La dignidad de los expertos, o una llamada misteriosa desde el Congreso

Tras un largo y tortuoso proceso, que, en efecto, se ha prolongado casi 10 veces más allá del tiempo legalmente previsto y ha estado plagado de una serie de irregularidades y torpezas que han encontrado gran eco en los medios, el comité de expertos encargados de evaluar los méritos de los aspirantes al consejo de administración y presidencia de RTVE ha hecho público oficialmente el resultado de sus trabajos. El concurso público habría enfilado así la recta final del proceso, y la cobertura de los órganos de dirección de la corporación estatal ya solo dependería de los plenos de Congreso y Senado.

Cualquiera que fueran las diferencias que pueda suscitar esa evaluación, que, como en tantos otros concursos, no son pocas, todo podría haber quedado confinado a la discusión interna y objetiva de los recursos contra la resolución aprobada por los expertos, por muy erróneos, injustos y hasta indignantes que las puntuaciones y valoraciones expresadas públicamente puedan resultar a los afectados.

Sorprendentemente ha sido el comité de expertos el que ha roto esa barrera y llevado tal vez de una cierta mala conciencia solo ha tardado 24 horas en saltar a la palestra, explicando con pelos y detalles la interioridades de su trabajo. Podría parecer un loable ejercicio de transparencia, pero por la forma en que se ha hecho todo (la evaluación en sí misma, su publicación y la posterior comparecencia pública en el centro de formación de RTVE), más bien se trata de un ejercicio con alguna dosis de impudicia y manipulación. Como afectado muy negativamente por esa evaluación (al fin y al cabo tengo el 'honor' de cerrar la lista de los casi 100 candidatos), pero sobre todo como ciudadano, creo que es mi deber llamar la atención de la opinión pública respecto de esas actuaciones.

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Rafael Méndez

La comparecencia del presidente, el secretario y varios miembros del comité en el debate organizado por el IORTV, que se puede seguir a través de la web de RTVE, sorprende además de por la quiebra de la discreción con que deben actuar los tribunales de cualquier concurso público, sobre todo por la distancia y vehemencia con que se han manifestado contra los responsables parlamentarios del proceso, que rebasan las críticas más firmes que se han alzado en tribunas públicas contra la farsa o sainete en que todo amenazaba con convertirse, incluso el crítico examen que formulé en estas mismas páginas a poco de iniciarse el concurso.

Los expertos han destrozado el concurso. No solo han denostado la falta de respeto e interés mostrado hacia ellos por la comisión parlamentaria de control de RTVE, las injerencias de los diputados y senadores que la integran y el trabajo técnico de los letrados, que califican de permanente freno y hasta amenaza para sus funciones, obligándoles a ellos, los expertos, a hacer casi lo que no querían hacer.

Por solo poner un par de ejemplos extraídos de sus propias palabras: el presidente y el secretario del comité han reconocido palmariamente que el baremo que ellos han aprobado y aplicado no era su baremo, que fue modificado 24 horas después de haberlo acordado internamente por una imperiosa y misteriosa llamada del Congreso que, apuntan, habría hasta sugerido la disolución del comité si no modificaban sus criterios (como dócilmente parece que hicieron). La publicación (incompleta y reduccionista, y por ello manipulativa, como reveló una responsable de grupo del comité) de los apuntes internos sobre la evaluación de los proyectos de gestión presentados por los candidatos, que tanta indignación han provocado entre muchos de ellos, les habría sido forzada, contra el convencimiento y la voluntad (bien débiles, por cierto) del presidente, por el letrado de la comisión.

Nada valía y ha valido más que un mal definido sector de la comunicación y de la información. Este es el criterio alicorto que ha llevado a los ceros

Podríamos seguir con otros ejemplos, pero, por ir a lo más importante, la crítica esencial dirigida por los expertos a las más altas autoridades parlamentarias –además de su indignación por la manipulación de la comisión mixta para admitir a candidatos sin la titulación exigida por las normas del concurso– ha ido contra la corporativización y gremialización de los órganos de dirección de RTVE impuestas, en contra de la ley que autorizaba su emisión, por las normas parlamentarias reguladoras del concurso, que no es que primaran hasta lo intolerable a la profesión periodística y los trabajadores de la Corporación, convirtiéndoles en amos y señores de la misma, sino que excluían la contemplación de cualquier mérito que no estuviera vinculado al sector del periodismo y la comunicación y cerraban la posibilidad de acceso al consejo de administración a profesionales con, cuando menos, los mismos méritos que cualquiera de los que al final han sido considerados idóneos y dignos del examen y elección parlamentaria.

De nada valen los títulos en Derecho, Economía, ingenierías (¡ni de telecomunicación!), cualquiera que no sea ciencias de la comunicación. Ningún funcionario público directivo, de ningún cuerpo superior, podía ver valoradas sus funciones y responsabilidades y su larga dedicación al sector público al que pertenece RTVE... Ningún empresario (ni tan siquiera un director general de Telefónica, como ha sido el caso)… Nada valía y ha valido más que un mal definido sector de la comunicación y de la información. Este es el criterio alicorto que ha llevado a los ceros absolutos, aznarianos, que han merecido los escasos candidatos que han desafiado esas exclusiones. Al menos, ha sido mi caso. Pero de ello no hablo. Está recurrido desde el mismo día en que se cerró la convocatoria pública y ya solo corresponde hablar a quien debe considerar la impugnación formulada en la más alta instancia jurisdiccional.

Lo más sorprendente es que ante el catálogo de críticas y descalificaciones formuladas ninguno haya tenido la ocurrenciade renunciar a su cargo

Choca que los expertos han repartido culpas y descalificaciones y no han hecho –su trabajo ha debido ser idílico– autocrítica alguna, pero quizás lo más sorprendente de todo es que ante el catálogo de críticas y descalificaciones formuladas por los miembros del comité de expertos, ninguno haya tenido la ocurrencia (y la dignidad) de renunciar a su cargo. A lo más, el secretario se ha justificado a título individual por remisión a un principio de realismo o posibilismo. Lo siento, porque quizás sea el más cualificado de los expertos.

Pero la explicación es otra, y solo se puede encontrar en el vínculo político que ha unido a los expertos y los grupos parlamentarios a los que deben su designación. Sin negar que sean expertos, ya lo he dicho mucho antes, han sido expertos de partidos. Y en tal condición tal vez han pensado que tenían que hacer frente con lealtad a la responsabilidad que asumieron al aceptar la designación, quiéranlo o no, en representación de una fuerza política determinada. Tal vez, pese a las proclamas de independencia, no se atrevieron a plantar a sus patrocinadores.

La explicación solo se puede encontrar en el vínculo político que ha unido a los expertos y los grupos parlamentarios a los que deben su designación

Las Cortes les han ayudado todo lo que han podido a ocultar esos vínculos partidarios y partitocráticos, negándose a publicar el origen de cada designación, porque ello desvelaría la coartada meritocrática de un proceso tan relevante y esperanzador como en el que debería terminar la renovación democrática de RTVE. Al final, volverán a funcionar las cuotas y los partidos a imponerse mutuamente sus candidatos. Ni siquiera el pobre trabajo de los expertos habrá valido para nada. Por mucho que los derechos de los ciudadanos hayan sufrido una nueva decepción a costa lo mismo de los viejos que de los nuevos partidos.

*Jaime Nicolás Muñiz, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Candidato al Consejo de Administración de RTVE