir de sus anacrónicas diputaciones provinciales, ni reducir el número desaforado de entes locales y de entidades públicas superfluas.

Aunque no se quiera verlo, la crisis catalana ha vuelto a llevar este elefante al centro de la habitación. En vez de iniciar un debate riguroso y a fondo sobre la reforma constitucional del sistema autonómico, se sigue regalando al nacionalismo la iniciativa política y el arbitraje final en asuntos de Estado. Por eso mismo el debate político vuelve a girar no sobre qué modelo territorial, fiscal y administrativo sería el mejor para conseguir un país próspero, equitativo y libre, sino en cómo sosegar al tigre separatista con nuevas concesiones, provisionales por naturaleza. ¿Qué les damos, el IRPF, los “derechos históricos” de Cataluña sean lo que sean, el Senado a Barcelona? ¿Cuánto tiempo comprarán estas nuevas dádivas para ir tirando?

Huir hacia adelante

La semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó tres leyes que representan otras tantas huidas hacia adelante. Gracias a la mayoría absoluta del PP, los Presupuestos Generales de 2016incrementan las transferencias ordinarias a los entes territoriales, reduciendo aún más los menguantes recursos del Estado para una política propia de inversión nacional, lo que implica un oscuro futuro para las CCAA más dependientes. En la misma línea de abdicación de responsabilidades del Ejecutivo, la Ley de reforma del Tribunal Constitucional, probablemente inconstitucional y sin otro objeto que pasarle la patata caliente del golpe de Estado de Artur Mas.

Tanto la falsa reforma federal que propone el PSOE como las declaraciones de Margallo son medidas que conducen a la constitucionalizar por la puerta de atrás

Pero hubo más: se aprobó, con la única oposición de UPyD (como es la norma en esta materia), la Ley de Reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que fija el criterio por el que el Estado deberá financiar esta comunidad, el de población. Lo más grave es que PP y PSOE votaron con la reserva expresa de que esa reforma no servirá de nada, pues una sentencia del TC ya establece que no se puede constreñir la capacidad legislativa del Parlamento nacional ni la libertad del Ejecutivo para elaborar presupuestos. Por tanto, ¡se aprobó una ley sin la menor intención de cumplirla!

Resulta que es imposible financiar a cada Comunidad Autónoma según el baremo que le sea más favorable, a unas por población, a otras por extensión o por insularidad o por pobreza relativa, porque sumaría más de 100% del presupuesto e incrementaría, si fuera posible, la deuda pública. El previsible incumplimiento de este Estatuto reformado creará descontento y agravio en la Comunidad Valenciana, que sin duda es lo que necesitamos.

Finalmente, la respuesta al desafío separatista catalán se reduce a garantizar que no se tocarán sus conquistas políticas, como la aberrante inmersión lingüística que vulnera el derecho de los niños a escolarizarse en su lengua materna. Es más, los mensajes de PP y PSOE abundan en que podríamos ampliarlas si se aceptara mantener una ficción de pertenencia a España mediante un DNI y una monarquía común, una bandera y unas fuerzas armadas casi escondidas… Una Commonwealth, para llamarla por su nombre. Porque tanto la falsa reforma federal que propone el PSOE, en realidad puramente confederal, como las declaraciones de Margallo (convertido de facto en ministro para Cataluña por Mariano Rajoy) que implican aceptar una Hacienda catalana y, en la práctica, un concierto económico con otro nombre, son medidas que conducen a constitucionalizar por la puerta de atrás, sin debate ni claridad, un Estado confederal.

Ojo al “arreglo” confederal

Conviene no olvidar que quienes pagarían esta fiesta, de celebrarse, son las CCAA más pobres, cada vez más abandonadas a su suerte y a los menguantes fondos europeos. No es muy sensato creer que Madrid seguirá llevando casi en solitario el peso de financiar la educación, la sanidad y las infraestructuras de Andalucía, Extremadura, Asturias, Galicia, Murcia, Canarias y ambas Castillas más las pensiones de todos, pues País Vasco, Navarra y Cataluña son deficitarias en este capítulo. ¿O alguien cree que eso es realista? Porque el resumen será “el Estado de Bienestar para quien pueda pagárselo”, que no es sino la consigna de todos los nacionalismos centrífugos europeos e ibéricos.

Los separatistas siempre han visto la confederación como una transición para lo que persiguen: un Estado nacional propio de soberanía decimonónica

Los estados confederales son, por su propia naturaleza lábil, inestables y provisionales. Por eso el modelo suizo confederal evolucionó hacia un Estado federal peculiar, y también por eso Lincoln comprendió en 1861 que reconocer soberanía a los estados sureños -mucho más que la cuestión de la esclavitud- conduciría más temprano que tarde a la voladura de la propia Unión, perspectiva inaceptable. No hay historias de éxito confederal.

Si España asume una Constitución confederal, dejará de ser una nación en el sentido democrático-liberal del concepto. Los separatistas, sean catalanes o vascos, siempre han visto la confederación, con sus falacias de derechos históricos, singularidades y demás monsergas, como una transición para lo que persiguen: un Estado nacional propio de soberanía decimonónica. Que esto sea inviable en Europa y el siglo XXI no es algo en lo que quieran ni pensar. Pero eso no debería preocuparnos, sino la incapacidad de las fuerzas políticas mayoritarias y de la opinión pública española para debatir alternativas constitucionales realistas a un modelo de Estado insostenible. Sin embargo seguimos a tiempo porque, aunque parezca mentira, mientras haya crisis habrá esperanza.

*Carlos Martínez Gorriarán(@cmgorriaran), portavoz adjunto de UPyD en el Congreso de los Diputados.