22 de noviembre: el día del orgullo liberal

El próximo jueves, el Congreso de los Diputados votará la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial. Una vergüenza democrática que pervive aún en nuestro país gracias al sonrojante pacto PP-PSOE y a la connivencia en el reparto de Podemos. Podemos, ese partido que venía a regenerar la política y que se comporta, día tras día, como uno más en el reparto del pastel.

La independencia del poder judicial, desde Montesquieu a nuestros días, es la esencia de una democracia liberal. Una democracia no es solo un régimen en el que se producen elecciones de forma periódica. Una democracia liberal es un régimen sometido al imperio de la ley, al Estado de derecho. Es esa característica, la de que todos somos iguales ante la ley, la que asegura que el poder no se ejerce de forma arbitraria. Es la independencia del poder judicial la que asegura a las minorías que serán tratadas con justicia, que no sucumbirán a la tendencia omnímoda del poder político. Sin un poder judicial independiente pronto nos rendiremos al poder de la masa en la calle. Hoy serán unos delitos concretos, opinión, odio, género… los que cambiarán de interpretación de acuerdo a la presión política. Mañana serán otros. Después será tarde.

Opinión

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Lo hemos visto en nuestras calles. Hemos visto cómo se intimida a tribunales sin conocer las pruebas, como los políticos, ante algunos delitos, denuncian, presionan y señalan a los jueces, en nombre del clamor popular. ¿Quién nos asegura que si los políticos pueden elegir a los jueces, si pueden determinar quién preside el Tribunal Supremo y favorecer las carreras de los magistrados afines, no se verán estos compelidos a devolver el favor a sus 'electores'? Nada hay más grabado a fuego en el ADN de los humanos que la reciprocidad. Respondemos con caricias a quien nos lame y con rechazo a quien nos ladra.

Estos últimos años hemos vivido con creciente preocupación cómo la Justicia se intentaba convertir en una expresión más del poder popular, del influjo de la masa. Dirán ustedes que esto es la democracia, el poder popular. Pero no es cierto. El poder popular es el poder legislativo, es el poder que los ciudadanos dan a su parlamento para que este legisle, no para que juzgue. Los ciudadanos hacen las leyes de acuerdo a la voluntad mayoritaria, pero una vez hechas, estas son iguales para todos. No se interpretan, ni se cambian de acuerdo al influjo de las encuestas o las televisiones. Eso es, simplemente, tiranía. Una Justicia sometida al poder político, por tanto al influjo de la mayoría, nos asegura que siempre serán los más poderosos, los más numerosos, los más influyentes, los que estarán más libres de la restricción de la Justicia. Eso pone en peligro a los débiles, a los minoritarios, a los excluidos.

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La recta inclinación de los jueces debe de asegurarse por todos los medios posibles. Deben de ser expertos en el conocimiento de la ley, sí, pero también tienen que estar libres de toda influencia, debe impedirse el conflicto de interés, no solo político, también económico y de toda índole. Nos jugamos la libertad en este asunto. Nos jugamos el deslizarnos por una pendiente cada vez más inclinada hacia la barbarie y el linchamiento. En esta sociedad cada vez más comunicada, cada vez más inmediata, es fácil movilizar la calle cuando uno encuentra un culpable. Es sencillo entonces sugerir que ciertas condenas son insuficientes, que estas otras son demasiado pesadas, que quizá conviene en nombre de la mayoría y de 'la paz social' liberar a este y encadenar al otro. ¿Cómo no responder entonces con agradecimiento y prontitud a quien nos nombró? ¿Cómo no ceder ante lo que solo es una expresión de la voluntad mayoritaria? “Si no lo hago así, quizá mañana no esté en la terna y mi carrera habrá acabado. Al fin y al cabo, ¿no es lo que pide la gente?”.

La sociedad occidental no fue progresista hasta que la reforma protestante no determinó la primacía de la conciencia individual. La reforma estableció que no había papa, ni rey ni nadie que estuviese por encima de la conciencia individual. De ahí fueron deduciéndose muchas cosas, entre otras que la libertad, el 'libre albedrío', era un bien supremo. Después los ingleses cortaron la primera cabeza a un rey en la plaza pública, los colonos americanos establecieron en su declaración de independencia que todos los son hombres son creados iguales y con unos derechos inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Más tarde estallaría la Revolución francesa y se declararían los derechos del hombre y del ciudadano.

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Conviene recordar hoy algunos de esos artículos. Artículos en los que se fundamenta la democracia moderna. Como el artículo 5: “La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena”; el artículo 8, que habla de la irretroactividad de la ley, es decir, que no pueden cambiarse las leyes para juzgar hechos pasados (¿no les suena?). Por último, el que hoy nos atañe, el artículo 16: “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”. No tiene Constitución. Sencillo y claro.

Por eso, el próximo jueves 32 diputados no participaremos de una farsa que pone en serio peligro la libertad. Porque en esto consiste ser liberal, en defender la libertad. Por eso el próximo jueves, “We, few, we happy few", que diría Shakespeare por boca de Enrique V, viviremos con orgullo nuestra pertenencia al único partido que irá al Congreso ese día a defender la libertad. Ese será nuestro día de San Crispín. El día del orgullo liberal.

*Francisco Igea es diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.