Las pensiones son –también para los autónomos– el gran reto de la legislatura

Más de 3.200.000 autónomos observamos atónitos el desarrollo de los acontecimientos en estos últimos meses de continua campaña electoral. Es cierto que los partidos políticos aseguran que los trabajadores por cuenta propia son una de sus prioridades, pero más bien se trata de una catarata de promesas cuyo cumplimiento no tiene un compromiso firme por su parte.

Incluso, por primera vez en democracia, hemos sido protagonistas de un debate entre candidatos, que afanados en agradar a sus futuros votantes han pedido un esfuerzo extra a sus equipos de comunicación, no en vano estaban en juego millones de votos de los autónomos y sus familias.

Lo cierto es que lo tenían muy fácil, ya que nuestra organización, al igual que otras representativas del sector, ha desarrollado iniciativas y trasladado documentos serios, con su memoria económica correspondiente.

Una reciente encuesta realizada por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) situaba como primera preocupación del colectivo autónomo la viabilidad del sistema nacional de pensiones.

Si la sostenibilidad del sistema es uno de los retos más peliagudos de la próxima legislatura, los autónomos debieran ser otra de las prioridades del futuro Gobierno. Y ambas -pensiones y autónomos- tienen mucho que ver, más de lo que los políticos actuales creen.

Por regímenes, la afiliación media en los 12 meses anteriores se ha incrementado el 2,92% para el total del sistema, un 3,38% para el Régimen General y un 0,89% para el de autónomos. Sin embargo, si comparamos los datos anuales a mes de mayo, la caída en recaudación es de un 12,28%, unos 5.400 millones menos de los presupuestados inicialmente por la administración.

En el ámbito del trabajo por cuenta ajena los factores que han influido en la menor recaudación son los bajos salarios, la temporalidad en los contratos y la parcialidad de los mismos, con el consiguiente reflejo en la recaudación.

En el ámbito propio de los autónomos nuestra preocupación está plenamente justificada, dado que el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) pierde todos los años más de 1.400 millones de euros.

Buena parte de los autónomos no pueden hacer frente a la cuota debido a que sus ingresos son inferiores al salario mínimo interprofesional

El número medio de afiliados a la Seguridad Social durante el pasado mes de junio fue de 17.760.271 para el total del sistema, de los cuales 14.482.695 son del régimen general y los restantes pertenecen a los regímenes especiales.

En el caso de los autónomos, en estos momentos tenemos 1.938.000 pensionistas que cobran una media aproximada de 629€, es decir, 1.200 millones de euros mensuales o 14.600 millones al año; frente a una media de cotizantes al RETA de 3.200.000 con una media de cotización que no sobrepasa los 300€, que suponen 900 millones de euros al mes y unos 11.000 millones anuales.

Un elemento más a considerar en este puzzle es la “economía sumergida”, formada por más de 2.000.000 de trabajadores, según cálculos oficiales. Una gran parte de ellos se ha generado por la desmesurada subida de los impuestos indirectos, sobre todo el IVA, que ha impactado negativamente en sectores como el de la rehabilitación de viviendas, las peluquerías o la atención clínica de animales de compañía.

Pero no solo por la fiscalidad, también porque buena parte de los autónomos no pueden hacer frente a la cuota debido a que sus ingresos son inferiores al salario mínimo interprofesional en la mayoría de los casos.

Nuestra propuesta a este respecto es clara y contundente, solo es necesario que un Gobierno valiente tome la decisión de cambiar esta situación e instaure el pago progresivo por tramos, según los ingresos del autónomo.

El primer tramo sería una tarifa de preautónomo, a la que se acogerían aquellos trabajadores cuyos ingresos no superaran los establecidos en el salario mínimo interprofesional, que apenas pasa de los 9.000€ anuales y que se corresponde con los llamados “mínimos exentos”. Esta tarifa permitiría trabajar dentro del sistema a miles de profesionales que hoy en día están haciéndolo en condiciones de inseguridad jurídica.

La recaudación por este concepto, con una tarifa asequible que rondara los 50€ a la que se acogieran una media de 500.000 preautónomos, sería de 25 millones de euros mensuales; o sea, 300.000 millones de euros anuales.

El segundo tramo se establecería para todos los autónomos con un límite de ingresos hasta cuatro veces superior al de la media, en este caso la recaudación sería de 80.000€ al año. Aquí se situaría el 70% de los cotizantes, aproximadamente 2.240.000 autónomos que no verían incrementada su base mínima.

Los autónomos no pedimos nada imposible, recordemos que los trabajadores por cuenta ajena ya cotizan en función de bases salariales

Serían exclusivamente unos 960.000 aquellos autónomos que se verían obligados a cotizar en base mínima justo al doble a la establecida hoy día, resultando que la recaudación se “dispararía” a 256 millones de euros, unos 3.072 millones de euros anuales.

En total, el sistema de pensiones del RETA, que anualmente gasta unos 14.628 millones de euros, recaudaría unos 14.550 millones de euros, lo que significaría que nuestro sistema seria prácticamente autofinanciable; no deficitario como sucede a día de hoy.

Resulta a todas luces injusto que la exigencia de cotización en base mínima sea igual para un autónomo cuyos ingresos no superan los 12.000€ que para uno que tiene ingresos anuales de 120.000€. Ese es el escenario actual.

Los autónomos no estamos pidiendo nada imposible de ejecutar, recordemos que los trabajadores por cuenta ajena ya cotizan en función de bases salariales, y en aplicación de su convenio colectivo; con criterios más justos y progresivos que la cotización al RETA.

Creemos que ha llegado el momento de dejar a un lado los intereses partidistas, no podemos continuar en una situación enquistada en la que los actores principales no son capaces de aproximar posturas ni de gobernar con una política de pactos que permita mejorar la legislación que se aplica a los administrados, una situación inadmisible en un Estado de derecho.

Eduardo Abad Sabarís es secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).