La magia de las Adas

Hay días en este oficio parlamentario que llegan a sorprenderte. Es difícil porque, pasado un año ya de parlamentario, con unos cuantos plenos y comisiones a las espaldas y con unos centenares de reuniones sectoriales, todo empieza a sonarte ya a conocido. Sin embargo, he de reconocer que el otro día, sentado en nuestra sala de la quinta planta junto a dos representantes de la policía municipal y de los bomberos de Barcelona, el relato que me hicieron de las peculiaridades del ayuntamiento de la ciudad condal consiguió que las pestañas se me colocasen detrás de las cejas.

Les resumo: las empresas públicas y privadas, las entidades oficiales y los ayuntamientos… TODOS estamos obligados a cumplir con las leyes y convenios nacionales e internacionales de los que España es signatario. En el caso que nos ocupa, la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

El Ayuntamiento de Barcelona simplemente procede a jubilar a las personas con discapacidad con el 55%, negándoles el derecho a continuar trabajando

Esta convención promueve y protege los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos el derecho al trabajo. Pues bien, ocurre que mientras otras empresas valoran la discapacidad sobrevenida de sus trabajadores y les procuran una segunda actividad adaptada a sus capacidades, el Ayuntamiento de Barcelona simplemente procede a jubilarles con el 55%, negándoles el derecho a continuar trabajando. Así trata el ayuntamiento a sus policías locales que han sufrido lesiones en el curso de sus servicios de protección al ciudadano.

Por este motivo, Ada Colau se ha ganado, ya en dos ocasiones, la reprimenda oficial del comité español de personas con discapacidad, más conocido como Cermi. En la última ocasión, el propio presidente del Cermi, Luis Cayo, les instaba, y cito textualmente: a “cesar toda práctica administrativa que suponga vulneración de derechos”, afirmando también que dicha situación “se trata de una DISCRIMINACIÓN, DELIBERADA Y PERMANENTE, por razón de discapacidad”. Ahí es nada. El ayuntamiento ni siquiera cumple con los cupos obligatorios de reservas de plaza para personas con discapacidad, arguyendo que contrata empresas que sí los cumplen. Naturalmente, este hecho no excluye su deber para con la plantilla propia. Hartos de esta situación, los policías locales han reclamado directamente a Naciones Unidas en Ginebra, quienes han aceptado inmediatamente estudiar su caso.

¿Se imaginan? ¿Pueden ustedes pensar qué ocurriría si un ayuntamiento gobernado por Ciudadanos incumpliera las leyes y convenios nacionales e internacionales sobre discapacidad? ¿Un ayuntamiento denunciado en Naciones Unidas? La que se organizaría. Pues aquí es donde entra la inmunidad habitual de la izquierda. La magia. Esa magia que otorga la superioridad moral de modo automático a los partidos de izquierda radical, permitiendo que cometan este tipo de tropelías sin sufrir desgaste alguno en la calle ni en los medios.

Afortunadamente, para ellos y para nosotros, no tenemos una Ada que les someta a un escrache diario, ni un Pablo que les rodee el ayuntamiento, ni una Rita que se despelote en el salón de plenos. Afortunadamente, nosotros solo utilizamos la fuerza de la razón. Nuestra única varita mágica es la fuerza de la ley. Por esta razón, presentaremos la semana próxima en el congreso una iniciativa que permita sancionar económicamente y con agilidad a aquellos ayuntamientos e instituciones públicas que no respeten el derecho al trabajo de las personas con discapacidad.

Nosotros no creemos en la magia de las Adas, creemos en el valor del trabajo y de la ley.

*Francisco Igea Arisqueta es diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.