El 31 de octubre se publicó en la edición europea de Politico, una carta firmada por intelectuales y profesores europeos que ha servido de precipitado para que nos unamos casi 400 profesores de Derecho público en España, de distintas procedencias y colores políticos para reclamar algo básico, la verdad sobre este país presentado torticeramente como carente de garantías constitucionales.

Es mérito de los profesores Josu de Miguel y Francesc de Carreras acompañados por otros conocidos colegas de las universidades catalanas, como Teresa Freixes, Esther Mitjans o el propio Pablo Pérez Tremps, que han tenido la valentía de levantar la voz y recoger el apoyo de los que, como quien escribe, asistimos a la falta de rigor, de exactitud, cuando no ignorancia absoluta de la Constitución y el Derecho español.

No se trata de "lavar la cara" a las posibles carencias de nuestro sistema constitucional, pero al menos prevenir imágenes sesgadas o simplistas

Exponían De Miguel y De Carreras, en mensaje enviado a las universidades y asociaciones más relevantes de juristas de España, algunos de los errores del documento "se hacía alusión a algunos hechos de forma parcial e incompleta. La interpretación de los mismos y del propio ordenamiento jurídico español también adolecía de numerosas carencias. El resultado final era una imagen distorsionada, que al margen de predisponer a la opinión pública internacional en cierto sentido, hacía un llamamiento a la Unión Europea para intervenir en la crisis catalana por vulneración de los estándares normativos contenidos en el art. 2 TUE" (abajo).

Así las cosas, "hemos realizado una réplica contestando cada uno de los extremos de la misiva. Con ello, buscamos también aportar un material en inglés más amplio que pueda ser consultado por todo aquel que quiera: no se trata de 'lavar la cara' a las posibles carencias de nuestro sistema constitucional, pero al menos prevenir imágenes sesgadas o simplistas que nunca ayudan a resolver problemas, más bien a enconarlos".

Con ese fin De Miguel y De Carreras abrieron un sistema electrónico de peticiones —debo añadir que en el caso anterior no se nos hizo partícipes de tal 'ronda' o carta de denuncia y eso que pertenezco y estoy en varios foros de Derecho en España y Europa— y con el apoyo de ya casi 400 firmantes responden a las denunciase de abusos legales en España, desmontando punto por punto aquellas afirmaciones que contenían incluso acusaciones la violación de las garantías más básicas del Estado de Derecho por parte de las instituciones del Estado.

Esta contestación es necesaria no solo por los errores jurídicos planteados, que se expresan día a día en titulares, declaraciones o por los propios defensores de la "independencia" unilateral y en los promotores de la secesión. Como algunas de esas falsedades llegan a calar, nos parece importante defender esos principios.

Se han unido colegas de Universidades de Euskadi como José Carlos Perales o Galicia, Roberto Blanco o Carlos Ruiz, de Andalucía, Castilla y León, Valencia o Madrid, Raúl Canosa, Fernández-Miranda, Torres del Moral, García Roca y Sánchez Navarro.

El contenido está en inglés en varios sitios. Este es el link más importante de la "petición".

Resumen de las argumentaciones de la carta

Estas son los argumentos de los Profesores De Miguel y De Carreras, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y los otros 390 firmantes.

Como quiera que los agravios parecen venir de que se han violado sistemáticamente el 'rule of law' (estado de Derecho o principio de legalidad) en España con motivo del "referéndum" del 1-O, afirmamos que:

Primero, el así llamado "referéndum" catalán del 1-O no ofrecía las mínimas garantías de acuerdo con las normas europeas de la Comisión Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, a saber: que no se conoció el "censo" electoral hasta una hora antes del inicio de las votaciones; tampoco se hicieron públicas las autoridades o formación de miembros de las "mesas" ni los lugares de votación y, además, tampoco hubo publicidad en el recuentro o escrutinio.

El fin de la Ley catalana del Referéndum era regular "el derecho de autodeterminación de Cataluña", un derecho que así formulado no existe

Segundo, la Ley que regulaba dicha votación se aprobó en el Parlamento catalán tan solo 3 semanas antes, el 6 de septiembre, y su tramitación duró menos de un día. En dicha sesión, los partidos de la oposición no tuvieron más que dos horas para presentar enmiendas. Además, la mesa del Parlamento catalán ignoró que debía haber sometido a consulta esa ley al Consejo de Garantías, que es un organismo interno de la propia Generalitat.

Tercero, el fin de la citada Ley catalana del Referéndum era regular "el derecho de autodeterminación de Cataluña", un derecho que así formulado no existe ni en el Derecho español ni en el internacional.

Además, algunos artículos afirmaban (como puede verse en sus artículos 1 y 2, abajo) expresamente que la soberanía es del pueblo de Cataluña y que esta ley es superior jerárquicamente al propio Estatuto catalán y al conjunto del Derecho español. Hace dos semanas el Tribunal Constitucional, que ya había suspendido cautelarmente su aplicación, dictó sentencia anulándola.

Cuarto, el Parlamento de Cataluña, que es la cámara legislativa de la Comunidad Autónoma, no tiene poder de regular ni de convocar un referéndum de autodeterminación que correspondería al total del "pueblo español" de acuerdo con la Constitución española (artículos 1 y 92 relativo a los referéndum). Aunque es conocido por todos, una norma de rango inferior no puede anular o cambiar la jerarquía de otra superior; como un Decreto no puede desdecir a una Ley. Son nociones básicas de Derecho que conocen los alumnos de primero. La jerarquía de las normas es un principio del Estado de Derecho que efectivamente se ha querido desmantelar.

Qué dice la CE sobre el referéndum y su reforma

España es un país democrático y el texto de 1978 que conmemoramos esta última semana, al contrario que otros países europeos, no incluye cláusulas prohibiendo la reforma total. Tales reformas, que pueden ser totales o parciales, se deben realizar de acuerdo con el Titulo X de la Constitución.

Por tanto, está infundadas las declaraciones sobre el abuso y violación de la legalidad por parte de las "autoridades centrales de España" ante el 1-O. Al contrario, es precisamente esa ley la que violó expresamente no solo la Constitución, sino los principios democráticos y el Estado de Derecho.

La carta, cuyos argumentos continúan, puede analizarse aquí en su totalidad, afirma además que no ha habido violación de derechos —ni del derecho de manifestación, de libertad de expresión o de participación—, ni de acuerdo con el Derecho español ni de acuerdo con los tratados internacionales.

"Como profesores de Derecho público debemos decirlo abiertamente", concluyen los firmantes.

*Loreto Corredoira es profesora de Derecho Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid.