En la punta de los dedos

Esta semana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió a desbloquear el superávit de los ayuntamientos de todo el Estado para que estos puedan reinvertirlos en las llamadas inversiones financieramente sostenibles. Atiende así a una petición urgente de la Federación Española de Municipios y Provincias y también a la presión ejercida por Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados por medio de una proposición de ley admitida a trámite en contra de la voluntad de PP y Ciudadanos.

Es una buena noticia, que da aire a muchos municipios, y es la señal de que hay que redoblar la atención y también la presión. Debemos estar vigilantes porque el desbloqueo anunciado por Montoro aún no se ha hecho realidad. Debemos presionar para ir más allá, a lo esencial, que no es otra cosa que la imprescindible reforma de la regla de gasto. Eso es lo que verdaderamente permitirá hacer unos presupuestos municipales acordes a la realidad de ingresos y necesidades de las ciudades, lo que dará libertad de planificar todas las inversiones precisas y no solo unas concretas.

Tener superávit es tremendamente injusto porque el ayuntamiento le quita a la ciudadanía más de lo que le da

El caso reciente del Ayuntamiento de Madrid ha sido paradigmático: el Ministerio decidió intervenir sus cuentas para asegurarse de que no va a utilizar el dinero del superávit en incrementar inversión y gasto público, porque ello perjudicaría el cumplimiento del objetivo de estabilidad del gobierno estatal. A decir verdad el superávit del Ayuntamiento de Madrid —aunque muy elevado para ser una única administración— solo supone en torno un 0,1 % del PIB estatal. Incluso aunque dicho ayuntamiento borrara de un plumazo su superávit el Estado seguiría aprobando las cuentas frente a Bruselas. Pero el problema, además de revelar una alternativa de gestión eficaz, frente a la de arruinar a las administraciones públicas característica del PP, no es tanto que el ayuntamiento de la capital reduzca su superávit como que cunda el ejemplo entre el resto de corporaciones locales. Eso sí que pondría el riesgo los compromisos fiscales del gobierno de Rajoy para con la Comisión Europea. De ahí que el gobierno estatal decidiera cortar por lo sano.

Es importante entender lo que supone registrar superávit: recaudar de los contribuyentes más dinero del que luego le es revertido a través de servicios y prestaciones públicas. Tener superávit es tremendamente injusto porque el ayuntamiento le quita a la ciudadanía más de lo que le da. Ese es el objetivo de la regla de gasto de Montoro: que el dinero que no vuelve a la gente se destine al pago anticipado de la deuda. Una absoluta barbaridad social que se hace todavía más visible cuando el ayuntamiento en cuestión no tiene deuda o la que tiene es sostenible con los ingresos de los que dispone. Solo supone acumular el dinero en su cuenta bancaria y lo deja allí muerto de risa. Más de 23 mil millones de euros acumulan los ayuntamientos en los bancos sin poder destinar esos fondos a mejorar el bienestar de la gente.

Una absoluta barbaridad social que se hace más visible cuando el ayuntamiento no tiene deuda o la que tiene es sostenible con los ingresos

El año 2016 fue el primero en el que el gobierno de Rajoy cumplió el objetivo de déficit público impuesto por la Comisión Europea. ¿Cómo lo logró? Gracias a tres factores: En primer lugar, Bruselas se ablandó y le redujo a España la nota para aprobar. En segundo lugar, se modificaron las normas del juego para que las ayudas a la banca y los gastos por el terremoto de Lorca no computaran en el déficit. Y finalmente, gracias al superávit de los ayuntamientos se blanquearon los números del conjunto de las administraciones públicas. En otras palabras, si la Comisión Europea no hubiera suavizado el objetivo de estabilidad, Montoro no habría cumplido. Si las ayudas a la banca y los gastos por el terremoto computaran en el cálculo, Montoro no habría cumplido. Y si los ayuntamientos no hubiesen registrado superávit, Montoro no habría cumplido.

De ahí la obsesión por obligar a los ayuntamientos a que no puedan aumentar su gasto por encima de un techo calculado por el Ministerio. Simplemente están utilizando a las entidades locales para maquillar su propia gestión. Esto es así porque el déficit público de la economía española es la suma de los saldos fiscales de todas las administraciones públicas: administración central, Seguridad Social, comunidades autónomas, y corporaciones locales. En 2016 todas las administraciones contribuyeron al déficit público total excepto las corporaciones locales, que contribuyeron precisamente a reducirlo. Si las corporaciones locales no hubiesen tenido superávit, el déficit público total de España hubiese alcanzado el 4,9 % del PIB, por encima del objetivo del 4,6 % que impuso Bruselas.

Lo tenemos en la punta de los dedos y a los hechos me remito. Montoro se ha comprometido a reabrir una mesa de negociación que había bloqueado. Y hay más signos de esperanza: esta semana el PP y Ciudadanos apoyaron en el pleno del Ayuntamiento de Madrid una proposición que insta a cambiar la interpretación de esa regla. Su posición de voto hubiera sido imposible hasta hace muy poco, ambos partidos han repetido hasta la saciedad que era positivo limitar el gasto como exigía el Ministerio de Hacienda en los presupuestos municipales. Quién les ha visto y quién les ve. Parece que los tres duros años de batalla desde Madrid, en los que se ha colocado el asunto en la agenda mediática y política, han merecido, pese a todo, la pena.

*Carlos Sánchez Mato es responsable de políticas económicas de Izquierda Unida y concejal de Ahora Madrid.