Un Presupuesto no creíble

Las carencias de esta propuesta populista en materia económica son la causa de que el Plan Presupuestario no sea prudente ni creíble

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, firman el acuerdo sobre el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, firman el acuerdo sobre el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019. (EFE)

Tras meses de anuncios y globos sonda, el Gobierno ha enviado a Bruselas su Plan Presupuestario para 2019. Esto sucede en un momento especialmente delicado para España, con el mayor déficit de la UE, una deuda pública cercana al 100% del PIB, necesitada de emitir 200.000 millones de deuda el año que viene y enfrentada a numerosas incertidumbres y riesgos externos. Por ello, sería necesario que el Gobierno fuera especialmente prudente en su actuación. Para evitar sustos, es esencial que nuestras cuentas sean creíbles.

Sin embargo, las promesas del pacto Sánchez-Iglesias previo al plan enviado a Bruselas —del alquiler a la renta básica pasando por la subida de patrimonio— denotan cierta ignorancia e indiferencia (cuando no un abierto desdén) por las restricciones y los efectos de dichas promesas sobre sus destinatarios y la economía en su conjunto, y singularmente sobre la competitividad, la inflación, la dinámica de la deuda o la balanza de pagos.

Las carencias de esta propuesta populista en materia económica a la que Sánchez parece haberse sumado con el acuerdo con Podemos son, muy probablemente, la causa de que el Plan Presupuestario no sea prudente ni creíble. Primero, el proceso de aprobación bordea la ilegalidad. Segundo, las previsiones de ingresos son irreales, como ya ha dado a entender la Comisión Europea. Tercero, las previsiones de gastos varían según el auditorio en el que se presenten y no contribuyen al ajuste fiscal que se exige a España.

Para empezar, el Gobierno ha elaborado un borrador que se basa en una senda presupuestaria inexistente: usan una meta de déficit del 1,8% en 2019, expresamente rechazada por el pleno del Congreso de los Diputados (el Congreso, no el Senado, por mucha confusión que el Gobierno quiera introducir) el pasado 27 de julio con el doble de votos en contra que a favor. El presidente del Gobierno tuvo que admitir en sede parlamentaria el 17 de octubre, días después del envío del plan a Bruselas, que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que debía haber llegado al Congreso en septiembre, se basará en la senda vigente en ese momento. Es decir, ha mandado a Bruselas unas cuentas que siguen una senda rechazada y después, con retraso, presentará su proyecto de Presupuestos sobre la senda real. Esto le obliga a encontrar 6.250 millones adicionales de ingresos con respecto al Presupuesto presentado.

Los agujeros en los ingresos

El plan del Gobierno se basa en una previsión de ingresos por aumentos de impuestos muy poco creíble. Nuestra estimación es que de los 7.178 millones adicionales que espera recaudar con sus medidas de ingresos no se llegarán a recaudar ni 3.000 millones.

Para ilustrar el voluntarismo de las previsiones, consideren los dos nuevos impuestos. El Gobierno busca recaudar, con su impuesto a las transacciones financieras, 850 millones de euros, lo mismo que en Francia. Pero Francia, que ha utilizado el mismo tipo y el mismo mínimo, tiene una economía del doble de tamaño que la española (y el triple de grandes empresas en el mercado), por lo que la recaudación se acercará más probablemente a la mitad. O la tasa Google, para la que el Gobierno anuncia 1.200 millones de recaudación. La Comisión Europea estima en su caso más optimista 4.800 millones para los 28 países de la UE, lo que sugiere que España recaudará 360 millones. A esto hay que añadir que su puesta en marcha en ningún caso estaría lista antes del 1 de enero de 2019. Por tanto, solo entre estos dos impuestos habría una desviación de, como mínimo, 1.200 millones de recaudación sobre lo que promete el Gobierno.

En cuanto a los tributos ya existentes, IRPF y sociedades, la estimación del Gobierno supone que nada cambiará en el comportamiento de individuos y empresas como respuesta a sus aumentos de impuestos. Sin embargo, múltiples estudios muestran que los individuos de rentas altas obtendrán (o declararán) menores rentas y las sociedades repatriarán menos dividendos, cuando los impuestos a los que tienen que hacer frente suban sustancialmente. En cuanto al aumento en patrimonio, que el Gobierno estima en 340 millones, este es un impuesto transferido a las CCAA, y además completamente bonificado en algunas de ellas. El Gobierno también espera recaudar 500 millones con medidas sin especificar que acerquen a la Agencia Tributaria a las mejores prácticas internacionales. La sobrestimación en estas figuras podría alcanzar otros 1.700 millones.

Finalmente, el Gobierno espera recaudar 1.500 millones (hace unos días, se anunciaron 2.000 millones) por el incremento de las cuotas a la Seguridad Social fruto de la subida del SMI de 735 a 900 euros al mes. En este cálculo, el Gobierno no tiene en cuenta que una subida tan brusca del SMI tendría un efecto negativo en el empleo y por tanto en las cotizaciones. Además, la protesta de los autónomos y de Ciudadanos ha obligado al Gobierno a rectificar y asegurar que evitará la subida de las cuotas de autónomos, lo que de cumplirse mermaría una vez más las estimaciones de ingresos enviadas a Bruselas.

Los compromisos de gasto, desaparecidos

Más allá de la sobrestimación de los ingresos, hay algo crucial que nos hace dudar sobre la credibilidad de las estimaciones del Gobierno. Solo unos días antes de la presentación del proyecto, el Gobierno anunciaba a bombo y platillo un acuerdo con Podemos. Ese acuerdo contenía 5.729 millones de partidas de gasto, que en el documento mandado a Bruselas se quedan en 5.098 tras rebajar, entre otros, la estimación de vivienda en 150 millones, eliminar la supresión del copago (otros 300 millones) y limitar incrementos que Podemos se atribuía cuando ya figuraban en los Presupuestos del año en curso, como 200 millones para la lucha contra la violencia de género.

Pues bien, en el plan enviado a Bruselas, las medidas presentadas junto a Podemos como novedades adelgazan y el impacto de 'nuevas' medidas se limita a un 0,2% del PIB, 2.100 millones de euros. Esto se reparte en la compensación por la desviación del IPC sobre la subida del 1,6% a todas las pensiones, con un coste estimado de 736 millones, y otras seis medidas acordadas con Podemos, pero que según dicho acuerdo tendrían un coste de 1.973 millones y según la información enviada a Bruselas costarán 1.364 millones. Aquí se pierden por el camino otros 609 millones. Otras partidas acordadas con Podemos sobre energía, escuelas infantiles o ciencia desaparecen también del plan sin explicación. El hecho de que Podemos no haya protestado por la desaparición de las promesas sugiere que el Gobierno ha prometido volverlas a meter por la puerta de atrás una vez lograda la luz verde de Bruselas.

En el plan enviado, las medidas presentadas junto a Podemos como novedades adelgazan y el impacto de 'nuevas' medidas se limita a un 0,2% del PIB

Si a estos compromisos pendientes pero no reflejados con Podemos añadimos los compromisos que el Gobierno tendrá que negociar con separatistas y nacionalistas, nos encontramos con unos Presupuestos en los que volver a la senda vigente requiere 6.000 millones más de ajuste, los ingresos están sobrestimados en 4.000 millones y los gastos pueden ser fácilmente varios miles de millones superiores a los explicados. Ni la economía española se puede permitir la pérdida de credibilidad que esto supondría, ni nuestra democracia debe funcionar con trampas de semejante calibre. Es hora de que el Gobierno ponga sus verdaderas cartas sobre la mesa.

*Luis Garicano es responsable de Economía y Empleo en Ciudadanos. Fernando Gutiérrez del Arroyo es economista en Solchaga Recio & asociados.

Tribuna
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