La gestión colectiva, garantía de un sector cultural sostenible y plural

La gestión colectiva garantiza la defensa de los intereses de todos los titulares de derechos de propiedad intelectual, independientemente de su popularidad y éxito

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El pasado 10 de mayo, el pleno del Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-ley 2/2018 que modifica la Ley de Propiedad Intelectual, que será tramitado como proyecto de ley, con lo que podrán introducirse enmiendas al texto elaborado por el Gobierno. Las novedades consisten en la inclusión de normas específicas aplicables a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas y a la regulación de los llamados operadores de gestión independientes.

En este contexto es clave, tanto por representatividad y legitimidad como por su labor diaria, el importante papel que juegan las entidades de gestión de derechos en el desarrollo y en la sostenibilidad de un sector cultural que, más que nunca en el entorno digital, debe basarse en la independencia creativa y la pluralidad.

Con mucha frecuencia se olvida que el reparto a los titulares de derechos de propiedad intelectual es la principal razón de existir de las entidades, como asociaciones que defienden y gestionan intereses de un colectivo. La recaudación es el medio y la gestión colectiva es el instrumento, pero el principal objetivo es el reparto.

Hay consenso en la defensa del modelo de gestión colectiva, a pesar de que la crisis de alguna entidad como la SGAE pueda provocar una deslegitimación

Es decir, las entidades gestionan las autorizaciones para la explotación de las obras y el cobro de las contraprestaciones correspondientes. Y tal y como recordó el propio ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, en el debate del pleno de convalidación del citado real decreto-ley, “estas autorizaciones y cobros serían impensables mediante la simple acción o negociación individual”. Añadió Méndez de Vigo que una de las funciones esenciales de la gestión colectiva es fortalecer a los titulares de derechos, que en la realidad del día a día tienen siempre la posición más débil en las negociaciones con las empresas que se lucran explotando sus obras.

¿Y por qué es esto tan importante? Pues porque, como también recordó el ministro, “las entidades de gestión representan un importante papel en la protección de la diversidad cultural, al permitir el acceso al mercado de aquellos repertorios culturales locales o menos populares que no gozan del mismo éxito comercial que otros”.

Las intervenciones tanto del ministro como de los portavoces de los grupos parlamentarios acreditan un amplio consenso en la defensa del modelo de gestión colectiva, a pesar de que la crisis crónica de alguna entidad como la SGAE pueda provocar una deslegitimación que afecta al conjunto de las entidades de gestión. Resolver adecuadamente esta crisis supondrá un reforzamiento y una credibilidad del sistema en su conjunto, como defendió Marta Rivera de la Cruz en su intervención.

El ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. (EFE)
El ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. (EFE)

Una excesiva fragmentación de la gestión colectiva, que por un criterio de rentabilidad económica solo beneficiaría a los grandes tenedores de derechos, perjudicaría a los pequeños. La gestión colectiva garantiza la defensa de los intereses de todos y cada uno de los titulares de derechos de propiedad intelectual, independientemente de su popularidad y éxito, y posibilita la puesta en marcha de nuevos negocios basados en la explotación de contenidos, a los que facilita el acceso al repertorio, evitando que grandes grupos internacionales les pongan barreras de entrada.

Además, todo lo anterior es más cierto que nunca en el contexto digital, como ha entendido muy bien la Unión Europea, cuyas instituciones han impulsado la directiva específica que precisamente consagra el modelo de gestión colectiva como garante de la protección de los derechos y la independencia de los creadores europeos.

La asfixiante presión de las grandes corporaciones extracomunitarias, que intentan adueñarse del terreno de juego, y la concentración de inversión publicitaria en pocos actores demuestran que ahora más que nunca es necesaria la fortaleza de la gestión colectiva para asegurar la defensa de los intereses de los creadores y de los emprendedores.

Las entidades de gestión llevan décadas dedicando parte de sus ingresos a desarrollar programas de educación y formación de jóvenes talentos

Como oportunamente señaló Eduardo Maura, portavoz de cultura de Unidos Podemos, hay que aprovechar “el potencial de la propiedad intelectual como herramienta de protección y de avance social”. Un potencial que gracias a la gestión colectiva permite, sobre todo, invertir en formación, promoción y solidaridad. Las entidades de gestión llevan décadas dedicando parte de sus ingresos a desarrollar programas de educación y formación de jóvenes talentos o de reciclaje de profesionales; a brindar asistencia social y sanitaria a miles de creadores en situación de dificultad; a facilitar la participación de autores y artistas en certámenes y festivales nacionales e internacionales; a organizar eventos para la promoción de nuestra cultura... Esto supone una enorme inversión anual de las entidades de gestión, de más de 36 millones de euros en 2016.

Un debate sereno y riguroso sobre la cuestión no permite obviar, como señaló en el mismo debate de convalidación el portavoz socialista, José Andrés Torres Mora, “con la excusa de unos pocos casos muy reprobables, que estas entidades son objeto de un ataque desleal, duro y prolongado cuyo verdadero objetivo es expropiar a los creadores y artistas de los derechos de propiedad sobre sus obras. Todo ello, en nombre una utopía tecnológica que es una verdadera distopía social”.

Antonio Fernández es presidente de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Intelectual (Adepi).

Tribuna

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