Europa, contra los acuerdos fiscales secretos entre países y multinacionales

En dos decisiones históricas adoptadas esta semana, la Comisión Europea ha concluido que Fiat, en Luxemburgo, y Starbucks, en los Países Bajos, se han beneficiado de determinadas ventajas fiscales que reducían los importes de sus respectivos impuestos de sociedades. El mensaje no puede ser más nítido: independientemente de si una empresa vende café o coches, y de si lo hace en la tienda de la esquina o a escala global, debe pagar los impuestos que le corresponden, porque ello redunda en beneficio de la justicia social y de la eficiencia económica.

Las agencias tributarias nacionales concedieron a ambas empresas "resoluciones fiscales" (o "tax rulings" por su denominación en inglés) que les otorgaban un trato preferencial con las consiguientes ventajas selectivas, ilegales conforme a las normas de la UE sobre ayudas estatales. Gracias a su resolución, la sociedad de financiación de Fiat, que concede préstamos a otras sociedades del grupo Fiat, únicamente pagó impuestos sobre unos beneficios subestimados. Para ello, aplicó una serie de métodos, artificiales y complejos, cuyo resultado fue una estimación muy a la baja del beneficio que el banco interno de Fiat obtiene en realidad.

En el caso de Starbucks, la mayor parte de los beneficios generados por su compañía torrefactora fueron transferidos desde los Países Bajos a otra entidad de Starbucks en el Reino Unido, donde tampoco tributaba por sus beneficios. El resultado es que las dos empresas de Fiat y de Starbucks apenas pagaban impuestos por los beneficios que realmente obtenían. En ninguno de los dos casos parece existir una justificación económica válida de esos acuerdos. La Comisión les ha ordenado ahora que devuelvan entre 20 y 30 millones de euros en impuestos impagados a las Haciendas de Luxemburgo y de los Países Bajos.

Supone una distorsión de la competencia, perjudica a empresas que pagan sus impuestos como es debido y crea un sistema arbitrario para los contribuyentes

No estamos poniendo en tela de juicio el derecho de cada país a conformar su política fiscal y a fijar sus propios tipos impositivos. El objetivo de las investigaciones de la Comisión relativas a las ayudas estatales es averiguar si un país ha concedido ventajas fiscales desleales a unos pocos elegidos, lo que es ilegal en virtud de las normas de la UE sobre ayudas estatales, ya que supone una distorsión de la competencia, perjudica a aquellas empresas que pagan sus impuestos como es debido y crea un sistema arbitrario para los contribuyentes europeos.

Valgan como ejemplos los dos asuntos de esta semana: el tipo legal del impuesto de sociedades en Luxemburgo se sitúa en torno al 29%, y en los Países Bajos es del 25%. Las resoluciones fiscales refrendan acuerdos con arreglo a los cuales las empresas de Fiat y Starbucks solamente pagaron alrededor del 1% y del 2,5%, respectivamente, sobre sus beneficios reales (quede claro que se trata de cifras relativas a la sociedad de financiación de Fiat y a la empresa torrefactora de Starbucks, y no a las actividades de ambas empresas en todo el mundo).

Estas dos decisiones significan un paso importante en la lucha de la UE contra la elusión del impuesto de sociedades, y aún habrá más. Nuestras investigaciones sobre las prácticas de resoluciones fiscales en todos los países de la UE siguen avanzando, al igual que las investigaciones específicas sobre la misma cuestión en Bélgica, Irlanda y Luxemburgo. Estos asuntos son prioritarios, y la calidad es lo primero, por lo que adoptaremos decisiones que tengan sólidos fundamentos de hecho y de Derecho.

No obstante, las normas de la UE sobre ayudas estatales no pueden detener por sí solas la elusión del impuesto de sociedades. Hemos de abordar la raíz del problema combinando la aplicación de la normativa de competencia y una mejor política en materia de impuesto de sociedades. Esa es la razón por la que la Comisión ha situado la lucha contra el fraude fiscal en el centro de su programa político, y ya estamos consiguiendo resultados.

En marzo, propusimos una normativa para exigir a las autoridades tributarias de la UE el intercambio regular de información relativa a las resoluciones fiscales, dado que algunas habían concedido ventajas fiscales indebidas a determinadas empresas, que además pasaron desapercibidas. Apenas siete meses después, los ministros de Finanzas de la UE apoyaron esas nuevas normas, de manera que a partir de 2017 todos los Estados miembros de la UE compartirán información entre ellos acerca de todas sus resoluciones fiscales transfronterizas y de sus acuerdos de fijación de precios. Sin poder escudarse ya en el secreto, las empresas tendrán muchas más dificultades para recurrir a esos «acuerdos de conveniencia» que vulneran las normas sobre ayudas estatales.

No se trata de establecer impuestos nuevos o más elevados, se trata de que las compañías paguen los impuestos que justamente les corresponden

En junio, la Comisión también propuso una revisión exhaustiva y sistemática del entorno fiscal de las empresas de la UE, para hacerlo más justo, más eficaz y más propicio para el crecimiento. Continuaremos trabajando sobre la transparencia fiscal empresarial y los paraísos fiscales. Estamos elaborando normas más estrictas sobre los regímenes fiscales preferenciales, y en breve volveremos a relanzar una propuesta conocida como la base imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS), que eliminará los desajustes y las lagunas existentes entre los sistemas nacionales —aprovechados actualmente por las empresas a fin de eludir impuestos—, y reducirá los costes que conlleva para las empresas transfronterizas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Desde el primer día de su mandato, la Comisión situó la fiscalidad más equitativa como una de sus principales prioridades. Pues bien, hoy en día ya contamos con resultados tangibles. Nuestro trabajo continuará al mismo ritmo y con igual ambición, y repetiremos nuestro mensaje hasta que llegue a calar: no se trata de establecer impuestos nuevos o más elevados, se trata de que las compañías paguen los impuestos que justamente les corresponden, sin importar el tamaño de la compañía.

La mayoría de ciudadanos y empresas pagan la cantidad que les corresponde, contribuyendo de este modo a la sociedad y a conseguir una competencia leal. Éstos son principios poderosos y confiamos en que la cooperación con el Parlamento europeo y los Estados miembros dé sus frutos. Nuestro mensaje es, en cierto modo, como una canción pop: si la oímos una vez, probablemente la olvidemos, pero si la volvemos a oír unas cuantas veces más, no habrá quien nos la quite de la cabeza.

*Margrethe Vestager, comisaria europea de competencia, y Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros