En 2016 no hubo investidura

De la vertiginosa moción de censura que, el 1 de junio de 2018, ha llevado a Pedro Sánchez en volandas a La Moncloa se ha señalado por muchos, siempre o casi siempre con tono de denuncia, su naturaleza fraudulenta o engañosa, supuesto que le faltaba el carácter constructivo que exige la Constitución en el art. 113: lo que se pretendía (y se alcanzó) fue solo algo tan puramente negativo como echar al PP y a Rajoy, dejando lo demás —qué hacer una vez en el Gobierno— sin decidir. En suma, de lo que se acusa es de haber aplicado la vieja receta, atribuida a Napoleón, para cuando se trata de tomar una decisión por sí misma y sin pensar en el día siguiente: 'On s’engage et puis on voit'. Con la ilusión, que ciertamente está llamada a durar muy poco, de vivir, como Alicia, en el País de las Maravillas.

Sin ánimo de discutir que la moción de 31 de mayo y 1 de junio tenía ese propósito principal o incluso único —certificar, en el sentido estrictamente notarial de la palabra, o sea, en el de limitarse a dar fe, un fin de ciclo que era evidente—, tal vez no esté de más señalar que ese razonamiento se queda cojo si no recordamos cómo llegó al poder, en octubre de 2016, el Gobierno que ahora acaba de salir. Y es que el art. 113 de la Constitución resulta insusceptible de ser interpretado al margen del que es el art. 99, que regula la que conocemos como 'investidura': el acto ritual por el cual el Congreso de los Diputados otorga su confianza al candidato que (“previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria”, curioso circunloquio para designar a los partidos) ha propuesto el Rey. Por mayoría absoluta en primera votación (sobre 350, un mínimo de 176, siendo la abstención igual que el no) y simple en la segunda (más síes que noes, de suerte que, a efectos prácticos, una abstención, por el contrario, se equipara con un sí).

En ese contexto general, la moción de censura vendría a ser una desinvestidura: lo que, siempre con los expresivos términos de la lengua francesa, consistiría en 'faire machine arrière', dar marcha atrás a una máquina que es una y la misma.

Para que el Congreso de los Diputados desinvista a quien previamente había investido, tiene que haber cambiado la composición de sus escaños

Por eso resulta tan difícil en abstracto que una moción de censura prospere: para que el Congreso de los Diputados desinvista (por mayoría absoluta, para más inri) a quien previamente había investido, tiene que haber cambiado la composición de sus escaños, ya sea por transfuguismos individuales en un número suficiente de curules o bien porque es todo un grupo parlamentario (de nuevo con masa crítica bastante: la aritmética es indispensable para comprender el parlamentarismo) el que, por circunstancias sobrevenidas, muta de opinión. Pero siempre con un recambio en la presidencia del Gobierno, porque al constituyente de 1978, discípulo del autor de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, le pasaba lo que a los artistas del barroco, que tenía horror al vacío, aunque fuese solo por un instante.

¿Cómo había sido investido Rajoy? No hace ni tan siquiera 20 meses, aunque pareciera todo un siglo. Luego de dos elecciones que reflejaron que la sociedad estaba muy fragmentada (los partidos tradicionales descendieron, pero no del todo, porque el miedo a Podemos fue más poderoso que ninguna otra cosa), sucedió que el PSOE, con sus escuálidos 84 escaños, se podía ver abocado (en caso de que al PP, con apenas 137, más los 32 de Cs, no le alcanzara) a unos terceros comicios donde se le auguraba una catástrofe aun mayor.

De ahí el nada sencillo debate de Ferraz, que (excluida la gran coalición a la alemana bajo el liderazgo del entonces presidente, que era un sueño de este) tenía que elegir entre dos males, a cual peor. Finalmente, optó por evitar esa nueva llamada a las urnas, lo cual en segunda vuelta le obligaba, a su pesar, como diría Filomeno, a no votar en contra, sino solo abstenerse. Una solución que resultó traumática y que se cobró el precio de la cabeza del entonces secretario general, un tal Pedro Sánchez, y su reemplazo por una comisión gestora.

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Con todo, lo que formalmente fue una abstención no constituyó, en los hechos, la menor expresión de confianza en el programa en la persona del candidato del PP ni, menos aún, un mensaje de que se iba a facilitar la gobernabilidad: la aritmética —sobre todo si es tan raspada— tampoco lo termina de explicar todo. Era una solución puramente táctica y que dejaba al presidente del Gobierno —su partido había sido, sin duda, el más votado, pero no el ganador, que es otra cosa: hay que hablar con precisión— en una posición precaria: solo duraría lo que el propio PSOE y el resto de los partidos tardaran —con ánimo, por ejemplo, de evitar de nuevo unas elecciones anticipadas: de nuevo son razones puramente tácticas— en ponerse de acuerdo para sumar sus votos.

Sobre todo habría de ocurrir tal cosa si además se daba la conjunción astral —también hay que exponerlo para que el cuadro resulte completo— de que el PP tampoco quisiera elecciones y ser desalojado del poder le pareciese, en cierto sentido, el mal menor. Sin todo eso —y partiendo de la base de que la sentencia de la Gürtel fue un puro detonante—, no habríamos tenido un 1 de junio de 2018, por inestable que fuera el esquema de octubre de 2016.

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En suma, que la investidura de Sánchez —en eso consisten las consecuencias de una moción triunfadora, cierto que sin las previas consultas del Rey— tiene mucho de artificio, sin duda, pero no más que la de su antecesor en octubre de 2016. Por eso en esta ocasión, por primera vez en casi 40 años de vida constitucional, la moción sí ha podido terminar prosperando: el que estaba en La Moncloa gozaba, sí, de un título con plena legitimidad y validez en lo formal, pero en realidad era algo parecido a un mero precarista. Tan inestable como una silla sobre dos patas. Solo un equilibrista habría sabido mantenerla en pie.

Conclusión de las conclusiones: está bien que se afirme que lo de mayo y junio de 2018 no satisface materialmente las exigencias constructivas de una moción de censura, pero el argumento quedaría más completo (sería menos sesgado, si se quiere ver así) si se menciona también lo que sucedió en octubre de 2016. Las monedas tienen siempre dos caras y la de hoy no se entiende sin la de entonces. Postizo —pese a sus 180 votos a favor— lo actual, sí, pero también lo de antes. Pongamos a cada cosa el que es su nombre.

Opinión

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Con una diferencia en contra de lo de antes: que sus beneficiarios no conocían (o fingían no conocer: quien se dedica profesionalmente a dar gato por liebre es el primero que no ignora que hay gato encerrado) cuán débil era, en términos de parlamentarismo bien entendido, su sustrato real. Desoyendo así el sabio consejo del maestro Ortega y Gasset: toda realidad ignorada prepara su venganza. Que además —la venganza— suele ser cruel.

Aunque, para decirlo todo, con otra diferencia, ahora a la inversa. Si 137 escaños son pocos, 84 menos aún. A nadie en su sano juicio se le ocurriría, en este segundo escenario, lanzarse a una reforma constitucional —incluso aunque su contenido no fuera disparatado— que requiere mayorías reforzadas (y eso que, se insiste, la aritmética, aun siendo indispensable, no termina de explicarlo todo). Y mucho menos calificarla, no solo de 'deseable' —a la hora de desear, cada uno es muy libre— sino también de 'viable' —?— y para más escarnio, 'urgente'. Lo de ignorar las realidades —como si los hechos no fueran tozudos— parece estarse extendiendo como una pandemia.

*Antonio Jiménez-Blanco, letrado de las Cortes Generales (excedente).