Hace unos días recibí, por fin, y por supuesto fuera de plazo, la contestación del Gobierno a mis preguntas sobre los "papeles de Panamá". Esencialmente preguntaba qué habían hecho la Agencia Tributaria y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo (SEPBLAC) con la información de los papeles. La respuesta es que el SEPBLAC ha hecho unos cuantos informes, como unidad de inteligencia financiera, y que la Agencia Tributaria se ha limitado a realizar un requerimiento de información al propio SEPBLAC.

Ya sabía que, como había informado El Confidencial, muchas de las sociedades offshore controladas por españoles, se habían acogido a la amnistía fiscal del PP. Por otra parte, es de sobra conocida la resistencia del Gobierno a cumplir el acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos que obligaba a que los acogidos a la amnistía fiscal pagasen un tipo efectivo del 10% y no el ridículo 3% que pagaron. Sin embargo, lo que no esperaba, es que ante la mayor fuga de información fiscal de la historia, toda la reacción de la Agencia Tributaria se limitase a realizar un requerimiento de información al SEPBLAC.

La respuesta del Gobierno me ha dejado tan preocupado que voy a volver a preguntar, con la esperanza, muy probablemente ilusoria, de que se trate de un error. Tanto las investigaciones del SEPBLAC como las de la Agencia Tributaria son confidenciales. Por esa razón, comprendo la resistencia a aportar datos concretos. Aún así, cuando las actuaciones están judicializadas, y salvo que se trate de asuntos sometidos a secreto de sumario, todas las partes personadas pueden acceder a la información contenida en los sumarios, y por supuesto los juicios son públicos. De todas formas, pese a que sobre esta cuestión no se responde, el SEPBLAC sí parece haber hecho unos cuantos informes porque el riesgo de blanqueo en todo esto es evidente.

Recordemos que el blanqueo de capitales consiste en esconder, mantener o reintroducir en el circuito legal, bienes o dinero procedentes de una actividad delictiva previa. En el caso de las sociedades y fundaciones objeto de los papeles de Panamá esto parecía un riesgo evidente. Ahora, por lo menos en el caso de las sociedades controladas o vinculadas con españoles, ya tenemos claro que no sólo es una sospecha: el SEPBLAC ha emitido nada menos que 29 informes sobre esta cuestión.

El triángulo de Panamá es la relación entre la corrupción, la amnistía fiscal y los papeles de Panamá

Uno de los informes se hizo a requerimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Hay que recordar que, respecto de estas diligencias, la Fiscalía anticorrupción reclamó la competencia en su momento por considerar que había relación con casos de corrupción que estaba investigando. La Fiscalía anti-corrupción consideró que había conexiones con la trama Gürtel, el caso Rato, la Trama Púnica del ex secretario general del PP de Madrid, Granados, el caso Pujol o el ático de Ignacio González entre otros. En muchos de estos casos, varios de los implicados se acogieron a la amnistía fiscal, directamente, o a través de sociedades interpuestas como en el caso Bárcenas. Es lo que en su momento denominé el triángulo de Panamá, la relación entre la corrupción, la amnistía fiscal y los papeles de Panamá.

Sin embargo, hay un riesgo mucho más evidente para cualquiera en el caso de los papeles de Panamá: los que canalizan los pagos a través de un sofisticado sistema de sociedades offshore habitualmente no quieren pagar los impuestos que les corresponden donde han ganado el dinero. Que cuando al Gobierno se le haga una batería de preguntas específicamente sobre esto, y solo aparezca que ha solicitado informe sobre 209 sociedades al SEPBLAC es muy preocupante. No es aceptable que no se investigue el fraude fiscal más grave y sofisticado cuando aparecen indicios y pruebas como las publicadas en el caso de los papeles de Panamá.

Sobre la gestión de la Agencia Tributaria, el Gobierno no responde, ni si quiera se acoge al artículo 95 de la Ley General Tributaria, que señala que la información concreta de expedientes fiscales, no la estadística, es confidencial. Claro que para poderse acoger a la confidencialidad de la gestión tributaria, es imprescindible haber hecho alguna gestión. Parece que la larga sombra de la amnistía fiscal también ha impedido que se realicen inspecciones en la trama de la evasión desvelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y en España por El Confidencial y La Sexta. O si se han realizado las inspecciones, el Gobierno no lo quiere decir.

No deja de ser irónico que el PP criticase la gestión que la Agencia Tributaria con el PSOE en el gobierno, hizo con la Lista Falciani

No deja de ser irónico que el PP criticase, con razón, la gestión que la Agencia Tributaria con el PSOE en el gobierno, hizo con la Lista Falciani, en la que se hicieron requerimientos y no se abrieron inspecciones, y que ahora no parezca haber hecho nada con la información derivada de los papeles de Panamá, o por lo menos eso es lo que se desprende de la contestación del Gobierno. Que todo esto llegue después de que la Sala 2ª del Tribunal Supremo, por unanimidad de cinco magistrados, haya reconocido la validez como prueba de cargo de la lista Falciani, no deja de ser una nueva ironía de la vida.

En fin, para concluir el Gobierno no informa si tiene intención de volver a incluir, como hizo Francia, a Panamá en la lista de Paraísos Fiscales. Hay que recordar que fue el gobierno del PSOE el que sacó a Panamá de la lista de paraísos, sin que el gobierno del PP haya hecho nada por cambiar la situación. Sin embargo, nada menos que en 128 casos hubo comunicaciones de riesgo de blanqueo en los últimos años en los que Panamá era relevante. Estas comunicaciones sólo se hacen cuando no interviene un paraíso fiscal, de los que quedan en la lista, cuando hay una sospecha grave de blanqueo.

En esas condiciones, y aunque sólo fuese por el riesgo de blanqueo, el Gobierno debería cumplir el punto 9 del acuerdo de investidura con Ciudadanos, y revisar la lista de paraísos fiscales para incluir aquellos territorios que no cooperan de forma efectiva con España en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales. Eso, al igual que aprovechar la información de los papeles de Panamá para lucha contra el fraude fiscal, se debió haber hecho hace tiempo, pero más vale tarde que nunca. Hoy, después de esta respuesta quedan más cuestiones pendientes, y más trabajo por hacer.

* Francisco de la Torre Díaz es Diputado y portavoz de Hacienda de Ciudadanos. Inspector de Hacienda (SE).