Colombia, los colombianos, hablaron el pasado 3 de octubre. Partidismos, luchas de poder y afanes de protagonismo a un lado, lo que se dirimió entonces no fue votar sí o no a la paz, fue votar sí o no a un acuerdo de 297 páginas negociado entre un Gobierno, el de Juan Manuel Santos, y las FARC, una organización terrorista definida así por la Unión Europea, por Estados Unidos y por los cientos de miles de asesinatos selectivos que pesan sobre las espaldas de las eufemísticamente autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Horas después de que una sociedad polarizada entre el sí y el no acabase decantando la balanza por un escaso margen, comenzaron a oírse voces, también en España, que clamaban contra la “ignorancia” de los colombianos; un supuesto desconocimiento que a ojos de esas voces había sido promovido por los “enemigos de la paz”, por los promotores del no al acuerdo Santos-FARC. Si acusar de ignorante a quien hace uso de su legítimo derecho a pronunciarse deslegitima a quien acusa, presentar como “enemigo de la paz” a quien busca apartar de la vida pública a criminales orgullosos de serlo es, cuanto menos, impreciso y deshonesto.

Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Colombia y las FARC son extensos, pero hay puntos capitales que deben ser tenidos en cuenta con cautela. Entre ellos, la cuestión de la justicia y la participación en la vida política de terroristas que encuadran y seguirán encuadrando secuestros, asesinatos y violaciones en un contexto de lucha revolucionaria revestida de honorabilidad.

En primer lugar, los acuerdos rechazados por los colombianos en las urnas estipulan que quienes hayan cometido delitos de sangre no pisarán prisión alguna si confiesan los crímenes. Es decir, los miembros de las FARC que se presenten ante un tribunal especial y asuman que mataron, sufrirán una especie de exilio a determinadas zonas de Colombia por un periodo no superior a ocho años. En segundo lugar, lo pactado establece que el grupo terrorista tendrá asegurados cinco escaños en el Senado y en el Congreso en las elecciones de 2018 y en las de 2022. Según el acuerdo, así será aunque ni un solo colombiano vote al partido creado por las FARC.

Así las cosas, una de las personas que podría sentarse en un escaño es el cardiólogo formado en Moscú Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', máximo comandante de las FARC desde 2011 y jefe negociador de la organización terrorista. En las FARC desde los años 70 y al mando del Bloque Oriental –uno de los más poderosos– desde 1988, fue el encargado de asegurar la participación de la guerrilla en el negocio del narcotráfico. En 2014 la región del Catatumbo, donde coinciden las FARC, el ELN y el ELP, reportaba 4.175 hectáreas de coca con una producción de 42.000 toneladas, según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Tráfico de drogas aparte, y según los análisis de la firma colombiana de consultoría en riesgo político, seguridad y defensa nacional 'Decisive Point', sobre 'Timochenko' recaen más de 180 procesos judiciales, alrededor de 100 órdenes de búsqueda y captura y condenas que suman cerca de 450 años de prisión.

Una paz construida sobre la justificación del asesinato selectivo o sobre concesiones políticas y judiciales corre el riego de ser una paz débil

Una paz construida sobre la justificación del asesinato selectivo o sobre concesiones políticas y judiciales a quienes logran sentar a un Gobierno a golpe de fusil corre el riego de ser una paz débil. La paz de los cementerios. La paz que desliza un mensaje peligroso a las nuevas generaciones. Este: los peores criminales de la historia de Colombia pueden convertirse en distinguidos miembros de las más altas instituciones del país: el Congreso y el Senado. También este: las estrategias terroristas de desgaste, esas que consisten en infligir violencia permanente y continuada lo suficientemente insoportable como para que la ciudadanía se gire hacia su Gobierno y le exija que haga concesiones, funcionan.

Del mismo modo que lamentar la violencia generada y pedir disculpas no implica reconocer que esa violencia fuera injusta, dejar de asesinar no convierte al criminal en un símbolo de la paz ni en un héroe. Simplemente le devuelve a la senda de la convivencia democrática que tanto ayudó a quebrantar. En ese contexto, en aras de preservar la dignidad de las nuevas generaciones, los colombianos están plenamente capacitados para valorar si el abandono de las armas se produce desde la asunción de que el terrorismo de las FARC no está ni estuvo justificado o si, por el contrario, la decisión va acompañada de tintes justificadores y de orgullo por pertenecer a una organización criminal. Así se define hoy el propio 'Timochenko': “Continuador del legado de Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y Alfonso Cano”. Todos son miembros orgullosos de las FARC y de su historia criminal. Como 'Timochencko'.

*Juanfer F. Calderín es director del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo de COVITE.