¿La cuarta crisis de régimen?

El 15M lo expresó y Podemos lo explicitó: el Régimen del 78 ha llegado a su propio agotamiento y se da la necesidad de construir nuestro país sobre nuevos consensos. El pacto constitucional ha hecho aguas estos últimos años por varios flancos. Uno de ellos se hizo evidente con la crisis económica y la gestión de la misma al servicio de los de arriba. "No somos mercancía en manos de políticos y banqueros" era la expresión en las calles de la crisis social, la muestra de esa sensación de que el pacto había sido roto desde arriba por las élites y de que la crisis económica había acabado con las posibilidades de progreso de la mayoría de nuestro país. La reforma de la Constitución en su artículo 135 revelaba su propia falta de poder, de peso y de legitimidad: dos partidos podían reunirse para acordar que los intereses financieros y el pago de la deuda eran prioritarios con respecto a las necesidades de la gente y nuestros derechos. Las consecuencias de aquella reforma exprés siguen estrangulándonos hoy. De ella se ha derivado el recorte presupuestario que año tras año hemos ido padeciendo y la asfixia de los ayuntamientos que se ha legalizado a través de la Ley Montoro.

Otro flanco débil de nuestro pacto social se expresó en las calles con el "no nos representan", lo que evidenciaba el descrédito hacia la clase política, relacionada con su propio aislamiento y ensimismamiento cuando no con la corrupción. El 15M revelaba una crisis institucional que apuntaba a la necesidad de una profunda regeneración democrática, no solo para blindarnos contra las puertas giratorias, la financiación ilegal o los sobres sino para asegurar la participación ciudadana y la representación democrática de las instituciones.

La Constitución fue elaborada por siete hombres ponentes y por ninguna mujer. Una Constitución que solo tuvo padres y carece de madres

En los últimos meses se ha hecho más tangible que nunca la crisis territorial. Hoy, treinta y nueve años después del nacimiento de nuestra Constitución, Cataluña se ha convertido en el gran problema presente en nuestras conversaciones, en parte porque a algunos partidos les ha interesado intensificar, avivar irresponsablemente y alargar este conflicto. Si el Partido Popular gana electoralmente con la crisis catalana es porque, preocupantemente, quienes nos gobiernan solo han sabido construir una idea de España en negativo y por oposición a otras naciones, pero es también porque hablar de Cataluña es la mejor manera de no tener que hablar de la desigualdad y de la corrupción, de la crisis social y de la crisis institucional.

En cualquier caso, a lo largo de los últimos años hemos hablado de tres crisis del régimen del 78 y, sin embargo, hemos hablado menos de un cuarto flanco débil que es probable que día a día se vaya revelando cada vez más importante.

Nuestra Constitución fue elaborada por siete hombres ponentes y por ninguna mujer. Fue aprobada por unas cortes compuestas por seiscientos setenta y tres hombres y solo veintisiete mujeres. Una Constitución que solo tuvo padres y carece de madres nació con una ceguera que hemos arrastrado durante décadas, pues cuando no estamos todos y todas, tampoco están todos los asuntos. Fue porque nuestra Constitución no tuvo madres por lo que nunca abordó la desigualdad de género y por lo que en su día muchas mujeres pidieron el no a esta Constitución. Pero, además, desde 1978 hasta hoy nuestro país ha cambiado muchísimo. Hemos conseguido ser ejemplo para muchos otros estados en la aprobación del matrimonio igualitario y hemos vivido un espectacular avance del feminismo contra un ministro y su ley del aborto o contra las violencias machistas. Hemos tenido la legislatura con más mujeres de la democracia y hemos visto a muchas mujeres tomar los mandos de los ayuntamientos.

Una Constitución a la altura de lo que somos tiene que nacer de un pacto social que no ignore a la mitad de la población. Y ese pacto pasa por concebir el cuidado como un asunto colectivo y no una tarea de las mujeres, por entender que las familias pueden ser muy distintas, que el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo, que la paternidad también conlleva tanto deberes como derechos y que la maternidad no es una obligación. Un pacto con nosotras debe poner a resguardo nuestros derechos sexuales y reproductivos. Debe defender el derecho de los hombres al cuidado y de las mujeres al empleo, para que nunca más perdamos nuestra independencia económica. Una Constitución a la altura de lo que somos tiene que reconocer el derecho a la identidad, el derecho de todas las personas a decidir quiénes son, cómo se llaman y cuál es su género. Y debe defender el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la responsabilidad de las instituciones a la hora de garantizarla.

Una academia de la lengua sin nosotras, un consejo de ministros, unos sindicatos, universidades o partidos sin nosotras no nos representan

Y una Constitución feminista debe asegurar que no estamos fuera otra vez, tiene que hacer de nuestra presencia en el Estado, en las instituciones y en la vida pública un valor democrático. Porque una academia de la lengua sin nosotras, una alta judicatura sin nosotras, un consejo de ministros sin nosotras, unos sindicatos, universidades o partidos políticos sin nosotras no nos representan.

Quizás seamos las mujeres las que estos días escribimos artículos sobre esto, quizás haya todavía analistas sesudos que piensan que este es un asunto de mujeres y que son otros los grandes problemas políticos a abordar. Pero la crisis de género del Régimen del 78 tiene una potencia especial para poner sobre la mesa el resto de déficits que hoy nos toca abordar: las mujeres sabemos mucho de no sentirnos representadas por las instituciones y sabemos que toca hacer a nuestro país más democrático. Somos las mujeres quienes más hemos padecido los efectos devastadores de la crisis económica, de las políticas de austeridad y de la ley Montoro. Son nuestros derechos los que van ligados al restablecimiento de un país que cuide a las personas y no a los mercados. Y sí, también una mirada feminista puede abrir otro enfoque hacia el problema territorial, uno que no sea el de la amenaza, el reto y la confrontación entre territorios, sino de la escucha y la colaboración. Uno que dibuje un país a la altura de su riqueza y comprometido con la igualdad. Una España feminista es también una España plurinacional. El feminismo tiene la llave para una Constitución a la altura de nuestros tiempos.

*Clara Serra es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y presidenta de la Comisión de la Mujer.