Sanidad universal. Entre la xenofobia y la inocencia
Damos la bienvenida a una mejora efectiva de la asistencia sanitaria a los inmigrantes y la vuelta al concepto del derecho a la salud como un derecho de ciudadanía, y reclamamos diálogo y acuerdo
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Como era de esperar, el Gobierno Sánchez ha anunciado a bombo y platillo la recuperación de la “sanidad universal” mediante la eliminación del decreto 2012. El decreto 2012, entre otras múltiples medidas, cambió el concepto de derecho a la asistencia. La asistencia sanitaria pasó de ser derecho de ciudadanía a derecho de aseguramiento. Esto quiere decir que solo aquellos que cotizaban o reunían una serie de condiciones tenían derecho a la asistencia. Este cambio de concepto fue ampliamente criticado por sectores profesionales, sociedades científicas y ONG dedicadas a la ayuda a los inmigrantes, al dejar descubierta de asistencia sanitaria de un elevado porcentaje de la población migrante. Hay que decir, en honor a la verdad, que con anterioridad a la publicación del decreto 2012 la legislación sanitaria no amparaba a TODOS los indocumentados, si no solamente a quienes estaban empadronados en los censos municipales. Esta distinción no es baladí, pues exige un cierto control de la población asistida que evite duplicidades o engaños.
Desde Ciudadanos, siempre hemos reclamado que la asistencia sanitaria sea un derecho de ciudadanía, así lo de dice el punto 55 de nuestro programa electoral. Igualmente hemos criticado que se limite la asistencia a los inmigrantes indocumentados, en el caso de los mayores de edad, a los servicios de urgencias. Esta limitación es económica y sanitariamente ineficiente. Creemos que es necesario asegurar un correcto acceso a la atención primaria de toda la población migrante, de tal manera que sean los facultativos quienes determinen la existencia o no de una enfermedad grave que precise tratamiento especializado. Nadie debería morir ni quedar sin un tratamiento necesario por falta de asistencia sanitaria en nuestro país. Sin embargo, no creemos que sea la solución ideal el proporcionarles la misma tarjeta con las mismas prestaciones, entre otras cosas porque no es la política más habitual en Europa y esto podría causar problemas transfronterizos de flujo de pacientes y responsabilidades legales en la Unión.
Nadie debería morir ni quedar sin un tratamiento necesario por falta de asistencia sanitaria en nuestro país
Si miramos lo publicado en el número de diciembre de 2014 de 'Eurohealth' (la revista trimestral del observatorio europeo de la salud), podremos comprobar los siguientes datos: en 18 de los 29 países europeos solo se permite el acceso a los sistemas de urgencias; en 11 de ellos, además, se les exige el pago de alguna cantidad. En Alemania se permite el acceso a todos los servicios, pero se comunica inmediatamente a los servicios de Inmigración, lo que en la realidad limita su acceso por el riesgo de ser expulsados.
En los cinco países que en aquel informe figuraban como sistemas de acceso universal (Francia, Bélgica, Holanda, Portugal y Suiza), se exigen también requerimientos de identificación y permanencia en el país, así como el pago de los servicios en algunas ocasiones. En países con un PIB tan elevado como Noruega, se les exige el pago completo de los servicios. Nos encontramos, pues, una tremenda variabilidad en la asistencia a los inmigrantes indocumentados en el conjunto de la Unión. Estas diferencias hacen que sea urgente establecer una política común. Sí exigimos, como bien ha señalado el ministro Borrell, un acuerdo europeo sobre política migratoria, no deberíamos excluir de él una política común sobre derechos y deberes de los migrantes en el acceso a los servicios públicos de salud. España siempre ha sido un país generoso a este respecto y debe liderar la consecución de un acuerdo que homogeinice los derechos de los inmigrantes en toda la Unión. Conviene recordar que la política migratoria es una política global y que no debe limitarse a medidas aisladas, cosméticas y efectistas.
Debemos mantener una actitud responsable y colaboradora con nuestros socios y evaluar con rigor el impacto que algunos anuncios y algunas medidas pueden tener en nuestro sistema de protección social. Debemos explicar, especialmente en este caso, que hay aún una parte del mismo que depende exclusivamente del Gobierno central, como es el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Relajar el control de las fronteras y universalizar todas las prestaciones sin ningún control ni requisito puede acabar colapsando la asistencia sanitaria en ambas ciudades autónomas. Ahora mismo, ya se encuentran al borde de la catástrofe. El Gobierno de la nación debe valorar cuidadosamente si un país, con la presión migratoria del nuestro, puede permitirse una política naíf o si tiene derecho a la existencia de unas fronteras seguras que garanticen, a la vez, un trato humano a quienes huyen de la miseria y la guerra junto con la pervivencia de un Estado del bienestar razonable.
No se entiende una postura que permita el paso de las personas mientras se estigmatizan los tratados de libre comercio
La libertad de cruzar las fronteras debe incluir también la libertad de comercio que asegure un crecimiento sostenible de las zonas más depauperadas del planeta. No se entiende una postura que permita el paso de las personas mientras se estigmatizan los tratados de libre comercio que aseguran el crecimiento económico de sus países de origen. Necesitamos una política exterior que exija de manera efectiva la universalidad de los derechos humanos. Es precisa también una política de defensa común que garantice el mantenimiento de la paz y el orden mundial en colaboración con nuestros aliados y evite catástrofes como las de Siria o Sudán. Estas son las razones de la crisis migratoria: miseria, opresión y guerra.
Damos pues la bienvenida a una mejora efectiva de la asistencia sanitaria a los inmigrantes y la vuelta al concepto del derecho a la salud como un derecho de ciudadanía, pero reclamamos diálogo y acuerdo para no tener que lamentar dentro de pocos años una política cortoplacista y miope. No es necesario ser un experto en política internacional para comprobar el terrible aliciente que supone para los movimientos xenófobos en toda Europa la inexistencia de corresponsabilidad en las decisiones sobre política migratoria. Hungría, Alemania, Francia, Grecia, Italia, Austria… Casi todos los paises de la Unión están viendo crecer movimientos xenófobos impulsados por estas políticas. Los ciudadanos han hecho un esfuerzo terrible para superar la crisis y mantener nuestro Estado del bienestar. Su generosidad debería verse recompensada por una política sensata y responsable que combine la generosidad con el rigor. Digamos sí a la sanidad universal pero digamos sí, también, a un acuerdo europeo sobre políticas migratorias. Un acuerdo que incluya también un trato sanitario común a los inmigrantes indocumentados. Existe un camino responsable entre la xenofobia y la inocencia. Como ha dicho recientemente Emma Bonino sobre la resolución de la crisis migratoria: “Depende de cuánto cuiden los ciudadanos el proyecto europeo y cuánto empeño pongan en reconstruirlo. Y también depende de cuántos se dejen engatusar por estas teorías soberanistas, nacionalistas y racistas que, por el momento, son muy populares. Depende de nosotros”.
*Francisco Igea es diputado de Ciudadanos en el Congreso.
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