Pedro Sánchez y el feminismo andaluz

Esta historia protagonizada por tres socialistas de nuestro país demuestra los bandazos internos que han trastornado la política de 'igualdad de género' del socialismo español

Foto: El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (d), y la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz. (EFE)
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (d), y la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz. (EFE)

Les voy a contar una historia protagonizada por tres socialistas de nuestro país. Una historia de luz, oscuridad y contradicciones. Una narración que objetivamente demuestra los bandazos internos que, en poco más de 10 años, han trastornado la política de 'igualdad de género' del socialismo español.

En fecha 26 de noviembre de 2007, el Parlamento andaluz aprobó la Ley 12/2007, “para la promoción de la igualdad de género en Andalucía”. La ley, con todas sus imperfecciones, daba en mi opinión una respuesta atinada al problema de la injusta discriminación de la mujer respecto al varón en la doble esfera social y pública. La norma andaluza ponderaba con voluntad de equilibrio los diversos y legítimos derechos que suelen entrar en conflicto en una materia tan delicada. Si se me permite la expresión, diré que la Ley 12/2007 era una norma feminista 1.0. Presidía entonces la Junta Manuel Chaves González.

De la norma anterior hoy solo dan testimonio sus ruinas. Porque la Ley 9/2018, de 8 de octubre, la ha modificado de la A a la Z, de tal forma, como diría Alfonso Guerra, que ya no la conoce ni la madre que la parió. El legislador de 2018 achaca al de 2007, de manera en apariencia cortés pero veladamente ofensiva, que la “igualdad de género” que regulaba era más formal y “legal” (sic) que real. Diré que la Ley 9/2018 es una norma feminista 2.0 (pasada de revoluciones y con vocación de revancha). El 8 de octubre de 2018 presidía la Junta de Andalucía Susana Díaz Pacheco.

El pecado capital de la Ley de 2018 es su sesgo pueril y maniqueo. Es una ley doctrinaria. Su lema es “desmasculinizar” el ordenamiento jurídico y “feminizar” la sociedad. La historia de los hombres es una sucesión continua de abusos y agresiones a sus compañeras. La de las mujeres es su contraste, es una relación implícita de talento sobrenatural y de virtudes cívicas, es un diluvio universal de generosidad. Una advertencia antes de seguir: un ser pueril no es por necesidad un ser inocente e inofensivo. Hay niños malos que llaman al teléfono del menor y, sin ningún motivo, ponen como chupa de dómine a sus mayores. La Ley 9/2018 es una ley que promociona la 'desigualdad de género' en Andalucía. Con amenazas y coacciones.

La anterior no es una afirmación retórica. En 2007, el acoso sexual no hacía distinción de personas. En 2018, el acoso es una conducta unilateral: “del hombre contra la mujer”. También el cambio en la definición legal de “acoso por razón de sexo” discurre en idéntico sentido: la víctima del acoso solo puede ser una mujer. Además, la 'igualdad de género' es un magnífico pretexto para que alguien con apetito comercial abra una academia de idiomas y enseñe a los despistados las claves de la 'neolengua' andaluza. 'Interseccionalidad': dícese de la discriminación múltiple que sufre una mujer por razón de clase, etnia, religión, identidad sexual o discapacidad. Amén.

Si Thomas Mann viviera en la actualidad y hubiera nacido en Triana, sería condenado a la hoguera en los campos de Tablada. Por hereje y delincuente de género. El Nobel de 1929 y autor de 'José y sus hermanos' tuvo la desfachatez de poner negro sobre blanco el invencible prurito sexual de la esposa de Putifar. Cometió la imprudencia de recrear el celo de una mujer y el acoso erótico al casto y espléndido José por una dama frenética de la corte del faraón. Desaparecido el autor de 'La montaña mágica', debe ser quemado en efigie por subvertir el canon feminista (oficial).

La ley de 2018 no es una norma feminista porque no habla en nombre de la igualdad. Más que un texto jurídico, la ley andaluza de 2018 es el producto ideológico de un movimiento en boga (en el que no milita la mayoría de las mujeres) al que cabe atribuir, 'sine ira et studio', la voluntad de forjar una estatua de cera, una identidad irredenta que bien podría bautizarse como 'nacionalismo femenino'. Es una rama extraviada del feminismo cuyo credo descansa en el pecado original del varón (Eva habría clavado sus dientes en el fruto prohibido del Paraíso obligada por Adán). Es un movimiento comunitarista que reivindica la actualización de sus imaginarios derechos históricos.

La ley andaluza otorga la condición de seres orgánicos a los colectivos frente a los individuos (que solo serían átomos o partículas de los primeros). Lo cierto es que las mujeres, como otros grupos marginados, han sido víctimas en el pasado de una ofensa real. Lo digo yo y cualquier persona decente. Y no son pocos los varones machistas que, en la actualidad, campan a sus anchas contra sus compañeras, pero, aunque ya no quedara ninguno sobre la faz de la tierra, los hombres inocentes de hoy habrían 'heredado' el pecado masculino de sus ancestros. La herida femenina, según los postulados de la Ley 9/2018, nunca cicatrizará.

La ley andaluza es la expresión jurídica de un movimiento reactivo que esgrime en el presente desconfianza (y algo más) hacia los descendientes de sus verdugos. Es el punto de partida de una espiral diabólica que ha sido la nodriza de su réplica contrarrevolucionaria (Vox). Los demás —la mayoría de los ciudadanos, de uno u otro sexo— asistimos a una lucha despiadada entre comunidades imaginarias y ficticias, ya que los átomos, dentro de cada grupo, son heterogéneos. Lo más horroroso: se ha estrenado una dinámica que perjudica más a las mujeres ofendidas y vejadas.

La naturaleza discriminatoria del feminismo 2.0 se detecta (1) por su exaltación de una hipotética superioridad moral e intelectual de la mujer respecto al hombre, y (2) por la protección social y jurídica reforzada que, en paridad de circunstancias, confiere preferencia a los derechos de las mujeres en relación con los de los hombres (por ejemplo, a la hora de reprimir en una sola dirección el lenguaje sexista o la imagen humillante de las personas en la publicidad o en los medios de comunicación social). Hace años que comenzó el movimiento pendular y el trueque de una desigualdad por otra. A los escépticos les recomiendo la lectura de este excelente reportaje sobre la discriminación que sufren los niños en la escuela. Pero veamos ya los quebraderos de cabeza que ocasionan las leyes pueriles.

La ley de 2007 no establecía ningún régimen de infracciones y sanciones. La modificación de 2018 se aparta de dicha omisión y añade un nuevo Título V dedicado a esas cuestiones. El sistema legal pivota alrededor de la obligación de colaborar con el Instituto Andaluz de la Mujer, el resucitado Tribunal del Santo Oficio del inquisidor Lucena. Aunque la imposición de sus penitencias a los reos solo afecta a los castigos menores, la influencia del instituto —la coordinación de todo el ejército punitivo— le otorga el título de Gran Ayatolá de Andalucía.

Lo peor no son las astronómicas multas pecuniarias que establece la norma. Lo peor es que la Ley 9/2018, además de al autor directo de la infracción, hace también responsables de la misma a “las personas físicas o jurídicas que cooperen en su ejecución, mediante una acción u omisión sin la cual la infracción no se hubiese producido”. El rifle apunta, sobre todo, a los medios de comunicación. Los 'colaboracionistas' se exponen al pago solidario de la multa, a la pérdida de ayudas públicas e incluso al cierre, hasta un máximo de cinco años, “del servicio, actividad o instalación”. 'Achtung!': que nadie pierda la sombra del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Solo me queda hablar de la picota pública. Las infracciones graves o muy graves se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. “En el supuesto de infracciones muy graves, esta publicación podrá hacerse extensiva a los medios de comunicación social [corriendo] el coste de la publicación a cargo de la persona o entidad sancionada”. Naturalmente, con indicación del nombre y apellidos “de las personas responsables”. La sanción administrativa será doblada por el escarnio público. ¡Incluso si se trata de un efecto indeseable para la mujer agraviada!

Tres fechas: 26 de noviembre de 2007, 8 de octubre de 2018 y… 2 de diciembre de 2018. La tercera resultó fatídica para los socialistas andaluces. Los electores de la comunidad desalojaron a Susana Díaz del Palacio de San Telmo, abrieron las puertas del Parlamento a una conjunción de fuerzas 'tricolor' que ahora da apoyo a un nuevo Gobierno de coalición (PP + Ciudadanos) en la Junta de Andalucía. ¿Qué pasará con la ley del 8 de octubre, recientemente aprobada por una mayoría parlamentaria que puede dar testimonio de la verdad calderoniana de que la vida es sueño? ¿Será modificada por los nuevos representantes de los andaluces? Quizá, pero la solución también puede venir de un concierto de voluntades (aunque sea contra natura).

La Ley 9/2018 fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 15 de octubre de 2018 y entró en vigor al día siguiente. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (artículo 33.1) dice que el recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la ley cuestionada. No obstante, el apartado 2 del mismo artículo establece un plazo superior (nueve meses) si quien formula el recurso es el presidente del Gobierno, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Básicamente, (1) que se reúna la comisión bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva comunidad autónoma; (2) que en el seno de la comisión ambas partes acuerden el inicio de negociaciones para resolver sus discrepancias (pudiendo instarse la modificación del texto normativo afectado), y (3) que dicho acuerdo se comunique al Tribunal Constitucional dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la ley.

Si ustedes leen el BOE del 8 de febrero, comprobarán que la utilización del mecanismo anterior puede significar el comienzo de una salida airosa para ambas partes, en relación con las disposiciones más polémicas de la Ley 9/2018. Blanco y en botella: un socialista (Pedro Sánchez) quiere demoler la obra magna de un compañero de partido (Susana Díaz y la antigua mayoría parlamentaria que la sostuvo al frente de la comunidad más poblada de nuestro país). Un empujón fraterno con la ayuda cómplice de las nuevas princesas del Guadalquivir: las derechas de Andalucía.

Es una jugada de billar a tres bandas: una pareja de ases del PSOE —uno en declive y otro al que le encaja como la seda la zapatilla de Cenicienta— y una variable independiente. Una reina destronada, un presidente feminista que quizá no lo sea tanto y una pregunta que no me parece ociosa: ¿quién será el presidente del Gobierno después del 28 de abril? Esta incertidumbre aconseja a las partes de la comisión bilateral que no agoten el plazo de nueve meses y resuelvan la cuestión antes de la cita con las urnas. Después, el Gobierno actual 'entrará en funciones' y es dudoso que la presidenta de la comisión bilateral (la ministra de Política Territorial y Función Pública) continúe habilitada legalmente para negociar con la Junta de Andalucía. Además, el Gobierno entrante podría apartarse de la ruta seguida por su predecesor.

En todo caso, qué calladito se lo tenían Pedro Sánchez y Carmen Calvo. ¿Por qué? Quizá debido al principio de Aquímedes. De cara a las elecciones generales del 28 de abril, la razón instrumental desalojará hasta hundirla en el cieno político a la razón ética.

*Félix Bornstein es abogado y experto fiscal.

Tribuna

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
3 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios