El 'procés' en Europa
España está sufriendo un serio desgaste en su imagen democrática y nuestras relaciones bilaterales con el resto del mundo sufren el peaje de una solidaridad con costes
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Uno de los muros contra los que se ha estrellado con más estrépito el nacionalismo catalán ha sido Europa, a pesar de ser, posiblemente, el terreno que más trabajaron y en el que más confianza depositaron los estrategas del 'procés'. He repasado la hemeroteca europea de los últimos meses y la contundencia y la unanimidad de las reacciones de los líderes de los países miembros y de las instituciones comunitarias son verdaderamente notables.
“Es un asunto español que debe ser gestionado por España” (primer ministro de Holanda, Mark Rutte), “Hay una ley y una Constitución que respetar” (primer ministro de Luxemburgo, Xabier Bettel), “Nadie, tampoco el Gobierno catalán, puede saltarse la ley” (Weber, líder del Partido Popular Europeo en la Eurocámara), “Todos tiene el derecho a expresarse, pero no a ignorar la ley” (vicepresidente de la Comisión Europa, Frans Timmermans), “El nacionalismo es veneno” (Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea), “España es nuestro único interlocutor” (Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo), “El respeto al derecho no es una opción, es una obligación” (presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani).
Se pueden citar muchas más de Macron, Merkel, del Departamento de Estado de Estados Unidos, pero no hace falta. Europa se mueve y se moverá en este tema bajo un doble principio jurídico y político. Primero, no corresponde a la Unión intervenir en el derecho interno español. Ese derecho, es decir, el marco del Estado democrático español, no admite censura europea. Se trata de una Constitución plenamente democrática, con un poder judicial independiente, y las resoluciones del Tribunal Supremo y del Constitucional no admiten reproches. Segundo, nadie quiere en Europa que las regiones o las naciones sin Estado europeas se desmembren de los estados europeos. De hacerlo, el fenómeno sería seguramente imitado y no es posible una Europa a 50 o 60 estados. Por tanto, si una región se independiza, no entrará en la Unión, porque alguien lo vetará y con eso basta.
Hasta aquí las posiciones políticas de los gobiernos europeos respecto a la pretensión independentista del 'procés'. Sin embargo, no conviene despreciar los daños que está sufriendo España en el ámbito de su imagen y de su política internacional, y tampoco sería prudente desconocer los riesgos jurídicos que tienen las distintas resoluciones de los tribunales europeos (Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suiza) en respuesta a la euroorden.
En el primer plano hay que situar las imágenes del 1 de octubre. Soy de los que se han sentido orgullosos en las esferas internacionales en las que me muevo de la democracia española, de los valores y derechos que configuran la sociedad española, de nuestra evolución desde la transición y de nuestro Estado de derecho. Pero les confieso que no pude explicar las anomalías de aquel domingo. Muchos nos compararon con Turquía y sentí pena.
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En parecidas circunstancias nos encontramos de nuevo con el encarcelamiento de tantos dirigentes nacionalistas. Con todo respeto a las decisiones judiciales, la prisión provisional me parece excesiva y cuesta explicar a los diputados italianos, ingleses, alemanes o suecos que los posibles delitos de los líderes independentistas exijan medidas tan severas. Ellos no conocen, en general, la gravedad de lo ocurrido y perciben solo los rasgos externos de un conflicto político para el que —un poco ingenuamente— piden dialogo. Como acaba de hacer el popular alemán Elmar Brok.
Nos guste o no, España está sufriendo un serio desgaste en su imagen democrática y nuestras relaciones bilaterales con el resto del mundo sufren el peaje de una solidaridad con costes: ya sea en la negociación del Brexit con el Reino Unido o en los diferentes 'rapports' de la UE, la posición española se debilita al reclamar apoyos políticos que casi nunca son gratis.
Cuesta explicar a los diputados ingleses, alemanes o suecos que los posibles delitos de los líderes independentistas exijan medidas tan severas
El otro plano está resultando incluso peor. La estrategia judicial del Tribunal Supremo no fue prudente a partir del momento de la fuga de los dirigentes nacionalistas que trasladaban a los tribunales europeos el análisis del caso. El Gobierno tiene también responsabilidades. En base al principio acusatorio, si el fiscal no hubiera calificado los hechos como rebelión, el juez tampoco lo habría podido hacer. La sentencia de la Audiencia de Alemania no cumple las previsiones y el espíritu de la euroorden. Pero era previsible. Creer que en este asunto tan mediático y con tantas presiones los tribunales europeos se iban a limitar a examinar procedimentalmente la euroorden era una ingenuidad.
En cualquier caso, urge una reconducción de la estrategia judicial en Europa. Primero planteando en la Unión, y quizá también en la Corte de Luxemburgo, si la euroorden puede ejecutarse con este tipo de resoluciones. Segundo, revisando la tipificación penal de las conductas producidas por los dirigentes nacionalistas.
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No olvidemos que Europa está con España en el fondo del asunto, y no perdamos de vista que es en Europa, el espacio institucional, en el que se desarrolla una parte importante de esta batalla. Los nacionalistas saben que la pretensión independentista se estrelló con la ley, con la economía y con la fractura por la mitad de su población. Cualquiera de estos obstáculos por si solo es suficiente para frustrar su proyecto. Pero en Europa nos jugamos mucho y es necesario reconducir jurídicamente el enjuiciamiento de las conductas delictivas producidas para poder obtener una mejor comprensión europea de nuestros tribunales y de nuestra democracia.
*Ramón Jáuregui, eurodiputado.
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