En plena tormenta política sobre el déficit público español, se han publicado los gastos, desglosados por comunidades autónomas, del tratamiento de la hepatitis C en 2015. Solo con un primer vistazo superficial se puede apreciar la magnitud del desastre: el gasto por población asistida difiere entre unas comunidades y otras... ¡en más de un 300%! Una diferencia de tal magnitud no puede explicarse más que de dos formas: o la inequidad en el sistema y en el acceso al tratamiento es desproporcionada, o la gestión sanitaria en algunas comunidades es un absoluto desastre.

En 2015, y con una prevalencia de población afectada del 0,20% (según datos publicados en febrero de ese año por fuentes del SNS), el País Vasco gastó 10,69 euros por habitante, mientras que la Comunidad Valenciana, con una incidencia del 0,19%, gastó 33,61 euros por habitante. Si ustedes multiplican esa diferencia de 20 euros por el total de la población española, pueden hacerse una idea del impacto total de las diferentes formas de gestionar. El gasto total superó los 1.120 millones de euros. Estos son los asombrosos datos.

¿Cómo es posible? Tal desaguisado solo es explicable por la pervivencia de un sistema de gestión anquilosado, fragmentado, opaco y en muchas ocasiones corrupto. Nuestro sistema impide evaluar si las decisiones que tomamos en salud tienen efecto beneficioso o no, y cuál es la magnitud de su impacto. Si quisiéramos saber cuáles son las consecuencias de las decisiones de gasto, tomadas por las diferentes consejerías, deberíamos disponer de forma transparente de los datos de morbilidad y mortalidad asociadas al virus C en las diferentes comunidades antes y después del tratamiento. Deberíamos también ser capaces de analizar cuál es el gasto por paciente tratado y su índice de curación tras el tratamiento. Todos estos datos, así como el grado de fibrosis ( evolución de la enfermedad) de los pacientes tratados son necesarios para saber el impacto en salud de nuestras decisiones.

Tal desaguisado solo es explicable por la pervivencia de un sistema de gestión anquilosado, fragmentado, opaco y en muchas ocasiones corrupto

Necesitamos saber también cuántos pacientes han sufrido complicaciones y cuáles han sido sus gastos de hospitalización debidos a la enfermedad, así como los días de baja de estos pacientes. Estos datos, así como el precio por unidad de cada fármaco en cada hospital, deberían de ser accesibles a la población y a todos los responsables y partidos políticos, a fin de poder analizar el porqué de las diferencias de gasto y si estas se justifican en una mejoría de años y calidad de vida de nuestros pacientes. El plan nacional elaborado en mayo del año pasado exigía la creación de un sistema de información que recogiese parte de estos datos (no todos). Dicha base de datos no está, a día de hoy, accesible al publico.

Estas decisiones de gasto se han tomado en casi todas las ocasiones bajo fuertes presiones mediáticas y políticas, en el entorno de dos contiendas electorales, por parte de gestores y altos cargos de libre designación y sin las herramientas necesarias para poder evaluar correctamente los resultados. Además, el grado de desafección de los profesionales hacia el sistema es tan alto y su carrera profesional tan desincentivada por la libre designación, que difícilmente se puede esperar de ellos que arrostren más riesgos de los imprescindibles para la correcta atención a sus pacientes. Conclusión: la tormenta perfecta. 

En estas circunstancias, lo normal es tomar medidas ineficientes, como así ha sido a la vista de los datos publicados. Algunos han optado por ceder a las presiones y dar manga ancha sin valorar las consecuencias desastrosas para el déficit. Otros han tomado el camino contrario y pueden haber restringido en exceso el tratamiento, perjudicando las posibilidades de muchos pacientes. Algunos comprarán la medicación a más bajo precio que otros, mientras que, probablemente, alguno gastará más en farmacia a cambio de ciertas compensaciones. En resumen: simplemente no lo sabemos. La broma nos va a costar centenares de millones de euros sin que hayamos sido capaces de aprender la lección.

La inacción nos está costando centenares de millones de euros y, lo que es peor, el aumento de las desigualdades en nuestro sistema

Cuando Ciudadanos se ha volcado durante toda la campaña, y durante la negociación del pacto, en subrayar la necesidad de contar con portales de transparencia en cada hospital y en cada servicio que permitiesen saber cuáles son sus resultados en salud, su gasto capítulo por capítulo, sus índices de morbilidad y mortalidad en las patologías más frecuentes y también la calidad percibida por los pacientes atendidos en ellos, era por algo. Ciudadanos ha insistido en la necesidad de hacer compras agregadas y centralizadas de los medicamentos de alto impacto que minimicen los costes y eviten la disparidad de precios y sus posibles derivadas corruptas.

Ciudadanos aboga por la eliminación de la libre designación, de tal manera que los decisores sanitarios no se vean sometidos ni condicionados por la influencia de las circunstancias políticas inmediatas. Ciudadanos aboga por una política de fijación de precios basada en el valor y los años y calidad de vida ganados por el tratamiento, sustentada en informes de impacto realizados por profesionales rigurosos e independientes de las presiones políticas y de la industria. Ciudadanos aboga por la separación progresiva de la industria de la formación continuada de nuestros profesionales, sustituyendo su financiación privada por financiación publica que elimine los conflictos de competencias.

Ciudadanos quiere una sanidad pública, eficiente y de calidad, IGUAL PARA TODOS. El modelo actual ofrece diferencias del 300% imposibles de explicar tan solo por la variabilidad clínica. No podemos continuar así. No podemos continuar esperando. La inacción nos está costando centenares de millones de euros y, lo que es peor, el aumento de las desigualdades en nuestro sistema. Ni la sanidad española ni nuestros ciudadanos pueden seguir esperando a que Mariano despierte de su letargo. Este país necesita un Gobierno reformista y lo necesita ya.

*Francisco Igea Arisqueta. Portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.