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Último adiós al impuesto al sol
Apenas tres años más tarde de su entrada en vigor, el Gobierno acaba con el impuesto en un texto que promueve e impulsa el empleo de las energías renovables
Se estima que la energía solar fotovoltaica es en la actualidad la mejor alternativa para que los ciudadanos y empresas se autoabastezcan de electricidad y alcancen la independencia energética. La solar es la energía renovable más usada en el autoconsumo eléctrico en Europa, y constituye una importante fuente de energía en países como Holanda, Bélgica, Italia, Dinamarca o Alemania.
No así en España. El país con mayor radiación solar dentro de la Unión Europea era catalogado hace tres años como “país no fiable para los inversores solares”, según un informe emitido por Solar Power Europe. España era relegada incluso por detrás de países como Reino Unido, el país de la eterna lluvia, o Alemania en lo relativo a producción de energía fotovoltaica, lo cual resultaba francamente paradójico.
El país con mayor radiación solar dentro de la Unión Europea era catalogado hace tres años como “país no fiable para los inversores solares”
El porqué de esta situación vino motivado por una serie de medidas regulatorias adoptadas desde el Gobierno, inadecuadas, en opinión de buena parte de la sociedad española, por suponer una clara penalización de esta energía limpia y una actuación contraria a la eficiencia energética. “El Gobierno español ha matado la energía solar”, llegó a declarar entonces James Watson, director ejecutivo de Solar Power Europe.
Entre las medidas adoptadas, se encontraba el hoy extinguido Real Decreto-ley 900/2015, del que trae origen el señalado 'impuesto al sol', que gravaba el autoconsumo energético (generación de electricidad para consumo propio, doméstico o empresarial), autoconsumo que permite, a través de paneles fotovoltaicos instalados normalmente en el tejado de las casas —por ser los lugares de mayor radiación—, que cada usuario genere su propia electricidad y la consuma cuando la necesite. Desde el Gobierno se justificaba el impuesto por considerar equitativo y solidario que quien utilizara la red eléctrica general contribuyera a los costes de mantenimiento de la misma.
Opinión Pero ¿qué consecuencias tenía el sistema sobre el autoconsumidor? Sencillamente, que autoconsumir esta energía renovable no fuera rentable para el usuario. Se estimaba en el caso de consumidores residenciales el pago de aproximadamente unos nueve euros al año por KW de potencia por cada uno de los paneles instalados en sus hogares. Al abono del impuesto se unía el compromiso por parte de los autoconsumidores de volcar su excedente de energía a la red gratuitamente.
En caso de consumidores industriales, el problema se agravaba, pues tenían que abonar dos peajes, uno de ellos por importe equivalente al de los consumidores residenciales y, además, uno variable que estaba asociado al coste de la energía.
Resultado de todo ello es que, frente a Alemania, donde los autoconsumidores de energía fotovoltaica superan el millón, con un sistema normativo envidiable, en nuestro país apenas llegan a 1.000.
El real decreto impulsa la implantación del autoconsumo renovable de modo que los usuarios vean disminuida su factura con carácter inmediato
El recién estrenado Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, consciente de las ventajas que tiene la autoproducción de energía eléctrica, impulsa la implantación del autoconsumo renovable de modo y manera que los usuarios que lo instalen vean disminuida su factura energética con carácter inmediato. Se estima además que ello repercutirá positivamente en el resto de consumidores que adquieran la energía eléctrica en el mercado mayorista, en tanto en cuanto al disminuir la demanda, se disminuirá igualmente el precio de la energía ofertada. Tal precio tenderá a aproximarse al coste que soporten los autoconsumidores que instalen paneles solares (teniendo en cuenta el coste de instalación).
Por otro lado, además de la introducción del impuesto al sol, cuando en 2015 se reguló el autoconsumo se prohibió expresamente que una misma instalación pudiera ser compartida por varios vecinos de un mismo edificio, traba muy importante al autoconsumo si tenemos en cuenta que cerca del 70% de los españoles vive en bloques, y aunque el Tribunal Constitucional anuló está prohibición en junio del año pasado, el freno ya estaba echado. El nuevo real decreto reconoce expresamente el autoconsumo compartido, no siendo además necesario que la instalación esté dentro del mismo edificio, basta con que esté cerca, lo que facilita notablemente el autoconsumo.
El nuevo real decreto reconoce el autoconsumo compartido, no siendo necesario que la instalación esté en el mismo edificio, basta con que esté cerca
Por último, la nueva regulación simplifica notablemente el proceso administrativo para el autoconsumo eléctrico, eliminando buena parte de los requisitos y trabas que imponía la anterior legislación.
Todo, unido a la vertiginosa caída que han experimentado los precios de paneles solares, ayudará en gran medida a recorrer el camino para la consecución del objetivo impuesto desde Europa: el empleo del 32% de las energías renovables para 2030.
De forma rotunda, la nueva regulación prohíbe expresamente establecer cualquier tipo de cargo o peaje a toda energía renovable que vaya a ser autoconsumida. Con todo, dada la inestabilidad política que sufrimos en España y los continuos bandazos legislativos de unos gobiernos y otros, no falta quien contempla ya la posibilidad de que un próximo Ejecutivo pueda dar marcha atrás y vuelva a establecer nuevas trabas al autoconsumo de energías renovables. Esperemos que no sea así y que este sea nuestro último adiós al impuesto al sol.
*Javier Goizueta es abogado y socio director de Vaciero, firma española de referencia en asesoramiento legal a empresas. Desde 1993 hasta 2014, ha sido abogado en Cuatrecasas, director en el área legal de KPMG y 'general counsel' de Gamesa en Latinoamérica. Ha dado clase de Derecho Civil y Mercantil en diversas universidades y másteres jurídicos.