Los fiscales atinan: el juicio oral del 12/2 es un juicio justo

El poder judicial, ante la proximidad del juicio contra los responsables independentistas, vive en Cataluña bajo la inquietud y zozobra que generan los brutales ataques a las sedes de juzgados y fiscalías, consentidos, cuando no auspiciados, por las autoridades políticas catalanas. ¿Cuántas veces estas no han estimulado las acciones violentas de los llamados comités de defensa de la república (CDR)? ¡Qué ingenuidad!

Una república, en minúscula, porque ni existe ni va a existir. Pero, con un activismo radicalmente antidemocrático, que debería perseguirse penalmente, como las brutales agresiones de estos días; que cabrían ser consideradas como el delito contra el poder judicial previsto en el art. 508.2 del Código Penal, si se acreditase el impulso o respaldo de los políticos, de quienes, en definitiva, dependen. Lo que no sería tan difícil. Basta recordar las palabras del 'vicario' Torra a los CDR: "Apretad, hacéis bien en apretar". Es tan intolerable el lanzamiento de excrementos contra la Fiscalía y los juzgados y las pintadas 'La Justicia española apesta a mierda fascista' (en catalán) como el silencio del Govern y, muy especialmente, de la consejera de Justicia, Ester Capella, que, por su silencio, queda completamente deslegitimada para el ejercicio de su cargo.

Ante la deriva agresiva de tal magnitud y extensión territorial, es necesario tener presente, hoy más que nunca, la posición mantenida por la Unión Progresista de Fiscales ante el proceso independentista. Posición que ya expresó ante las ignominiosas y antidemocráticas jornadas parlamentarias de los días 6 y 7 septiembre de 2017: “Así, se vulnera claramente la Constitución española, aprobada por la inmensa mayoría de los ciudadanos de España y también de Cataluña. Infringen también las previsiones del propio Estatut de Cataluña. Tampoco se adecúan a las condiciones y recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, ni tienen amparo en ningún tratado internacional ni en las resoluciones de la ONU sobre el derecho de autodeterminación, aplicables por cierto a situaciones por completo distintas a la existente en Cataluña y el resto de España”.

Posición más que justificada y necesaria, cuando el entonces dirigente y ahora acusado Jordi Turull —citado en la sentencia del expolio del Palau de la Música— se atrevió a decir de forma desafiante, ante la convocatoria del 1-O: “Votaremos y ganaremos!!! El Estado tiene las alcantarillas, el TC y los fiscales”. ¡Era uno de los que pretendían gobernar Cataluña! Pero el discurso independentista agresivo viene de lejos. El diputado de la CUP Benet Salellas dijo que “s'haurà de desbordar la legalitat, que la desobediència sigui massiva”. Y la Asamblea Nacional Catalana exigió “acampadas indefinidas”, “resistencia pasiva”, “insumisión fiscal”, “ocupación de infraestructuras” o “la protección de la televisión y la radio pública si hay un corte de comunicaciones”.

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Pero, más recientemente, los fiscales progresistas han vuelto a pronunciarse, en un escrito dirigido a la magistratura francesa, sobre el carácter no solo ilegal sino delictivo del proceso que justifica el juicio penal que muy pronto dará comienzo. Dicen que los “hechos, los investigados, tan relevantes, y tan trascendentes como una rebelión institucional contra la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico”, que se concretó “en septiembre de 2017, [cuando] decidieron adoptar varias leyes en el Parlamento catalán, contra el propio parecer jurídico de los letrados de ese Parlamento, leyes cuyo fin último era la creación de un Estado independiente del territorio español, y cuyo medio para lograrlo consistía en una segregación unilateral, por medio de la convocatoria de un referéndum, competencia que la Constitución no reservó a ninguna comunidad autónoma, y competencia que usurparon con la Ley 19/2017 de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación, cuyo artículo 4 disponía que el resultado del referéndum es vinculante, y que si en el recuento de votos hay más votos a favor que en contra, el resultado supondría automáticamente la independencia de Cataluña”.

Y afirman, con firmeza, que “los independentistas que son objeto de un proceso judicial en España desobedecieron repetidamente las órdenes del Tribunal Constitucional, convocaron un referéndum prohibido e ilegal, y sin base legal, jurídica o siquiera social. Y para ello, emplearon todo el aparato administrativo del que eran responsables, y omitieron todas las previas advertencias de sus propios letrados, del Ejecutivo español, de los tribunales ordinarios o del propio tribunal constitucional”. Y reiteran: “Las personas encausadas subvirtieron el orden constitucional, se inventaron caminos fuera de la ley o la constitución, transgredieron de manera consciente, continuada e intencionada el ordenamiento jurídico para desmembrar el Estado, para separarse de España”.

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Añadiendo, como expresión de la anulación del principio democrático de división de poderes que ha presidido siempre su actuación: “Si analizamos los actos de las personas sometidas al proceso español, vemos que estos campeones de la democracia le piden al presidente del Gobierno español que cambie la estructura del Estado, así, de manera inmediata y personal, como si en un Estado moderno la sola voluntad del jefe del Ejecutivo pudiera modificar la integridad territorial, la forma de gobierno y la estructura de la nación. Le piden, al jefe del Ejecutivo, que les diga a los jueces que dejen de perseguir a quienes proclamaron la república catalana, como si en un Estado moderno el poder ejecutivo pudiera ordenar al poder judicial. Le piden al jefe del Ejecutivo que la Fiscalía no persiga a los encausados, en un país como el nuestro en el que la vinculación del Gobierno con el fiscal general termina en el mismo momento en que es designado”.

Estos son, sintéticamente, los hechos. ¿Cómo podían pretender que carecieran de consecuencias penales? Sí pretendían, nada más y nada menos, “un fin ilegal que [representaba] partir en dos la realidad política y la convivencia de un país”.

Lo confirmaron las últimas declaraciones del actual 'vicario' de Cataluña, el 5 de septiembre: “No aceptaremos ninguna sentencia que no sea el archivo de una causa injusta, y esto lo quiero decir con toda solemnidad y con toda firmeza”. Con la misma firmeza con que acredita su ineptitud y su ignorancia.

Y concluyen los fiscales: “Los jueces españoles no hacen política, investigan y en su caso juzgarán hechos que ya han sucedido, y no son los responsables de los hechos cometidos por otros, ni pueden amparar al infractor de la ley”.

*Carlos Jiménez Villarejo. Federalistes d’Esquerres.