Almunia o la irresponsabilidad política

El Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, ha resuelto, en su Sentencia de 17 de diciembre, que el régimen fiscal español de financiación estructurada de buques (el famoso “tax lease”) no constituye una ayuda ilegal de Estado. No por esperada la noticia deja de ser una enorme satisfacción para todos aquellos involucrados, de una u otra forma, en el sector, y, por extensión, para la economía española. En efecto, la construcción naval es una industria pluricentenaria en España que la famosa Decisión de la Comisión Europea de 2013 estuvo a punto de hacer desaparecer y que ahora, con esta victoria, debería retomar su rumbo.

Más allá de las cuestiones técnicas que contiene la Sentencia, sobre las que no es éste el foro más adecuado para comentar, subyace aquí otra cuestión mucho más grave y mucho más preocupante. Para adentrarnos en ella debemos retroceder en el tiempo y recordar cómo pudimos llegar adonde llegamos en 2013.

El Gobierno español de entonces, en la primavera de 2011, acosado por la situación crítica de la economía española, permitió negligentemente a los lobbies de los astilleros holandeses –competencia directa de los españoles- avanzar en sus denuncias ante la Comisión Europea contra el sistema español, con el impulso decidido de un Director holandés (¿quién dijo conflicto?) del Departamento de Ayudas de la DG IV (Competencia) y la aquiescencia del inefable Joaquín Almunia, comisario a la sazón, aquejado de un lamentable complejo de europeísmo.

A todo esto los holandeses tenían (y siguen teniendo) un sistema de financiación de la construcción de buques similar al nuestro, pero ese es otro tema, sin importancia para la Comisión. Veremos qué dice ahora de la denuncia –tardía- presentada por España al efecto.

Tras la apertura del expediente en 2011, y tras dos años de intensa batalla jurídica en varios frentes, Almunia encontró la solución al problema: pagarían los inversores. Los Astilleros no tenían nada que temer. Almunia había tenido un momento de nostalgia de su pasado sindicalista en UGT y repetía su mantra a quien quisiera oírlo: los Bancos son culpables, que paguen ellos.

Tras la apertura del expediente en 2011 y una larga batalla judicial, Almunia encontró la solución al problema: pagarían los inversores

En ese período, 2011-2013, (y aún hoy perdura el efecto) Holanda multiplicó sus pedidos y la cartera de los astilleros españoles se hundió hasta su mínimo histórico. Los afectados españoles recurrieron en Luxemburgo, aunque eso no impidió (por imperativo del derecho europeo) que Hacienda les exigiera las devoluciones de las supuestas ayudas, si bien hay que reconocer que el procedimiento sigue abierto y aún no ha habido devoluciones efectivas.
Hoy nos encontramos con una Sentencia favorable, como por otra parte era previsible y debido en Derecho. ¿Y ahora qué, Sr. Almunia?

El daño al sector ha sido inmenso. El destrozo es prácticamente irreparable. Como ya sabíamos todos, desde el primer momento, la única consecuencia de esto sería la asfixia de los astilleros, que dejarían de ver cómo los inversores participaban en estas operaciones, sin una alternativa posible. Así ha sido. Victoria pírrica, pues.

¿Quién devolverá a los astilleros, y a la industria secundaria, las pérdidas de estos cuatro años sin mandatos? ¿Cómo es posible tanta irresponsabilidad política? ¿Va a salir ahora el Sr. Almunia a pedir disculpas? ¿Y a reconocer su error?

La Comisión Europea ha hecho el ridículo más espantoso en este tema, como ya lo hizo con el tema de la deducción del fondo de comercio. Y allí siguen, en sus despachos, tan contentos, sin inmutarse. Y sin que su frivolidad en el tratamiento de este expediente tenga consecuencias personales ni patrimoniales para nadie, cuando el daño infligido ha sido terrible, y además, irrecuperable.

Bueno, se me olvidaba. A Almunia le quitaron el carné de socio del Athletic de Bilbao. Estará muy dolido el pobre.

* José Ignacio Jiménez-Blanco es socio de JBMF