Mangada y la Operación Chamartín
Desde que alcanzamos el marco de entendimiento para el desarrollo de un nuevo plan Chamartín, se ha manifestado contrario a la propuesta en reiteradas ocasiones
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El arquitecto Eduardo Mangada es una figura clave del urbanismo madrileño. Fue primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo con Tierno Galván (1979-1982) y posteriormente consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda (1983-1987) y de Política Territorial, Obras Públicas, Transportes y Urbanismo (1987-1991) de la Comunidad de Madrid en los gobiernos de Joaquín Leguina.
Su retirada de la política institucional, junto a la posterior salida del partido socialista del Gobierno autonómico (1995), abonó el terreno para que la derecha personificara en él todo aquello que pretendía 'superar'. El PP, que iba consolidando su poder mientras encadenaba mayorías absolutas en ayuntamiento y comunidad, se afanó en denostar su discurso y su legado para justificar la implantación de un modelo urbano que concebía el suelo y el territorio como un producto de consumo.
Tras varios años alejado de la vida pública, Mangada reapareció para presentarse como candidato independiente a las primarias de Podemos al Senado en 2015, y desde entonces sus manifestaciones políticas se han multiplicado, especialmente en casi todo lo relacionado con la política urbanística del ayuntamiento. Contrasta la posición tan beligerante que mantuvo en relación al proceso para la remodelación de plaza de España, aunque terminó felicitando el resultado, con el silencio que ha guardado respecto de la Ley del Suelo impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuya aprobación tendría consecuencias desastrosas para el desarrollo urbano y territorial de nuestra región.
Pero si ha habido un tema que ha concitado los mayores ataques de Eduardo, ese ha sido la Operación Chamartín. Desde que alcanzamos el marco de entendimiento para el desarrollo de un nuevo plan Chamartín con el Ministerio de Fomento-Adif y la empresa Distrito Castellana Norte (DCN) —concesionaria de los derechos de los suelos de Adif—, se ha manifestado contrario a la propuesta en reiteradas ocasiones.
Tras años alejado de la vida pública, reapareció para presentarse como candidato independiente a las primarias de Podemos al Senado en 2015
Hace unos días, en un artículo publicado en 'El País', señalaba que Adif estaba “aún a tiempo” de no renovar el convenio con DCN. Del texto sorprende, en primer lugar, que quien fuera el inventor de los 'convenios urbanísticos' ahora confunda este instrumento, prohibido hace años por los tribunales por el mal e indiscriminado uso que se hizo de ellos, con un contrato mercantil entre dos empresas, una privada y otra pública. Y sorprende aún más que la solución del, en otros tiempos, pragmático Mangada pase por no renovar un contrato en vigor desde hace 24 años, abocando con ello a una judicialización de esta actuación urbanística que no sabemos ni en cuánto tiempo ni de qué forma se llegaría a resolver. Es cierto que las condiciones resultantes de ese hipotético proceso judicial podrían ser más favorables que las actuales, pero no es en absoluto descartable que ocurra justo lo contrario.
Nosotros no llegamos al Gobierno municipal para esquivar los problemas o postergarlos al futuro. La ciudadanía nos ha elegido para buscar soluciones, casi siempre a través del diálogo y la negociación con otros actores. Y por más que desde algunas entidades, a las que Mangada parece considerar el sanedrín del urbanismo, se nos reproche el haber reconducido otras grandes actuaciones a través del consenso, la realidad es que todas están resueltas de manera exitosa. Hoy ya nadie se atreve a cuestionar la solvencia de nuestro ayuntamiento para gestionar la pesada herencia urbanística recibida de los gobiernos del PP.
Así lo hemos hecho también en Chamartín, superando los planteamientos que históricamente habían definido esta actuación. El cambio estructural se concretó en el proyecto que denominamos Madrid Puerta Norte, unánimemente aplaudido incluso por el propio Mangada. En rápido recordatorio, suprimimos los derechos edificatorios generados sobre las infraestructuras en uso (vías del tren), lo que supone una rebaja de edificabilidad de 714.000 metros cuadrados respecto de la que hoy fija el Plan General, dividimos el ámbito único para terminar con la posición dominante que mantenían Adif-DCN como propietarios mayoritarios en el conjunto pero no en todos los sectores resultantes, y renunciamos a la innecesaria y artificial Prolongación de la Castellana, que reclamaba la costosísima y desacertada obra de remodelación del nudo norte en cinco niveles, diseñado para atraer aún más tráfico a la zona. Además, situamos el gran centro de oficinas en las proximidades de la estación, al sur de la M-30, para garantizar un adecuado acceso en transporte público a los futuros edificios y reducir la dependencia del coche.
Nosotros no llegamos al Gobierno municipal para esquivar los problemas o postergarlos al futuro. La ciudadanía nos ha elegido para buscar soluciones
Volviendo al artículo, Mangada concluye afirmando, entre exclamaciones, que “el suelo público está para responder a las necesidades y esperanzas de la ciudadanía y no como mercancía”. Faltaría más. De hecho, olvida que no solo el suelo público sino también el privado debe responder a esas necesidades y esperanzas, de ahí las cargas y obligaciones que establece la regulación urbanística sobre los suelos que no son de titularidad pública. Esto ocurre en Chamartín, donde el ayuntamiento recibe el 36% de toda la edificabilidad residencial (pública y privada) para ampliar el parque de vivienda municipal. Del mismo modo, se crean nuevas zonas verdes y equipamientos con el fin de reducir el histórico déficit dotacional de barrios como Begoña o Fuencarral. Nuevas viviendas, dotaciones y redes públicas que se implantarán en suelos ferroviarios que, aun siendo públicos, hoy no tienen más utilidad que acompañar el recorrido de las vías del tren, y tampoco parece que a una entidad como Adif le corresponda desarrollar directamente.
Todo esto lo sabe bien Eduardo. O debería saberlo antes de afirmar tan alegremente que el proyecto es lesivo sin más razón que hay detrás un “grupo inversor”. Curioso argumento viniendo de alguien que durante tantos años tuvo que discutir, negociar y acordar con los muchos y muy diversos actores (públicos y privados) que intervienen en la construcción de la ciudad. Y por eso precisamente le recordamos, porque fue capaz de hacer un urbanismo progresista asumiendo los límites, contradicciones y concesiones que exige cualquier acción de gobierno. Ojalá en el próximo artículo volvamos a reconocer al Mangada de aquellos tiempos.
José Manuel Calvo es concejal de Desarrollo Urbano Sostenible en el Ayuntamiento de Madrid.
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