Carta abierta a 41 senadores franceses

El documento firmado por sus señorías en apoyo a los políticos catalanes refleja una situación que no se corresponde con la realidad actual de la España democrática

Foto: Vista general del Senado en París. (EFE)
Vista general del Senado en París. (EFE)

En mi condición de 'chevalier' de la Orden del Mérito Agrícola, y como persona que viene desde hace tiempo contribuyendo en la medida de mis posibilidades a estrechar los lazos de cooperación entre Francia y España en el ámbito académico, me permito expresarles la profunda decepción que he sentido al leer el documento 'Por el respeto de las libertades y los derechos fundamentales en Cataluña'.

Lo firman sus señorías en apoyo a los políticos catalanes que están hoy procesados y sometidos a juicio por el Tribunal Supremo español por haber violado la legalidad constitucional española y desobedecer de forma reiterada las órdenes emanadas del poder judicial.

Porque es esa, y no otra, la razón por la que altos cargos de la Generalitat están procesados, y es también esa misma razón la que ha hecho que el anterior presidente (Carles Puigdemont) esté hoy fugado, que no exiliado, en Waterloo, junto a otros 'consellers' de su Gobierno.

Por eso, en el citado documento se refleja una situación que no se corresponde con la realidad actual de la España democrática. A los españoles que, con perseverancia, luchamos contra el franquismo por la instauración de la democracia, y que luego tuvimos que soportar los terribles años de plomo del terrorismo de ETA, nos duele la incomprensión de sus señorías cuando niegan a la democracia española legitimidad para juzgar a los políticos catalanes que han atentado contra el orden constitucional al dictar normas y leyes claramente contrarias a nuestra Constitución de 1978.

Nos duele la incomprensión de sus señorías cuando niegan a la democracia legitimidad para juzgar a los que han atentado contra el orden constitucional

La legitimidad del sistema político español radica en la plena separación de poderes, en el ejercicio de la libertad de expresión, en el pluralismo político reflejado en la celebración continuada de elecciones libres y en la posibilidad de alternancia en el ejercicio del gobierno en todos los niveles territoriales (nacional, regional y local). Es por tanto un sistema perfectamente homologable al de cualquier otro país democrático de la UE.

El llamado 'problema catalán' es el encaje de una región tan importante como Cataluña en el Estado español, y es un problema que viene de antiguo, dada la complejidad histórica que ha tenido España para construirse como Estado-nación. Como saben sus señorías, este es un proceso que también la República francesa ha tenido que afrontar, como lo muestran los debates sobre el encaje de Córcega o de Nueva Caledonia.

Cataluña se ha integrado de forma razonable en el Estado español, apoyando, primero, la Constitución y aprobando después su estatuto de autonomía

Desde 1978, Cataluña se ha integrado de forma razonable en el Estado español, apoyando, primero, la Constitución (con casi el 80% de votos afirmativos en el referéndum de ratificación) y aprobando después su estatuto de autonomía (el Estatut). Todo ello ha permitido que Cataluña y las demás regiones españolas gocen hoy de un nivel de autogobierno equivalente al de cualquier Estado federal, y muy superior al que tienen las regiones francesas.

Los partidos nacionalistas catalanes (ERC y CDC) han sido una pieza importante en la gobernabilidad del Estado español, apoyando en diversas ocasiones gobiernos de distinto color político, como ocurrió con los presididos por Felipe González (PSOE) y por José María Aznar (PP). Sin renunciar a su aspiración soberanista, ambos partidos nacionalistas han participado activamente en el sistema político español, logrando, gracias a su actitud cooperadora, altas cotas de autogobierno para Cataluña.

Sin embargo, desde hace algunos años, el nacionalismo catalán ha entrado en una deriva independentista, rompiendo el orden constitucional y violando el marco legal de la democracia española, hasta el punto de declarar de forma unilateral la independencia y convocando un referéndum ilegal de autodeterminación el 1 de octubre de 2017. Ello provocó la intervención del Gobierno conservador de Rajoy, quien, con el apoyo del partido socialista, PSOE (entonces, primera fuerza de la oposición), retiró la autonomía a Cataluña haciendo uso del art. 155 de la Constitución española.

¿Qué habría ocurrido en Francia si la Asamblea y el Gobierno de Córcega hubieran declarado de forma unilateral la independencia?

El Gobierno español reaccionó ante ese desafío soberanista como hubiera hecho cualquier Gobierno democrático de otros países europeos ¿Qué habría ocurrido en Francia si la Asamblea y el Gobierno de Córcega hubieran declarado de forma unilateral la independencia? ¿Cómo habría reaccionado el Gobierno francés? Estoy seguro de que no de forma muy diferente a como ha actuado el Gobierno de España de acuerdo con la legalidad y el orden constitucional.

En democracia, es muy importante el cumplimiento de las leyes aprobadas por los órganos legislativos, y ese cumplimiento obliga a todos los ciudadanos, incluyendo a los gobernantes, que además deben ser, por la importancia del cargo que ocupan, especialmente escrupulosos a la hora de cumplir las leyes.

La aspiración a la independencia de Cataluña es una aspiración legítima, y la democracia española permite que se puedan expresar libremente los que piensan de ese modo. Así lo han hecho en las numerosas manifestaciones convocadas por los partidos soberanistas tanto en las ciudades catalanas como en el resto de España.

Lo que es legítimo no siempre es legal, si se hace fuera de los cauces del orden constitucional

Pero lo que es legítimo no siempre es legal, si esa aspiración se hace fuera de los cauces del orden constitucional. La Constitución de 1978 señala en su art. 1 que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”, lo que impide que una región (comunidad autónoma) pueda convocar un referéndum de autodeterminación para expresar su derecho a decidir. Ningún poder del Estado puede alterar ese principio en que se fundamenta el orden constitucional español.

Solo reformando la Constitución podría, por tanto, canalizarse a través de un referéndum esa legítima aspiración a la independencia de un amplio sector de la sociedad catalana. Pero mientras no se produzca esa reforma, hay que respetar el actual orden constitucional. Y eso es lo que no han hecho los políticos catalanes que están hoy siendo juzgados en el Tribunal Supremo, en un juicio absolutamente transparente, en 'streaming' y con pleno respeto de los derechos de los acusados, como corresponde a una democracia consolidada como la española.

Es un documento fruto de la manipulación de la que hace gala un movimiento independentista que no goza del apoyo mayoritario de la sociedad catalana

Por eso, y con el enorme cariño que siento por un país como Francia, me permito discrepar de sus señorías, y les pido mayor conocimiento de la realidad política y constitucional española que la que Uds. muestran en el documento que acaban de firmar. Es un documento lleno de medias verdades, fruto de la manipulación de la que viene haciendo gala un movimiento independentista que ni siquiera goza del apoyo mayoritario de la sociedad catalana, y que no tiene nada que ver con los políticos nacionalistas que contribuyeron a la transición democrática española a mediados los años 1970 y a la gobernabilidad del Estado en el periodo 1980-2010.

Sean finalmente conscientes sus señorías del daño que con su actitud están haciendo al proceso de construcción europea al dejarse atrapar por el discurso nacionalista que tanto daño ha hecho a Europa y que la UE ha pretendido erradicar con su proyecto de cooperación supranacional.

*Eduardo Moyano, 'chevalier' de la Orden del Mérito Agrícola.

Tribuna

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