Arbitrariedad versus Estado de derecho

Madrid “no es la ciudad más incumplidora de las reglas fiscales. No es un ayuntamiento en mala situación y su evolución está siendo la correcta, no vemos por qué se tomó esa decisión del seguimiento semanal de sus cuentas”. Porque “Madrid ha elevado su contribución al superávit acumulado de las entidades locales, mientras otras la han reducido y además ha reducido su deuda en los últimos años”.

Los entrecomillados no son míos, sino de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF), que no puede considerarse precisamente una instancia de parte. Se trata de un organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno español, a iniciativa de la Unión Europea y como consecuencia del 'Memorándum de entendimiento' que el rescate bancario nos obligó a suscribir.

Durante la reciente presentación de su informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de 2018 de las entidades locales, los representantes de este organismo independiente apuntaron que la decisiones del Ministerio de Hacienda respecto a Madrid son inexplicables.

Las razones del Ministerio de Hacienda no son otras que la arbitrariedad y la utilización del Gobierno central como ariete político

De hecho, en Madrid ocurre exactamente lo contrario que en los nueve ayuntamientos de todo el Estado que están en situación crítica. Acumulan deuda que llega a alcanzar el 500% con respecto a los ingresos y pagan a los proveedores a más de 600 días, frente a los siete días en los que paga Madrid. El caso más sintomático es el del Ayuntamiento de Jaén, en que fue alcalde el actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, y que bajo su mandato deterioró sensiblemente sus cuentas. Este año se prevé que su deuda superará los 462 millones de euros, más del 400% de los ingresos. Madrid estará por debajo del 60% en 2018 y cuando accedimos al gobierno el ratio era del 141%. Jaén no ha sido intervenido, Madrid sí.

Creo que estoy en condición de explicarle a la AIReF las razones de la actuación del Ministerio de Hacienda. No son otras que la arbitrariedad y la utilización del Gobierno central como ariete político contra una Administración que tiene un signo político diferente.

Y es que marcar un giro en la política presupuestaria de la ciudad, de manera que todos los recursos posibles se destinaran a inversiones y gasto social para afrontar las verdaderas necesidades de los vecinos y vecinas de Madrid, ha generado mucho nerviosismo en el Partido Popular. Porque eso supone trabajar para las grandes desigualdades entre distritos y eso solo se hace ofreciendo los mejores servicios públicos, dotaciones e infraestructuras.

No menos inquietud le genera a la derecha que se avance en la progresividad de impuestos y tasas y que se hayan reducido precios públicos de muchos servicios, desde el acceso a las instalaciones deportivas a las escuelas infantiles.

También caminar hacia una contratación municipal responsable con la inclusión de cláusulas sociales que además garantice la calidad de los servicios públicos, evite malas prácticas y asegure buenas condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, alarma a un Partido Popular que si por algo se ha caracterizado es, precisamente, por lo contrario.

Los recursos posibles se deben destinar a inversiones y gasto social para afrontar las verdaderas necesidades de los vecinos de Madrid

Para completar el puzle que explica la hostilidad manifiesta del Partido Popular, no hay nada como tener en la actualidad un Gobierno en Madrid que pretende garantizar la honestidad de las políticas públicas y actuaciones del ayuntamiento en el presente y en el futuro. Poner en marcha el proceso de auditoría de la deuda y las políticas públicas para estudiar las malas prácticas que han generado impactos negativos tan importantes como lo ocurrido en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo o Madrid Calle 30, y tomar medidas que impidan su repetición en el futuro era demasiado para los protagonistas del expolio de las arcas públicas.

Por eso, independientemente de la evolución extraordinariamente positiva de las cuentas públicas de la ciudad de Madrid, el Ministerio de Hacienda tenía que impedir que un ayuntamiento que hace políticas transformadoras dejara en evidencia que sí hay alternativa a los recortes de servicios y políticas públicas. Y además, siendo capaz de combinarlo con el crecimiento en inversión y gasto social, elevado superávit, disminución de deuda y reducción del plazo de pago a proveedores.

Esa y no otra es la explicación de lo ocurrido en Madrid. No deberíamos acostumbrarnos a la arbitrariedad y a la injustificada actuación contra Madrid porque no es compatible con un Estado de derecho que merezca tal nombre.

*Carlos Sánchez Mato es responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida y exconcejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.