Tribuna
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Un nuevo acuerdo para la España que ya somos
Si hace 40 años se logró un pacto con el eco de una dictadura todavía resonando, ¿por qué no imaginarnos capaces de lograr un nuevo acuerdo para los retos de las próximas décadas?
En la España de 2016 se generalizó la expresión 'bloqueo político' para referirse a las dificultades para la conformación de Gobierno. Hoy podemos afirmar que hay Ejecutivo y presidente en La Moncloa, pero no Gobierno, si por tal entendemos la conducción hacia un horizonte claro de superación de los problemas que arrastramos desde hace más de una década. En lugar de proyecto colectivo, tenemos un cuerpo de técnicos que van salvando las semanas y pagando facturas, un entramado corrupto que necesita seguir en el poder para cuidar de los suyos y un coro de propagandistas dedicados a buscar más excusas que soluciones.
El bloqueo político español, el Gobierno débil y de la improvisación, se manifiesta en un intento de gestionar las cosas como siempre en una legislatura que, claramente, no es como siempre. Porque hoy el paisaje, tras los años más duros de la crisis, es el de la sustitución de los equilibrios y las garantías por el sálvese quien pueda y la incertidumbre. Y ningún país puede vivir así permanentemente.
Todo contrato social es un pacto por el que los diferentes grupos sociales acuerdan sistemas de equilibrio y de compensación, así como metas colectivas. Típicamente, las minorías privilegiadas ceden parte de su poder a cambio de estabilidad y aceptan someterse a normas comunes iguales para todos; por su parte, los sectores más desfavorecidos se comprometen con el orden nuevo a cambio de elementos de nivelación e igualdad de oportunidades.
En España, hoy el contrato social está roto. La corrupción, la cabalgante y lacerante desigualdad social, los efectos perniciosos de una ley electoral tramposa, la falta de un acuerdo de financiación autonómica y municipal o las amenazas a la separación de poderes han ido erosionando y estrechando una parte de los contenidos democráticos y sociales del pacto constitucional de 1978 y sustituyéndolos por una suma amontonada de decisiones coyunturales y altas dosis de resignación. Constatar esto no es cargar contra la institucionalidad sino precisamente llamar a recuperarla y defenderla.
Tras casi cuatro décadas de vida de la Constitución de 1978, las discusiones sobre ella y su salud a menudo se atascan en debates historiográficos que, a mi juicio, tienen escaso interés político hoy: si la famosa Transición fue el pecado original o por el contrario es la respuesta mágica a todos nuestros problemas. Ni lo uno ni lo otro. La discusión de cómo rehacer el acuerdo constitucional hoy tiene que basarse en las necesidades, las dificultades y las esperanzas de los españoles de hoy, no en los mitos de lo que fuimos como país hace 40 años. Desde ese punto de vista, tanto el inmovilismo como la tentación de hacer 'tabula rasa' con el pasado son intentos de no mirar de frente al presente.
Hoy la cuestión no es girar un poco a la derecha o un poco a la izquierda, sino rehacer las normas comunes
Por eso hoy la cuestión en España no es girar un poco a la derecha o un poco a la izquierda, sino rehacer las normas comunes, restablecer un acuerdo como país que permita apuntar las energías colectivas en una misma dirección y, al mismo tiempo, provea de seguridad y oportunidades a la mayoría social que peor lo ha pasado y más esfuerzos ha hecho durante estos años. Si hace 40 años se logró un acuerdo de largo recorrido, con el eco de una dictadura todavía resonando, ¿por qué no imaginarnos capaces de lograr, mejor preparados como estamos que entonces, un nuevo acuerdo para los retos de las próximas décadas?
Este nuevo acuerdo como país nos permitiría suturar las cuatro brechas que definen el presente y auguran un futuro incierto: la brecha entre crecimiento y bienestar, la brecha intergeneracional, la brecha territorial y la brecha entre representantes y representados.
España lleva ya más de dos años de crecimiento económico, pero por primera vez el crecimiento no comporta un aumento del bienestar. Mejoran las cifras de empleo, pero no crecen los salarios, ni se reducen las tasas de pobreza, ni hay más jóvenes dispuestos a emanciparse y formar una familia. Para volver a unir crecimiento y bienestar, necesitamos una estrategia de desarrollo con dos objetivos centrales: reducir las desigualdades y sustituir un proyecto de país 'low cost' por un Estado emprendedor capaz de liderar el proceso de modernización económica, innovación y reformas que España necesita para adaptarse al siglo XXI, el siglo de la información, la robotización y la transición energética.
De la situación de bloqueo solo saldremos si somos capaces de abrir una conversación española
El objetivo de reducir las desigualdades tiene en la cuestión intergeneracional uno de sus pilares fundamentales. Quienes han cargado con el mayor coste de la crisis han sido los jóvenes, como demuestra el hecho de que, mientras la renta de los mayores de 65 años subió un (escaso) 5% desde 2011, la de los menores de 35 años caía hasta un 25%. Este castigo a la juventud, producto de la combinación de recortes en salarios, inversión educativa o ayudas a la vivienda con un mercado laboral marcado por elevadas tasas de precariedad y desempleo, no solo produce dramas como el de un 40% de pobreza infantil, sino que además hace insostenible todo el sistema de bienestar y pensiones por la caída de las cotizaciones y de la propia natalidad. Devolver a la juventud española la posibilidad de una vida estable y unos ingresos suficientes es condición 'sine qua non' para el mantenimiento de un Estado de bienestar que se ha demostrado mucho más eficaz en el sostenimiento de sus mayores que en el de sus hijas y nietas. El triste fin de la hucha de las pensiones debería hacernos pensar en ello.
Se ha hablado mucho sobre Cataluña, pero no tanto de la brecha territorial. La desafección de una buena parte de la ciudadanía catalana hacia España es una brecha emocional grave y requiere una respuesta política a la altura, pero la brecha territorial es más honda y tiene sus raíces en un modelo de financiación autonómica que, lejos de contribuir a la convergencia económica y social entre territorios, ha reproducido un desequilibrio histórico con consecuencias sociales traumáticas. De ahí que las tasas de riesgo de pobreza y exclusión en Andalucía y Canarias se encuentren por encima del 40%, mientras en Navarra y la Rioja no alcanzan el 18%. O que el gasto educativo por alumno en Madrid sea la mitad que en el País Vasco.
Opinión Una reforma de la Constitución en sentido federal ha de tener como primer objetivo la reconstrucción de la solidaridad cívica través de la garantía de los servicios públicos. Para ello, necesitamos un nuevo modelo de financiación autonómica basado en el principio de suficiencia: si son las autonomías las que soportan el grueso del gasto social y la redistribución —sanidad, educación, dependencia—, deben contar con recursos blindados para ello. Reforma que habrá de acompañarse necesariamente de una revisión a fondo del Senado, de modo que deje de ser una cámara de veto y se convierta en una verdadera cámara de representación territorial a semejanza del Bundesrat alemán en la que poder ajustar, año a año, el reparto de los recursos necesarios.
Este modelo no ataca al autogobierno, sino que lo refuerza, al evitar tanto el 'dumping' fiscal entre comunidades como el abandono del Estado de su corresponsabilidad en materias como la atención a la dependencia. Del mismo modo, la solidaridad económica entre territorios no debería estar reñida con el reconocimiento de las diferencias nacionales y los acuerdos bilaterales, al contrario. A menudo infravaloramos la relativa autonomía que lo económico y lo cultural tienen en el problema territorial español. Si el federalismo puede ser una herramienta contra la desigualdad, la plurinacionalidad puede ser el camino para la convivencia.
Si el federalismo puede ser una herramienta contra la desigualdad, la plurinacionalidad puede ser el camino para la convivencia
Una reforma territorial que piense lo social no puede dejar de lado el otro pilar de la descentralización: el municipalismo. La llamada Ley Montoro interviene la autonomía municipal e impide realizar inversiones más que necesarias a los ayuntamientos que han sido capaces, como Portugal, de cuadrar sus cuentas no a través de la austeridad sino de la eficiencia y el combate a la corrupción. La cruzada de Cristóbal Montoro contra el Ayuntamiento de Madrid, arbitraria y basada en prejuicios ideológicos, así lo ha demostrado: su único objetivo parece ser el de evitar el contraste entre el nefasto legado de alcaldes y alcaldesas populares con la gestión de Manuela Carmena, capaz de compatibilizar un superávit de 1.000 millones con el aumento del gasto social y la inversión. Garantizar constitucionalmente la autonomía municipal es un imperativo de futuro, en tanto que las políticas públicas que España necesita tienen en las administraciones locales uno de sus mejores instrumentos, como prueba el hecho de que sean municipales las experiencias punteras en prevención de las violencias machistas, movilidad sostenible, transición energética, atención a la pobreza infantil o participación ciudadana.
Si este proyecto de reforma parece hoy lejano, no es por la falta de voluntad ciudadana. Un sondeo reciente señalaba que un 61% de los españoles cree necesario reformar la Constitución, pero solo un 19% cree que los políticos seremos capaces de hacerlo. Un ejemplo más de la brecha entre representantes y representados que ya denunciara en su día el 15-M. Para volver a ganarse la confianza de la ciudadanía, las instituciones no solo deben ganar en transparencia, participación e independencia de los diferentes poderes, sino que además se necesita una reforma en profundidad de nuestro régimen electoral con el fin de recuperar la proporcionalidad que la propia Constitución de 1978 establecía como objetivo. De lo contrario, nuestra democracia continuará siendo rehén de quienes se garantizan, con un tercio de los votos, la mayoría absoluta del Senado para bloquear cualquier propuesta de cambio.
Rajoy se erigió como presidente del Gobierno, por segunda vez, no sobre la ilusión de poder enfrentar los graves problemas que arrastra nuestro país sino más bien sobre el agotamiento y la frustración de una buena parte de nuestra sociedad. Eso tal vez baste para ocupar La Moncloa por un tiempo, pero sin duda mal haría en tomarlo por adhesión activa. Si todos los actores políticos fían su suerte al desgaste o a los errores de sus adversarios, arrastraremos el bloqueo hasta que sea demasiado tarde, y España volverá a llegar tarde a las transformaciones pendientes. De la situación de bloqueo solo saldremos si somos capaces de abrir una conversación española, una conversación que se dará necesariamente entre diferentes, en la que imaginar primero y acordar después un proyecto compartido, seductor y con garantías. Que sustituya el desorden, la improvisación y la ley del más fuerte, por el orden, un proyecto de largo alcance y el equilibrio de la balanza. Tenemos por delante el reto de recuperar la autoestima como país.