Pensiones, empleo y reformas. Una nueva financiación para el sistema de pensiones

Hace ya más de tres años que el debate sobre el futuro de las pensiones públicas está en el frontispicio de la batalla política sin que, más allá de lo ya reformado en 2011 y 2013, se haya articulado una nueva propuesta que arbitre un futuro consensuado para esta pieza fundamental de nuestro estado de bienestar. En esta secuencias de campañas electorales del último año estamos oyendo propuestas de todo tipo al respecto, buena parte de ellas revestidas de un aura técnica que, en última instancia, disfrazan intereses espurios que siempre abundan en el baúl financiero de las pensiones.

Las pensiones públicas en España suponen ya más del 10 por ciento del PIB, correspondiendo la mayor parte a las de jubilación, aunque no son despreciables las cuantías dedicadas a la contingencia de viudedad (alrededor de 2 puntos de PIB). En los dos últimos años el recurso sistemático al Fondo de Reserva de la Seguridad, la “hucha” de las pensiones, para financiar el déficit del sistema (que puede alcanzar el próximo ejercicio 20.000 millones de euros) ha disparado todas las alarmas. Por eso, lo que se venía interpretando como una urgencia para la próxima década, los problemas de financiación del sistema cuando las generaciones del 'baby boom' cesaran en la actividad para convertirse en pasivos del sistema, ha devenido en una prioridad inminente. Lo que ahora tenemos sobre la mesa, ni más ni menos, es el hecho de que los problemas de financiación ligados a la coyuntura económica, han aparecido mucho antes de acuciaran los efectos de la demografía.

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Y es que la crisis y, particularmente, las políticas adoptadas para salir de ella, han acentuado los problemas de financiación del sistema a corto plazo. No obstante, en última instancia, detrás de ello subyacen discordancias políticas sustanciales en cuanto a cómo financiar los desajustes financieros, de uno u otro signo. Para unos (léase el gobierno en curso, autor de la reforma de 2013 y la mayoría de la Comisión de Expertos que a tal fin les asesoró) el problema se centraba en reducir los gastos, es decir, reducir la pensión media otorgada por el sistema a medida que aumentara el ratio entre pensionistas y cotizantes. La solución sobre la suficiencia de la pensión para una vida digna para el pensionista se trasladaba paulatinamente a la capacidad individual de ahorro: son los fondos privados de pensiones los que deberían complementar una menguante pensión pública, mermada por el “factor de sostenibilidad” y el “índice de revalorización”.

El problema de nuestro sistema público de pensiones, ahora y en las próximas décadas es, sobre todo, de ingresos

Otros, entre los que nos encontramos, entendemos que, en primera instancia, el problema de nuestro sistema público de pensiones, ahora y en las próximas décadas es, sobre todo, de ingresos. Y, si hay capacidad de ahorro adicional en el país, conviértase, parte de él, en colectivo y repártase como hace nuestro actual sistema público de pensiones, con todos los matices que queramos introducir.

Al fin y al cabo, el problema de la escasez de ingresos, esperada para un plazo mayor, ha aparecido de forma acelerada, drenando la “hucha”, no por un acuciante problema de envejecimiento de la población, que se manifiesta más lentamente, sino por la dinámica de un mercado de trabajo, que a pesar de la moderada recuperación económica no genera ingresos adicionales para el sistema de la Seguridad Social. ¿Por qué? El diagnóstico es sencillo. Tenemos más personas empleadas, sí, pero no sustancialmente más horas de trabajo. Además las horas trabajadas están, en media peor remuneradas, ya que el empleo que se crea es de baja cualificación y, por tanto, con menores niveles salariales que los previamente existentes.

En perspectiva temporal, tendemos a olvidar que España, pese a la recuperación iniciada en el año 2014, tiene hoy casi 1,8 millones menos de asalariados que cuando se inició la crisis a mediados del 2007, más del doble de parados y una deuda pública que del 33% del PIB ha pasado a más del 100%. Mientras tanto, el salario medio por hora ha crecido un escaso 3 por ciento, en términos reales, desde los niveles previos a la crisis (mediados del 2007) frente a un ascenso de la productividad del trabajo del 12 por ciento. Con estas cifras la “hucha” que hasta el año 2011 crecía, tiene hoy los días contados.

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Esto es grave porque, más allá de la coyuntura inmediata, esta situación tiende a perpetuarse. El avance de la economía del conocimiento va reduciendo el espacio del trabajo físico o manual y repetitivo, particularmente en el ámbito industrial, lo que agudiza los problemas de empleo en las sociedades avanzadas. Tan solo los empleos de más baja calidad y peores salarios, fundamentalmente en los servicios, permiten mantener un cierto equilibrio entre oferta y demanda de trabajo pero con un coste social en ascenso en términos de desigualdades económicas, de exclusión social y de pobreza laboral.

La financiación de las pensiones, requiere por tanto en primera instancia de más y mejores salarios. En las condiciones actuales, con las tendencias registradas en la evolución de las bases de cotización del sistema y el gasto en pensiones, para equilibrar financieramente el sistema habría que tener 3,1 millones de afiliados más que los que hoy tenemos. Y es que a menudo pasamos por alto, probablemente porque nos guiamos por frases hechas y repetitivas, algunas cuestiones esenciales que afectan a uno de los elementos fundamentales del empleo que se está creando: su calidad y su retribución.

Destruir empleo de calidad, con elevados salarios, reducir buenos contribuyentes para el sistema financiador de las pensiones públicas, ¿a cambio de qué? Pues como viene ocurriendo en estos años de incipiente recuperación, a cambio de ladrillo y hostelería (que está sufriendo por cierto un enorme deterioro en sus condiciones laborales) para turismo de sol y playa, nuestras singularidades productivas.

Se ha destruido empleo de calidad, con elevados salarios, ¿a cambio de qué? Como viene ocurriendo en estos años, a cambio de ladrillo y hostelería

Para los que, como el Gobierno, se limitan a indicar que nuestros problemas se resuelven con empleo, hay que decirle que sí, por supuesto. Pero merece la pena que hagan bien los números. Si la afiliación creciera a razón de 500.000 nuevos afiliados al año el déficit permanecería estable en el entorno de 20.000 millones anuales. Para alcanzar el equilibrio, los afiliados deberían crecer en alrededor de 700.000 afiliados más al año durante un periodo consecutivo de 12 años.

Como creemos que estas cifran dan una idea razonable de la extensión del problema, y la insuficiencia a corto y medio plazo de las recetas basadas en exclusiva en la mejora del empleo como forma de reequilibrio del sistema, es mejor empezar a trabajar de verdad.

Una subida sostenida de alrededor del 4% anual en el Salario Mínimo Interprofesional durante el próximo lustro podría aportar ingresos adicionales

Hay medidas que pueden llevarse a cabo sin elevar cotizaciones o establecer nuevas figuras tributarias finalistas o complementarias. Si la política de estímulos al empleo (a través de tarifas planas y otros instrumentos, por otra parte muy cuestionables desde la perspectiva de su eficiencia) fuera financiada por el presupuesto del Estado, o directamente suprimidas, podrían incrementarse los ingresos en alrededor de 3.000 millones de euros anuales. Además, una subida sostenida de alrededor del 4% anual en el Salario Mínimo Interprofesional durante el próximo lustro podría aportar ingresos adicionales de alrededor de 1000 millones al año y aportaría a nuestro mercado de trabajo dosis de igualdad salarial imprescindibles tras el intenso aumento de la desigualdad y la pobreza laboral en estos años de crisis. La supresión de los topes máximos de cotización hoy vigentes incrementaría los ingresos a corto plazo en no menos de 4.000 millones de euros, aunque es verdad que los gastos en pensiones también crecerían a plazo dado que habría que subir en una medida similar los topes máximos de pensión habría una ganancia transitoria de tesorería durante el periodo de ajuste.

Por supuesto, la implantación de estas medidas no evitaría la necesidad de nuevos ingresos pero reduciría la intensidad del incremento complementario de las nuevas fuentes tributarias. Si todo el peso de los nuevos ingresos recayera sobre una figura que, de modo similar al establecido en Francia, incrementara la contribución al sistema a través del IRPF y el Impuesto de Sociedades la recaudación actual debería crecer en algo más del 20%. Se trata de una cuantía no precisamente pequeña.

Algo parecido ocurriría si el impuesto a recargar fuera el IVA. Por ello, no se debería descartar una salida transitoria basada en un paquete de medidas mixto

Algo parecido ocurriría si el impuesto a recargar fuera el IVA. De ahí que no deba descartarse una salida transitoria consistente en un paquete de medidas mixto que incluyera también, junto a la nueva figura tributaria, un incremento en las cotizaciones sociales a cargo de trabajadores y empresarios. No es desde luego la mejor opción, pero los tipos de cotización españoles permanecen hoy en un nivel inferior al vigente a lo largo del último tercio de siglo y, dada la reducción de costes laborales llevada a cabo con la devaluación salarial, permitiría un margen de actuación complementario. Un punto de cotización adicional supone hoy alrededor de 3.000 millones de nuevos ingresos.

Más vale que centremos el debate en estos ámbitos. Porque si pensamos que esto se arregla reformando la pensión de viudedad, trasladándola a las Comunidades Autónomas, eliminando su carácter contributivo, que es el que hoy tiene, entonces no solo estaremos equivocando la receta sino alterando de forma sustancial una de las bases fundamentales de nuestro sistema de pensiones. Dejemos que un renovado Pacto de Toledo atienda a estas otras cuestiones con sosiego, en tanto que se pone de inmediato en marcha lo que urge, nuevas fuentes de ingresos.