La democracia es la única razón de Estado

No crean que cuando esta semana, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos decidieron que nadie en España tiene derecho a conocer si el Rey emérito se aprovechó de su cargo para su beneficio personal, le han hecho un favor a la monarquía

Foto: Fachada del Congreso de los Diputados. (EFE)
Fachada del Congreso de los Diputados. (EFE)

No crean que cuando esta semana, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos decidieron que ni ustedes, ni yo, ni nadie en España tiene derecho a conocer si efectivamente Juan Carlos de Borbón y Borbón se aprovechó de su cargo para su beneficio personal —ni durante su mandato ni después de haber cedido el puesto a su primer hijo varón— le hicieron un gran favor a la institución monárquica.

Que los gobernantes hayan utilizado sus cargos en beneficio propio no parece una gran novedad en este país. Pero que en España se utilice la razón de Estado para taparlo es toda una divisa. De sobra conocíamos la prescripción, el indulto, la nulidad de las actuaciones o el sobreseimiento por cambio de juez. Hoy el Rey emérito ha inaugurado la categoría de inviolabilidad en la olimpiada del privilegio. Y tan campechano.

No es broma. Cuando el régimen del 78 coló al rey en el lote de la democracia —como reconoció 'off the record' hasta el propio Adolfo Suárez— para evitar que se sometiera a una peligrosa voluntad popular no solo garantizó su presencia, también garantizó con ella la pervivencia de todo el poder económico, financiero, mediático y judicial del franquismo y —lo más importante para entender lo que ha pasado en España— su privilegio de impunidad, presente y futura. Se garantizó que, pasara lo que pasara en la naciente democracia, ellos continuarían manejando los resortes económicos y administrativos del poder.

En realidad, lo que Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han hecho esta semana es ratificar el carácter atemporal de esa impunidad, bajo el manto del Estado y no solo en la persona de Juan Carlos, sea rey o no de "todos los españoles" —y de las españolas aunque ni siquiera nos nombren— sino también para todos aquellos para los que la monarquía significó que sus privilegios estarían siempre fuera del alcance de la democracia y que sus actos nunca podrían ser enjuiciados, no ya por sus jueces, sino ni tan siquiera por el espacio público de la discusión ciudadana.

El régimen del 78 coló al rey en el lote de la democracia y aseguró con ello la duración del poder económico, financiero y judicial del franquismo

Que las familias que gobernaban el Estado lo siguieran gobernando, que los Tribunales que juzgaban en nombre del Estado siguieran juzgando, que los empresarios que parasitaban el Estado lo siguieran parasitando, que los policías corruptos que se amparaban bajo el Estado se siguieran amparando. Toda una estructura de poder aristocrática basada en la impunidad y el secreto que extiende su poder, su patrimonio y su impunidad hasta nuestros días.

Aristocrática no es solo un adjetivo. Si Pedro Sánchez cumpliera su promesa de enseñarnos la lista de los amnistiados fiscales, podríamos compararla con esa nobleza bizarra que campea en nuestro país: sería divertido ver si —por una casualidad del destino— ahí aparecen los flamantes marqueses de Puebla de Cazalla (Abengoa), de Pedroso de Lara (Planeta), del Valle de Tena (ABC), de la Ribera del Sella (Dragados), el marqués de Villar Mir (OHL), el de Garrigues, etc. Casualidades. Que la selectiva aristocracia borbónica parezca el listado del selectivo IBEX 35 es tan casual como que en el currículum de sus fundadores siempre haya un alto cargo franquista.

La España de hoy no se entiende sin esa aristocracia empresarial, dueña de un Estado bajo el que cualquier corrupción se tapa, cualquier negocio se esconde y cualquier problema se arregla. La que pone a sus embajadores a acompañar a Corinna en sus viajes de intermediación comercial, la que asciende y paga a esa parte de la justicia que inventó la doctrina Botín, la misma que absolvió de violación a la manada, la que nos deja en ridículo diciéndole al mundo que en España poner urnas es un delito de rebelión, la que se apresura a cerrar el caso Tándem mientras encarcela titiriteros, raperos y actores, la misma que esta semana volvió a meter en la cárcel a otros dos sindicalistas —Pablo Alberdi y Jorge Merino— por participar en la huelga general de 2012.

No, la España de hoy aún no se entiende sin esa élite de poder económico que sostiene y recurre a esa parte de la policía que fue condecorada por sus torturas, la del siniestro jefe de los antidisturbios que golpeaba a los sindicalistas de Coca-Cola por encargo de su jefe de personal, la misma que apuñaló a la doctora Pinto y que ayuda a cruzar fronteras y blanquear dinero y, si hace falta, vende nuestras llamadas telefónicas o nuestros movimientos bancarios. Esa misma que ahora amenaza a través de sus medios de comunicación con avanzar en la línea sucesoria si no le dejan seguir con sus chanchullos y su cuota de inviolabilidad. Que tengan cuidado.

Porque medios no les faltan. Ni espacios en las televisiones que se repartieron como cromos los marquesados. Y son los mismos medios, los mismos expertos, los mismos tertulianos que salen a decirnos, todos de acuerdo y todos a la vez, que la economía iba bien, que ahora va mal, que nos invaden los refugiados, que a Pablo Iglesias lo financia Venezuela y que a Ciudadanos le va bien en las encuestas.

La monarquía representó en el 78 a esa España intocable. Con inviolabilidad legal o sin ella. Lo que ahora han hecho PP, PSOE y Ciudadanos es extender la concesión como si fuera una de sus autopistas. Hay aún, por desgracia, una importante parte del bipartidismo que vive aterrada bajo la teoría de la disuasión nuclear de cuarenta años de gobierno al dictado de esa aristocracia. Y al fin y al cabo Ciudadanos es solo el producto político de esa élite para demostrar a PP y PSOE que nadie es imprescindible… y apuntalar el edificio en caso de que alguna de las dos paredes se caiga.

No va a ser fácil sacar a Franco del grotesco mausoleo de Estado que arruina el valle de Cuelgamuros en la sierra de Madrid. Más difícil aún va a ser sacar el franquismo. Pero lo haremos. Cuando el Estado deja de ser una estructura estable que da continuidad a los derechos de una ciudadanía libre para convertirse en la manta bajo la que cobijar el enriquecimiento ilícito, el favor personal, la impunidad absoluta y la amnistía fiscal, la democracia se convierte en careta y la corrupción en norma.

Vista general del monumento del Valle de los Caídos. (EFE)
Vista general del monumento del Valle de los Caídos. (EFE)

Pero no van a poder. El Estado no son ellos. El estado son los jueces independientes que no ascienden, los fiscales honestos que les trasladan, los policías defenestrados por querer hacer bien su trabajo, los verdaderos periodistas que no encuentran medios donde salir y publicar.

Cuarenta años son muchos años. Hay una España con nuevos medios de comunicación, nuevas empresas, nuevos políticos, y un nuevo partido que no está dispuesto a aceptar ninguna zanahoria ni ningún chantaje para tapar más inmundicias ni ofrecer tablas de salvación a nadie por importante que sea o haya sido. Hay, sobre todo, una nueva conciencia en una ciudadanía renovada que sabe que cuando un delincuente es impune, muchos incompetentes son irresponsables, una ciudadanía que ya no se resigna y exige que nadie esté por encima de la ley. Que este Estado lo pagan ellos y no puede estar al servicio de los de siempre.

Y esta conciencia democrática trasciende a las personas, a las opciones políticas y a los cargos que ocupamos un día y otro nos marchamos. Es el sentido de la permanencia de unas estructuras que deben garantizar la legalidad, la seguridad, la justicia, el bienestar y la igualdad de oportunidades de todas y todos los que sostenemos este país. No la complicidad y la ocultación. La democracia es la única razón de Estado.

*Gloria Elizo es diputada de Unidas Podemos y vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso de los Diputados.

Tribuna
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