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1-O. Por qué hemos llegado hasta aquí

Si consideran que la Cataluña del año 2017 renunciará a su aspiración cívica y pacífica de decidir libremente su futuro, es que ignoran el ADN de la sociedad catalana

placeholder Foto: 'Estelada' y bandera del 'sí' en Barcelona. (Reuters)
'Estelada' y bandera del 'sí' en Barcelona. (Reuters)

La sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 en contra del Estatut de 2006 es, sin duda, donde encontramos la mayor de las usurpaciones a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. Razón por la cual, en el año 2015 fue posible un mandato democrático nacido en las urnas para engendrar una nueva legalidad apelando al derecho inalienable de autodeterminación.

De hecho, la creación de nuevas legalidades ha sido una constante en el progreso de la humanidad. Solamente hace falta remitirnos a la misma declaración de independencia de los Estados Unidos, que rompió con la legalidad británica y llevó a la creación del primer estado democrático de la historia.

También podemos recordar lo ocurrido en 1905 en Noruega, cuando su parlamento creó igualmente una nueva legalidad frente a la monarquía sueca. O cómo y de qué manera la experiencia de los noruegos influyó en el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson, incorporando el principio de autodeterminación de los pueblos en su famoso discurso de los 14 Puntos, dirigido al Congreso norteamericano en enero de 1918. No cabe ninguna duda de que el presidente de los Estados Unidos pensaba en el caso de Irlanda.

placeholder Participantes en el acto 'Madrid abraza a Cataluña'. (EFE)
Participantes en el acto 'Madrid abraza a Cataluña'. (EFE)

Sin el precedente irlandés no se entendería tampoco el caso escocés. A diferencia de lo ocurrido en Cataluña, donde a pesar de haber alcanzado el 48% de los sufragios en las elecciones del 27S los independentistas toparon con la negativa del PP de negociar un referéndum, los escoceses se pudieron ahorrar el hecho de verse arrojados a la vía de la unilateralidad gracias al acuerdo entre Alex Salmond y David Cameron.

De hecho, Londres no quería repetir los graves errores seculares cometidos por ingleses e irlandeses. Londres sí supo aprender de la historia porque es conocedora de que la unidad de Gran Bretaña debe fundamentarse en el consentimiento de la ciudadanía y no en la fuerza de la ley.

El caso español está, evidentemente, en las antípodas de todos estos precedentes históricos, y de aquí el momento actual. Ojalá desde Cataluña hubiéramos podido seguir la senda escocesa. Desgraciadamente los magistrados del Tribunal Constitucional, a las órdenes del PP o del PSOE, corrompiendo la misma institución y sabiendo que estaban prevaricando, culminaron un grave atentado a la misma Constitución española.

La mayoría del pueblo catalán no se había resignado a la castración química de la autonomía, lo cual explica la grandes movilizaciones

El propio catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo calificó de golpe de estado lo ocurrido con la sentencia de 2010, puesto que, si los magistrados encontraban anticonstitucionales algunos de los artículos del 'Estatut', hubieran tenido que ordenar la repetición de todo el procedimiento (tal como reza el artículo constitucional) culminándose un nuevo texto para ser refrendado por la ciudadanía.

Las consecuencias de tal prevaricación, estimulada o consentida por el PP, significó la anulación del consentimiento que la ciudadanía catalana había otorgado a la Constitución española en 1978. Queda patente todo ello en los resultados electorales: en el año 2008 los partidos constitucionalistas alcanzaban en Cataluña el 90% de los sufragios; en el año 2016, solo el 40%.

En definitiva, la mayoría del pueblo catalán no se había resignado a la castración química de la autonomía, lo cual explica la grandes movilizaciones de la ciudadanía ante la incomprensión del gobierno español, que dio portazo a todas la iniciativas surgidas desde Cataluña: desde la suspensión de la ley de consultas hasta el rechazo a la proposición de ley del Parlament de Cataluña en que se solicitaba capacidad para convocar el referéndum, pasando por la negativa a negociar un pacto fiscal.

Foto: Manifestación en la plaza Cibeles (Madrid). (Reuters)

Resulta cínico que desde Madrid alguien pueda preguntarse con asombro el porqué de la voluntad catalana de crear una nueva legalidad. Todo ello agravado no solo por la incapacidad de diálogo de la Administración española sino, todo lo contrario, optando por una respuesta autoritaria a las legítimas demandas catalanas, criminalizando los resultados del 27 de septiembre de 2015 y convirtiendo el Tribunal Constitucional en su particular juzgado de guardia. Y provocando, de este modo, ataques bochornosos contra libertades y principios democráticos, llevando a los tribunales a la presidenta del Parlament y a buena parte de su Mesa por amparar la libertad de expresión de los parlamentarios e, incluso, imputando a centenares de alcaldes por el simple hecho de haber permitido que los plenos municipales ratificaran los acuerdos parlamentarios.

Hipócrita, asimismo, la actuación de la oposición en el Parlament de Cataluña por quejarse de cómo la cámara catalana ha aprobado las leyes de desconexión sin preguntarse por qué razón estas leyes han tenido que nacer con fórceps. Si actuaran honestamente, del mismo modo que critican este hecho deberían reconocer que durante dos años se negaron a participar en las ponencias y comisiones que pretendían trabajar desde el momento cero estas mismas leyes a partir del concurso de todos los grupos parlamentarios. Es más: nunca se podrá olvidar cómo los tres grupos parlamentarios y sus líderes (Arrimadas, Iceta y Albiol) se fotografiaron juntos ante el Tribunal Constitucional, mostrando orgullosos su unidad de acción en contra del legítimo proceso catalán.

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece en el pleno del Congreso de los Diputados. (EFE)

La deriva represiva ya se desencadenó como un tsunami, convirtiendo a la Fiscalía en un rededo de la brigada político-social del franquismo. Es decir, la brigada político-fiscal con el señor José Manuel Maza como comisario. Además, se ha retorcido la ley porque la convocatoria de referéndums ya no es delito desde la derogación de los artículos 506 bis y 521 del Código Penal. Y al mismo tiempo, la Fiscalía usurpó funciones de los jueces de instrucción, creando una verdadera barra libre para que las fuerzas de seguridad protagonizaran registros en imprentas y periódicos y toda clase de vulneraciones de los derechos civiles.

Al mismo tiempo, con una simple orden ministerial, el Gobierno español ha anulado la autonomía financiera de la Generalitat, saltándose la Constitución y el 'Estatut' y congelando las cuentas bancarias amparándose en normas pensadas para los narcotraficantes.

La culminación de todo ello, a día de hoy, fue la detención de 14 personas el pasado 20 de septiembre, lo que confirmó lo que ya habíamos advertido ante el presidente Mariano Rajoy en la sesión de investidura cuando denunciábamos su respuesta autoritaria: volverían los presos políticos en el reino de España.

placeholder Una mujer muestra una papeleta del referéndum del 1-O en un colegio de Barcelona donde se están haciendo actividades para mantenerlo abierto. (EFE)
Una mujer muestra una papeleta del referéndum del 1-O en un colegio de Barcelona donde se están haciendo actividades para mantenerlo abierto. (EFE)

Si consideran que la Cataluña del año 2017, ante el asedio policial, ante la violencia que se ejerce contra la voluntad de acudir a las urnas, renunciará a su aspiración cívica y pacífica de decidir libremente su futuro, es que ignoran el ADN de la sociedad catalana.

Quizás la actuación del PP le produzca réditos electorales en el Estado español, pero sin duda en Cataluña no tendrá efectos disuasorios. Solo va a acrecentar la deslegitimización del régimen del 78 e incrementará la mayoría social de la República. La que queremos para Cataluña y que deseamos, desde Esquerra Republicana, que actúe como palanca de cambio para el advenimiento de la III República Española.

*Joan Tardà Coma, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.

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