Deontología y secreto profesional
Parece indiscutible que el deber de sigilo debe alcanzar cuotas de mayor exigencia en aquellas profesiones que tienen una elevada responsabilidad social
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Jeremy Bentham, filósofo y jurista inglés, en su obra 'Deontología y ciencia de la moral', decía que “una fraseología vaga produce necesariamente ideas vagas. En manos de hombres bien intencionados, es fuente de confusión; en las de mal intencionados, un instrumento de ruina”.
Pues bien, parece que esta cita adquiere en estas últimas semanas toda su intensidad al resonar en nuestras mentes las grabaciones obtenidas de manera fraudulenta en un acto reservado, en las que se pretende la búsqueda de la ruina personal de algunos; y en un sentido más amplio afectar a uno de los pilares del Estado de derecho. Con independencia de la valoración que merece el contenido de las filtraciones y de la responsabilidad que se pueda derivar de esta, al dejar a sus protagonistas en una situación ciertamente delicada, su amplia difusión mediática ha puesto en el punto de mira al conjunto del mundo judicial, fiscal y la cúpula policial como si lo completamente excepcional fuese lo habitual.
La sociedad española, cuerpo colectivo compuesto de diversas opiniones, no es ajeno a este campo de debate al convertirse en árbitro y destinatario final de estos mensajes mal intencionados, los cuales repercuten negativamente en la consideración y la reputación del servicio público que presta la Justicia.
En un momento en que España se enfrenta a numerosos desafíos, desde cualquier punto de vista que se quiera adoptar, se hace necesario transmitir un mensaje claro de tranquilidad, responsabilidad y transparencia al justiciable, resaltando nuevamente el nivel profesional que desempeñan los miembros de la carrera judicial y fiscal ajenos al juego político y a situaciones contrarias a un determinado comportamiento ético.
Parece indiscutible que el deber de sigilo debe alcanzar cuotas de mayor exigencia en aquellas profesiones que tienen una elevada responsabilidad social, las cuales se encuentran legal y moralmente obligadas a alcanzar un necesario equilibrio entre un determinado estilo de vida y el alto nivel de profesionalidad técnico jurídica que se debe desplegar en su actuación, y que su incumplimiento debe poner en marcha un importante conjunto de resortes legales que restablezcan la vigencia de la situación creada.
Los profesionales del derecho, y más particularmente los jueces y fiscales, al desarrollar una alta magistratura del Estado, se encuentran sujetos a importantes limitaciones en su vida profesional que tienen como límites legales el secreto profesional y su amenaza en la responsabilidad penal o la potestad sancionadora de sus órganos de control; además, existen otros filtros éticos o morales consistentes en la asunción personal de un correcto comportamiento que dignifique la función constitucional que se ejerce. En este último aspecto, las asociaciones profesionales y la lealtad a la institución a la que se representa ocupan un papel importante.
Los profesionales del derecho están sujetos a importantes limitaciones en su vida profesional que tienen como límites legales el secreto profesional
El Consejo General del Poder Judicial asumió el 20 de diciembre de 2016 los principios de ética judicial con la finalidad de reforzar la confianza de la ciudadanía en la Justicia. Este documento se hace eco de la situación que ostenta a nivel internacional la deontología profesional en la que los jueces, magistrados y fiscales españoles se encuentran en una alta estima entre sus colegas internacionales. De este modo, en estos principios se ha querido resaltar que la independencia judicial debe delimitar un espacio para la decisión judicial exento de influencias indebidas; se ha subrayado que la imparcialidad asegura el papel del juez como tercero ajeno a los intereses en juego, y por último se ha reconocido la integridad, que exige a quienes ejercen la jurisdicción coherencia con los anteriores principios y con el de respeto a la dignidad humana, incluso en su vida social, en todas aquellas circunstancias en que pueda estar en cuestión la confianza pública en la Justicia.
La sociedad merece conocer la trascendente labor que diariamente se realizan en juzgados, tribunales y fiscalías por los profesionales que las integran, los cuales carecen en muchas ocasiones de suficientes medios materiales que permitan un correcto desarrollo. Estos profesionales conjugan la difícil labor jurisdiccional y la prudente ponderación de intereses en conflicto con una escrupulosa observancia de normas de conducta regladas o integradas en el ADN profesional desde el momento de su ingreso en la carrera judicial y fiscal, asegurando la vigencia del principio de seguridad jurídica en un momento en que España precisa de instituciones fuertes como las nuestras que dotan de confianza y paz al justiciable.
*Antonio Zárate Conde, fiscal provincial de Madrid.
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