¿Público o privado?

Es la eterna disyuntiva que satura el debate de la izquierda desde que se plantearon las alternativas de un entendimiento de lo público que no siempre se corresponde con la realidad. Son derivaciones ideológicas del siglo XIX, fogueadas en el siglo XX. Lo de hoy es un modo de entender las cosas de raíz pragmática: ¿qué gestión beneficia más al ciudadano que paga sus impuestos, la pública o la privada? Si se mide con la óptica de la eficiencia, escasamente se priorizará lo público. Si se contempla desde la perspectiva de la efectividad, nadie osará primar el sistema público y será sin duda desbordado por la evidencia de lo privado. Esa es la razón por la que la estatalización de la economía o de la gestión de organismos ha fracasado, con independencia de la titularidad.

La síntesis demuestra, en el supuesto de la salud pública, que es el procedimiento idóneo para maximizar recursos y mejorar la asistencia de los ciudadanos. La colaboración de ambos sistemas (propiedad pública, gestión privada) ha dado lugar en la Comunitat Valenciana al “modelo Alzira”, que ha reducido de forma extraordinaria los costes, según reconoce la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana. Según la Sindicatura (2009-2015), ateniéndose al Departamento de Salud de Manises, se había generado un ahorro en gasto corriente sanitario público del 25% frente a hospitales comarcales de gestión pública o directa ¿Es baladí un ahorro de 42,5 millones de euros anuales en este caso?

Las esperas son motivo de reclamo por parte de los usuarios y por aquellos que defienden la excelencia, sin reparar en la gestión pública o privada

Otro dato de la eficiencia lo aplicamos al coste por habitante de los centros de gestión público-privada. La resultante cae por su propio peso en desfavor del modelo público de gestión directa. El gasto público por habitante en el departamento de La Ribera fue de 841 euros; en Denia de 718 euros; en Torrevieja, 634 euros, frente a una media de 894 euros en los hospitales de gestión pública; lo que viene a demostrar es la bondad de los criterios de gestión privada, dada la aplicación del concepto de recursos y eficiencia. Si nos atenemos a las listas de espera, un caballo de batalla de todas las Administraciones Públicas, con datos de la Sindicatura valenciana, en 2016 la espera quirúrgica estructural resultó de 125 días de media, frente a 46 en el hospital de La Ribera, en 33 en el de Torrevieja, o en 53 en el de Denia. Dichas esperas son motivo habitual de reclamo por parte de los usuarios y por aquellos que defienden la excelencia, sin reparar en la gestión pública o privada; lo cual disminuye el valor de la acusación genérica.

La Conselleria de Sanitat Universal valenciana reconoce que las concesiones sanitarias gestionadas por Ribera Salud en 2016 obtuvieron dos meses menos de demora quirúrgica sobre la media de los hospitales públicos de la Comunidad. ¿Tendría sentido menospreciar estos datos tan concluyentes, si nos atenemos a la eficiencia en la gestión de los recursos públicos aportados por los contribuyentes? No creo que nadie prefiera un mayor gravamen fiscal a cambio de una menor eficacia de los recursos públicos. En consecuencia, no cabe el debate ideológico, sino el práctico en función de satisfacer las exigencias, y derechos, de los ciudadanos y de reducir los costes fiscales que no dejan de crecer.

Manuel Milián Mestre es periodista y consultor de empresas.