En apoyo de Eduardo Mangada: sobre la Operación Chamartín

El pasado 17 de julio, Eduardo Mangada, reconocido urbanista, que fuera concejal de Urbanismo y consejero de la Comunidad de Madrid, publicó en 'El País' el artículo “Chamartín: aún a tiempo”, llamando a parar esta operación inmobiliaria y replantear el destino del suelo público en la ciudad. Consideraba que es el momento adecuado de “recordar los pasos andados, borrar los equivocados” y que el nuevo Gobierno socialista podría poner el suelo público ferroviario a disposición de la ciudad y no como parte de un gran negocio especulativo.

Cuando en 1993 el Ministerio de Fomento decidió la remodelación de Chamartín para la creación de una gran estación de AVE y Cercanías, Renfe optó por la gestión privada de la operación a través de un concurso para adjudicar una opción de compra, a cambio de la puesta en marcha de una actuación inmobiliaria que el adjudicatario tendría que negociar con las administraciones competentes (ayuntamiento y Comunidad de Madrid).

Opinión

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Los documentos en que se plasmaron las condiciones de adjudicación, así como sus sucesivas y sustanciales modificaciones, se han mantenido ocultos, por lo que muchos colectivos hemos venido reclamando que se hagan públicos —recientemente, incluso a través del Portal de Transparencia—, en la convicción de que existen razonables dudas sobre la legitimidad e incluso legalidad actual de la concesión en favor de DCN (BBVA y Constructora San José). Teniendo en cuenta, por una parte, que un 82% de los suelos actualmente comprendidos en la operación son de titularidad pública. Y, por otra, que la ordenación de esta pieza estratégica de la ciudad es del máximo interés general para conseguir un hábitat más sostenible y equilibrado en nuestra región.

La empresa adjudicataria ha sido incapaz de iniciar ninguna actuación, dedicando sus esfuerzos a la renegociación de las condiciones de la operación

Hasta el momento, la empresa adjudicataria ha sido incapaz de iniciar ninguna actuación, dedicando sus esfuerzos a la renegociación de las condiciones de la operación y en la consecución de una ordenación urbanística que le garantice el máximo beneficio económico posible.

Los firmantes de esta carta, al igual que el propio Mangada, y muchas personas más, fuimos muy críticos con la Operación Chamartín de Ana Botella, y aplaudimos, en cambio, la propuesta del nuevo ayuntamiento en el verano de 2016, a partir de la cual considerábamos se podían encajar las aspiraciones de todas las partes con legítimos intereses en la operación.

Gran paso atrás

Este escenario de consenso se rompe poco después con la finalización unilateral del proceso participativo por parte del ayuntamiento, y con el posterior acuerdo que este alcanzó con el BBVA y ADIF (en julio de 2017), que supone un gran paso atrás: adjudica al BBVA más terciario que la propuesta aprobada por la corporación de Botella. Su objetivo: edificar un ‘mini-Manhattan’, tan disparatado e insostenible como inviable, entre la estación y la M-30. Además, desaparecen las campas de Fuencarral y se sustituye el gran Parque Lineal por una losa de hormigón sobre las vías de Chamartín a la que se atreven a denominar 'parque'.

Teniendo en cuenta que hablamos de una operación que se basa en un negocio con el suelo público, el arquitecto reclamaba la no renovación del contrato

El artículo de E. Mangada partía de esta situación: la de un contrato renovado y modificado sucesivamente, incluso en contra de informes técnicos del propio Renfe-ADIF, que vence por enésima vez a finales de este año. Teniendo en cuenta que hablamos de una operación que se basa en hacer negocio con el suelo público, el arquitecto reclamaba al ministerio —con toda sensatez— que no se renovase el contrato, de manera que la actuación pudiera replantearse sin esos condicionamientos inmobiliario-financieros, en beneficio de una ciudad más equilibrada, equitativa y sostenible.

El citado artículo ha sido contestado por el concejal responsable del área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en El Confidencial, el pasado 27 de julio, mismo día en que se presentaba ante los medios una ‘fake-maqueta’ (una feria de luz y color) de la operación.

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El concejal dice sorprenderse de que Mangada proponga “no renovar un contrato en vigor desde hace 24 años”, cuando sabe que el contrato vence en unos meses, y que su no renovación no es ninguna ocurrencia de aquel, sino una demanda social ampliamente respaldada, como prueba el que se haya reclamado recientemente por el grupo parlamentario Unidos Podemos a través de una proposición no de ley (registrada el pasado 10 de julio).

También le acusa de que, si no se renovara, se judicializaría la actuación, aunque reconoce que las condiciones resultantes de un proceso judicial “podrían ser más favorables que las actuales”, por no decir que quedaría, simplemente, rescindido.

Alejarse del 'lobby' especulativo

Debería saber este concejal que, tal como señala el artículo de Mangada, la renovación de la concesión de DCN no es una cuestión formal o administrativa, sino que atañe a los principios de la gestión urbana de nuestros gobernantes. La no renovación de esa concesión por parte de Fomento es actualmente la condición para que el ayuntamiento reconsidere la Operación Chamartín sin las presiones del negocio inmobiliario especulativo y pueda, de paso, atender propuestas de muchos colectivos y entidades a las que viene ignorando desde otoño de 2016.

Por eso, el concejal y el ayuntamiento, en lugar de polemizar con Mangada, deberían dirigir sus esfuerzos hacia el Ministerio de Fomento para que no renueve esa concesión, y para que haga públicos de inmediato todos los documentos de la Operación Chamartín.

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Quienes firmamos este escrito agradecemos a Eduardo Mangada su pronunciamiento a favor de un urbanismo progresista, en el que el suelo público no sirva para la especulación inmobiliaria y se utilice en bien de la ciudad y la ciudadanía, bajo los principios de la sostenibilidad medioambiental, la equidad social y el reequilibrio territorial.

Lamentamos, por el contrario, que desde la concejalía se polemice 'ad hominem', contra una persona que ha demostrado sobradamente su compromiso social y solvencia profesional, como si se tratara solo de opiniones personales, cuando les consta que reflejan el sentir de un amplio sector de nuestra ciudad.

Este ayuntamiento tiene que entender que su gestión de la Operación Chamartín servirá para retratar su gestión urbanística de cara a la historia. Y que no debería confundirse de contrincantes.

*Colectivos firmantes:

Asociación Vecinal La Flor del Barrio del Pilar, Asociación Vecinal de Valverde, Asociación Vecinal La Unión de Fuencarral, Asociación Vecinal Familiar Ur del Poblado de Fuencarral, Asociación Vecinal Virgen de Begoña, Asociación Vecinal de Montecarmelo, Asamblea Barrio del Pilar 15M, Asamblea Prosperidad 25M, Asociación Vecinal Valle-Inclán de Prosperidad, Asociación Vecinal Familiar San Cristóbal, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Asociación para la Defensa del Estado de Derecho (ADED), Club de Debates Urbanos, Ecologistas en Acción Madrid, Instituto para la Democracia y el Municipalismo (IDM), Plataforma por el Derecho a la Ciudad, Plataforma Zona Norte.