El 'golpe' contra Prusia

Cataluña (2017) y Prusia (1932) son dos supuestos de intervención muy distintos. Las circunstancias históricas y políticas radicalmente diferentes. En Cataluña se intenta frenar un movimiento independentista combinándolo con una salida electoral, mientras que en Prusia lo esencial era una actuación política realizada por grupos conservadores y autoritarios para quitar el poder a la socialdemocracia, y buscar una alianza con el nacionalsocialismo, intentando domarle y acabando siendo devorados por él. No obstante analizando el proceso alemán es fácil descubrir elementos útiles para el análisis y reflexión sobre la situación en que nos encontramos.

El 20 de julio de 1932, a iniciativa y con el refrendo del canciller Von Papen, un decreto de emergencia del presidente Hindenburg adoptado para “la restauración de la seguridad y orden público en el Land de Prusia” nombraba a Papen Reichskommisar, apoderándole para cesar a los miembros del Gobierno prusiano, ejercer el cargo de presidente del 'land 'y designar a otros como comisarios en lugar de los ministros depuestos. Los socialdemócratas Otto Braun y su ministro del Interior Severing fueron inmediatamente cesados y poco después el resto de los ministros. Al mismo tiempo y para frenar posibles resistencias, otro decreto declaró el estado de guerra en el Gran Berlín y provincia de Brandenburgo, colocando a la poderosa policía prusiana (alrededor de 90000 miembros en total), bajo el mando militar y suspendiendo además diversos derechos fundamentales.

El fundamento constitucional de todo ello no era otro que el célebre artículo 48 de la Constitución de Weimar que otorgaba poderes excepcionales al presidente de la República, incluyendo el uso final de la fuerza armada para obligar a un 'land' a cumplir sus deberes constitucionales (la coerción federal) y para suspender derechos fundamentales y mantener el orden público (estados de excepción). Es decir una mezcla de lo que para nosotros suponen los artículos 155 y 116 de la Constitución.

La intervención en Prusia tenía un objetivo político claro, expulsar de su principal bastión a un Gobierno integrado todavía por los partidos de la coalición que había sustentado la República de Weimar, SPD (socialdemocracia), como partido dominante, Zentrum (católicos) y DDP (centro izquierda) y que permanecía en funciones al haber perdido la mayoría como consecuencia de los resultados de las elecciones al Parlamento prusiano de 24 de abril de 1932 ( 163 escaños de la coalición, frente a los 162 del partido nacionalsocialista, 57 de los comunistas y 57 de los restantes partidos, estando fijada la mayoría absoluta en 212 escaños). Se había formado una mayoría negativa si sumamos los escaños de nazis y comunistas, que impedía formar un nuevo Ejecutivo y paralizaba al Parlamento y determinaba que el Gobierno de la mencionada coalición continuase en funciones.

Papen por su parte dirigía desde el 1 de junio de 1932 un Gobierno federal carente de apoyo parlamentario (sólo 71 de 577 diputados), basado en los poderes del presidente (Präsidialkabinett), que le protegían frente a los escasos intentos de un dividido y debilitado Reichstag en el que a partir de las elecciones de julio de 1932, los partidos extremos antiweimarianos dispondrán de mayoría absoluta. Además los partidos de la coalición de Weimar habían votado en la elección presidencial de abril de 1932 a favor de Hindenburg (53%) de los votos para frenar a Hitler (36,8).

El 'land' de Prusia era decisivo, su extensión (61,2%) y población (62,8) superaban los tres quintos del total de Alemania, sus capacidades económicas, determinantes y disponía de una poderosa Administración con importantes fuerzas policiales. El volver a reunir en una sola mano el Gobierno de Prusia y el del Reich, como en los tiempos del Segundo Imperio en los que el rey de Prusia y su primer ministro eran respectivamente emperador de Alemania y canciller del Reich, resultaba muy tentador.

Por otro lado Papen buscaba el apoyo de los nacionalsocialistas y para ello levantó el 16 de junio de 1932 la prohibición de las SA y SS establecida dos meses antes por su antecesor el canciller Brüning, lo que determinó el incremento de la violencia en las calles. Precisamente el 17 de julio una marcha provocadora de 7.000 miembros de las SA por el distrito hamburgués de Altona que entonces formaba parte de Prusia y en el que los comunistas ejercían notable influencia, generó una batalla callejera en la que también intervino la policía y con el resultado de 18 muertos (“domingo sangriento de Altona”).

Papen utilizó tales sucesos para acusar al Gobierno del 'land' de no cumplir sus deberes de mantener el orden público, y proceder a su destitución

Papen utilizó tales sucesos como pretexto para acusar al Gobierno del 'land' de no haber cumplido sus deberes de mantener el orden público, y proceder a su destitución, aunque Hindenburg con 84 años de edad había firmado sin fecha el decreto de intervención varios días antes del inicio de los disturbios. Lo que inquietaba a Papen en realidad era el acercamiento y conversaciones de la socialdemocracia prusiana con los comunistas para desbloquear la situación parlamentaria y así lo expresó Papen en el mensaje radiofónico a la nación justificando la intervención en Prusia, recogido posteriormente en sus memorias: “Declaré ser deber de todo Gobierno el establecer una línea de demarcación definida entre los enemigos del Estado y aquellas fuerzas que luchan por el futuro de la Nación. La amenaza de una alianza entre los socialistas y comunistas hacía indispensable tomar medidas de urgencia”

El nuevo Gobierno comisarial comenzó a depurar a numerosos altos funcionarios y sustituirlos por personal más cercano ideológicamente. Ni el Gobierno prusiano ni el principal partido que lo sustentaba, el SPD ofrecieron resistencia a la intervención federal, probablemente no hubiera servido de mucho dada su situación de debilidad, y actuaciones como manifestaciones, huelgas o incluso el hipotético empleo de sus fuerzas policiales se habrían tenido que enfrentar con las consecuencias de la declaración del estado de guerra. Optaron por una vía jurídica, recurrir ante el Tribunal de Estado (Staatsgerichtshof), una institución semejante a un Tribunal Constitucional. Dada la relevancia y complejidad del proceso me limitaré a realizar un breve comentario

Tras un frustado intento de lograr la suspensión de la intervención se presentaron diversas demandas por el Consejo de ministros de Prusia, el presidente cesado, el grupo parlamentario socialdemócrata en el Landtag , los 'länder' de Baviera y Baden..., representados por juristas tan notables como Gerhard Anschütz, Hermann Heller y Hans Nawiasky correspondiendo la defensa del Reich a Carl Schmitt entre otros.

Opinión

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En el fallo de la sentencia se declaraba que el decreto de intervención de Prusia era compatible con la Constitución en lo que afectaba al nombramiento del canciller como comisario del Reich y la privación de las competencias a los miembros del Gobierno prusiano a quienes debería mantenerse no obstante su representación ante el Reichsrat y otros órganos parlamentarios. En los fundamentos jurídicos de la sentencia tal como criticó en su momento Kelsen, se daba la impresión de que la intervención por incumplimiento de obligaciones por parte del Gobierno prusiano (artículo 48.1) se consideraba contraria a la Constitución, mientras que quedaba cubierta por los poderes de excepción discrecionales del Presidente del Reich (artículo 48.2).

En suma una sentencia caótica, llena de contradicciones y de difícil ejecución, que no convenció a nadie y que generaba el reconocimiento de dos Gobiernos con competencias compartidas. Una locura, pero a favor eso sí de la situación establecida, Prusia continuó intervenida bajo diversos comisarios, Papen, Schleicher, otra vez Papen a partir del 30 de enero de 1933 gracias a su Gobierno de coalición con Hitler y finalmente Göring, hasta que la homogeneización nacionalsocialista acabó con el federalismo en Alemania. El llamado golpe contra Prusia, contra su Gobierno (Preußenschlag), fue decisivo para facilitar a Hitler la conquista del Poder.

*Germán Gómez Orfanel, catedrático de Derecho Constitucional. UCM