Bailando con 'lobbies'

Hay que inculcar desde el ejercicio más profundo de esta profesión la necesidad de dotar de transparencia y ética en su grado más extremo a la representación de intereses

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La regulación del 'lobby', de la representación de intereses ante el legislador, es una de las asignaturas pendientes de la democracia española. En los últimos años, hemos asistido a diferentes intentos por normalizar una materia que siempre ha sido percibida por parte de la ciudadanía como una actividad rodeada de oscurantismo, opacidad y falta de transparencia. Es el 'lobby' malo. El que no conoce de argumentos ni ideas. El que solo sabe de malas prácticas.

Esta percepción negativa es la representación directa de aquello que desde MAS Consulting denominamos el 'lobby' de trabuco. Una técnica, hoy en día denostada, pero que durante decenios se ha caracterizado en resolver —muchas veces crear— problemas de calado para las empresas, los particulares y en general la política del país. Estas comidas o cenas siempre estaban basadas en la relación directa a través de un tercero, normalmente cercano a aquella persona que tiene la capacidad de influir directamente en la cuenta de resultados de una empresa, de un sector, o de la sociedad.

Esta práctica, no escondamos la cabeza bajo el suelo, protagonizó muchos años de nuestra vida política, en que la agenda de contactos era más importante que los argumentos esgrimidos a la hora de la defensa legítima de los intereses de terceros.

Pero no basta con hacer una denuncia de este tipo de prácticas, ni siquiera de renunciar expresamente a ellas a través de las redes sociales, hay que inculcar desde el ejercicio más profundo de esta profesión la necesidad de dotar de transparencia y ética en su grado más extremo la representación de intereses.

Se trata de sustituir el 'lobby' de trabuco por el 'lobby' de la razón, basado en la aplicación última de las ciencias sociales a la hora de afrontar un cambio legislativo en un sector o por el contrario crear 'ex novo' un marco legal y que tenga un firme compromiso entre la sociedad, el legislador y la empresa. Solo uniendo estos tres vértices tendrá sentido el 'lobby' democrático, transparente y accesible a todos en el siglo XXI: el 'lobby' bueno, el 'lobby' que queremos todos.

Tratando de conseguir este efecto, el pasado 21 de febrero, Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados su proyecto de ley para regular esta práctica. En un primer análisis, podríamos afirmar que el hecho de incluirlo en la Ley Integral Contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes no contribuirá a mejorar la percepción negativa que pesa sobre esta profesión, al ahondar en la identificación del 'lobby' con el cáncer que asola nuestra vida pública.

Pese a que su inclusión en este cuerpo legislativo es cuando menos cuestionable, también es cierto que es un intento loable de poner fin al vacío legal en el que estamos sumidos. Seguramente esta vinculación jurídica no es el mejor de los aliados, pero es un inicio, y algo siempre es mejor que la nada más absoluta en la que estamos sumidos.

Por su parte, la semana pasada, el Grupo Parlamentario Popular presentó una iniciativa que es quizá más acertada formalmente a la hora de afrontar esta cuestión. En primer lugar, por su vinculación a las medidas en torno a la transparencia. Es una ley en positivo y no en negativo. En segundo lugar, centra su objetivo en regular los grupos de interés precisamente en el Reglamento del Congreso, identificando a las empresas, las asociaciones, las ONG, las organizaciones comerciales y profesionales, los sindicatos, 'think tanks', etc., como los legitimados para establecer un diálogo con el decisor en la búsqueda de la mejor ley a aplicar en cada sector.

Registro Público, Código de Conducta, órganos encargados de la supervisión del Registro, son las bases de esta propuesta que comparte muy buena música con otras legislaciones europeas, que han visto en la normalización de esta actividad una oportunidad de mejorar la ley, de adoptar otros puntos de vista en la confección de los reglamentos y por último olvidar la unidireccionalidad de la acción legislativa para abrazar la economía colaborativa parlamentaria.

Suena muy bien la música y ahora es el momento de encajar la letra para construir un sistema en el que contribuyamos a democratizar la toma de decisiones en el Estado, en aras de un objetivo común: la regulación inteligente y útil a la sociedad.

Los ejes de las iniciativas presentadas por Ciudadanos y el Partido Popular contienen las orientaciones fundamentales del Informe Greco en relación a la actividad de los diputados, y comparten también medidas que van a contribuir sin duda a racionalizar la relación entre diputados y lobistas. Obtendremos al fin un marco legal, estable y al que podamos aferrarnos las personas y empresas que consideramos que del diálogo con el legislador y la Administración saldrán mejores leyes.

Legalidad, estabilidad y seguridad están recogidas en las dos propuestas sobre la Mesa del Congreso

Conseguiremos olvidarnos de la existencia de un 'lobby' bueno y un 'lobby' malo en función del sector al que representemos. De la eliminación de esta dualidad surgirá un único 'lobby': el 'lobby' legal, que englobaría el realizado por las ONG y las multinacionales, por las empresas y la sociedad civil, y en el que el legislador también pudiera sentirse cómodo y respaldado a la hora de reunirse con ellos.

En definitiva, cualquier intento de poner negro sobre blanco las claves de esta relación entre el segundo poder del Estado y la sociedad contribuirán a solventar este vacío. Legalidad, estabilidad y seguridad están recogidas en las dos propuestas que están encima de la Mesa del Congreso. Tengamos claro que del conocimiento de un sector saldrán mejores leyes y que de la empatía entre sectores y legisladores saldrá la comprensión necesaria para regular con más y mejor eficacia nuestro sector, desterrando de una vez para siempre el 'lobby' de trabuco y abrazando el 'lobby' de la razón.

*Diego Crescente es socio de MAS Consulting Group, firma especializada en asuntos públicos y relaciones gubernamentales.

Tribuna

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