Como la modernización de la Justicia es uno de esos debates recurrentes en España, también lo son los olvidos, por ejemplo, la verdadera independencia del Ministerio Fiscal. Hablamos de una redefinición de la figura del fiscal, estableciendo un diseño que destierre toda posibilidad de ejercer influencia política sobre la institución. Lo diré de una forma más directa aún: no puede haber modernización de la Justicia sin una clara independencia de la Fiscalía porque solo así conseguiremos eliminar las dudas y las descalificaciones de las que somos objeto los fiscales entre la ciudadanía; un prejuicio muy dañino para la imagen del Poder Judicial en su conjunto.

El Ministerio Fiscal no debiera verse nunca afectado por suspicacias o contiendas partidistas. Punto. La aspiración de la carrera fiscal es la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, que es lo que prevé su estatuto. El fiscal, que está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, tiene como misión destacada la de velar por la independencia de los tribunales, sometido a los principios de legalidad e imparcialidad. De ahí viene todo, de ese principio fundamental: mal andamos en España si se duda de la imparcialidad del órgano que tiene como misión velar por la independencia de los tribunales, y por ende del Poder Judicial.

Esta configuración del fiscal fue la que el constituyente recogió en la Constitución del 1978, plasmándola en su artículo 124, dentro de los artículos que regulan el Poder Judicial y, por tanto, claramente alejando al fiscal del Poder Ejecutivo. El estatuto orgánico del Ministerio Fiscal no establece dependencia alguna del Ministerio Fiscal con el Gobierno, ni admite facultad alguna de este para dar instrucciones o dirigir la actuación del Ministerio Fiscal. Pese a lo anterior, existe en el Poder Ejecutivo una tendencia o deseo de interferir en la Administración de Justicia, en intentarlo a través de la Fiscalía. Y ya les digo que, aunque exista esa tendencia, aunque siempre haya existido, se trata de una aspiración inadmisible frente a la que los fiscales nos defenderemos con uñas y dientes.

Aunque exista esa tendencia, se trata de una aspiración inadmisible frente a la que los fiscales nos defenderemos con uñas y dientes

Por esa razón, quizá ha llegado ya el momento de abordar de una vez por todas esa necesaria reforma para alejar de la Fiscalía toda sospecha de politización y evidenciar la imparcialidad de la institución. Formularé algunas de las modificaciones que son necesarias para ello. La más inmediata, la revisión del sistema de nombramiento del fiscal general del Estado mediante fórmulas que permitan un sistema de selección más participativo, que limiten las causas de cese del mismo y que establezcan un período de mandato superior al de la legislatura del partido en el Gobierno. Para despejar toda duda de politización se aboga, además, por la supresión de la posibilidad de que el fiscal general del Estado sea llamado por el Gobierno en ningún caso, inconveniente que genera sospechas de dependencia del Ejecutivo.

También sería fundamental que toda comunicación que se realice entre el Ejecutivo y el fiscal general del Estado sea por escrito, de forma que quede constancia de su contenido a fin de dotar dichas relaciones de la necesaria transparencia. Eso, además de dotar a la Fiscalía General del Estado de autonomía presupuestaria, disciplinaria y reglamentaria para garantizar su funcionamiento completamente desvinculado del Ministerio de Justicia. La transparencia en el ejercicio del poder siempre ha sido uno de los fines esenciales de la democracia, pero es hoy en día, en esta época que vivimos, cuando la sociedad nos lo exige con más fuerza. En castellano se entiende bien esa expresión, “las cosas, por escrito”, y esa debe ser la comunicación del Gobierno con el fiscal general del Estado.

Entre tanto llegan esas reformas, lo que exigimos los fiscales a los políticos es que no contribuyan con sus debates a empeorar la situación

De todas formas, entre tanto llegan esas reformas, que algún día habrán de llegar, lo que sí exigimos hoy los fiscales a los políticos es que, por lo menos, no contribuyan con sus debates a empeorar la situación. Lo que quiero decir es que los fiscales exigimos a la clase política, fundamentalmente al Ejecutivo, un exquisito cuidado en sus relaciones con el Ministerio Fiscal y, además, un exquisito cuidado también en sus referencias sobre el funcionamiento de la Fiscalía. En ocasiones, se oyen algunas cosas que pueden acabar confundiendo a la ciudadanía y acabar pensando que el Gobierno da 'instrucciones' al Ministerio Fiscal, cuando todo sabemos que esto no es ni siquiera legalmente posible.

*Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.