Se acaban las encuestas en campaña, pero llega el 'spam' electoral

El Parlamento español, poco antes de disolverse en noviembre, aprobó de rondón el artículo 58 bis de la Loreg que legaliza, mientras el Constitucional no lo pare, el 'spam' político

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El lunes fue el último día de publicación de encuestas o de estimaciones de voto para las elecciones del próximo 28-A. Se trata de un precepto obsoleto en el mundo actual, ya que la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg) prohíbe esa publicación en medios cinco días antes de los comicios (art. 69.7).

Parece un guion de ficción, de 'Vigilados' o de documentales como 'Brexit', y sí claro que la modificación de esa ley en vísperas del gran año 2019, que suma hasta cinco convocatorias electorales, se hizo pensando en qué hizo Cambridge Analytica que no queremos que nos pase a nosotros. Datos de teléfonos, redes sociales, cámaras de vigilancia, webs con pocos escrúpulos, en fin, una batería de elementos que puede muy bien ser utilizada en las estrategias de comunicación política.

Los partidos cuentan con canales, mensajes y medios, y uno de ellos es el estrictamente electoral, el que se desarrolla en campaña (es decir, estos 20 días de especial intensidad). Tiempo en radio y tele, carteles gratuitos por la ciudad, de cuyos excesos se ocupa, como vemos, la Junta Electoral Central. Esos mensajes, como los debates que veremos esta semana, movilizan algo el electorado, pero poco han hecho todavía frente a los indecisos. Y eso que datos, hay muchos.

Toda la 'artillería' de inteligencia artificial, robots, análisis de datos, está ahora sirviendo para detectar no solo a los indecisos sino también para reforzar ideas, generar expectativas y mover una opinión pública que sigue siendo impredecible, o muy fácil de mover: por eso estos días serán decisivos. No es para menos.

El Parlamento español, poco antes de disolverse en noviembre, aprobó de rondón el artículo 58 bis de la Loreg con motivo de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos que legaliza así, mientras el Tribunal Constitucional no lo pare, el 'spam' político, y lo hace considerando una excepción a los partidos, así como si nada.

Con este cambio, se abre la puerta a que los partidos políticos puedan hacer uso masivo de datos, no solo de lo que recibimos por correo postal (que nos llega porque es lo que consta en el censo electoral) sino lo que pueda obtenerse de nosotros en redes sociales, u “otras fuentes de acceso público”. Vamos, de cualquier fuente. Eso permite elaborar perfiles ideológicos de los votantes, pueden averiguar con facilidad cómo contactarnos, dirigir mensajes concretos y por supuesto someternos a bulos o desinformaciones sobre el enemigo político o contrincante.

Con este cambio, se abre la puerta a que los partidos puedan hacer uso masivo de datos, no solo de lo que recibimos por correo postal

Así ha quedado el artículo 58 bis: es posible el 'spam' de partidos y su libertad de propaganda en redes:

«Artículo cincuenta y ocho bis Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales

1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.

2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.

3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial.

4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral.

5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.»

Datos suculentos

Se habla mucho de cocina en relación con las encuestas, y de eso saben bastante otros expertos, aunque ciertamente no todos aciertan, pero lo que sí se sabe hoy es el valor de los datos que se pueden recoger, tratar y analizar. Perfiles de redes sociales de jóvenes votantes (que llevan ya unos años subiendo cosas a sus sitios sin pensar en el mañana), lista de teléfonos antiguos, listas de morosos en móviles, de coches multados publicados en boletines oficiales, listados de WhatsApp elaborados antes de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Datos (digo antes, porque hasta el 25 de mayo no se pedía consentimiento expreso), firmantes de manifiestos, o —aún más suculentos— los listados de votantes que 'no fueron' a votar en 2014 o en 2011 que los partidos conservan de sus interventores en aquellos momentos. En fin, suculentos datos a la busca de un nicho de uno o dos millones de votos que pueden cambiar las expectativas de gobierno o coaliciones.

Amenaza a los derechos personales

Esta reforma, que es grave pues carece de garantías, ha alertado a la Unión Europea hasta el punto de imponer nuevas sanciones a partidos que compren datos que han obtenido ilegalmente de terceros, y al menos cara a las elecciones europeas del 26 de mayo eso se va a vigilar. Supuestamente, podemos pedir la cancelación de nuestros datos en la Oficina del Censo Electoral de la provincia donde votamos —y recomiendo que se haga si nos llaman o escriben al móvil o al correo electrónico—, pero ha sido todo demasiado rápido y sin muchas explicaciones.

No olvidemos además que hasta que comenzó la campaña (el pasado día 12 de abril) los partidos pudieron contratar publicidad en redes sociales o en medios convencionales —en campaña, está prohibido— y eso les favorece el 'perfilado' de sus lectores, oyentes o seguidores. Tal perfilado además genera fobias o filias entre los votantes, como las cadenas de bulos o bromas vía WhatsApp que confirma los 'miedos' o alienta 'adhesiones'. Los clics que pensamos son inocentes en 'banners' de la web o ventanas emergentes son observados y monitorizados por los cada vez más listos asesores de campaña que, aun con todo, no han sabido llegar aún a esos indecisos votantes.

Momento de presentación del recurso. (Internautas.org)
Momento de presentación del recurso. (Internautas.org)

Artículos denunciados ante el TC

Varios abogados, juristas (Cotino, Adsuara, Sánchez Almedia) y asociaciones pidieron al defensor del pueblo que lo recurriese por violación de varios derechos: el de la protección de datos en sí mismo (art. 18,4 CE), el de libertad ideológica (art. 16 CE), el de información y libertad de expresión (art. 20 CE) y el de participación política (art. 23 CE).

La comunicación o propaganda política tiene así un estatuto único, mejor que el de la publicidad o el de cualquier otro grupo ideológico, lo que es incomprensible. Además de que pueden recopilar datos sobre opiniones políticas, y utilizar datos de fuentes públicas o webs.

Contra la vigilancia, cabe solo ser discretos y astutos, rompiendo el propio perfil (variando con lo que se hace 'online') y no dando alegremente la firma, menos aún el teléfono, a páginas de adhesión y firmas de participación pública (como web de voto tipo Change) que pueden ser muy bien utilizadas y no para el bien de todos.

WhatsApp, en el punto de mira

Así, WhatsApp y Telegram (aunque es menos popular) están siendo canales de información electoral, con mensajes diseñados para perfiles muy concretos, especialmente gente joven (nuevos votantes), y haciendo 'microtargeting' en los mensajes. Algunos para buscar el voto, otros para confirmar ideas propias o temores.

Seguro que ustedes también han detectado que hay amigos o familiares que reciben llamadas para explicar el "programa de Pablo Iglesias”, a sectores de población concreta, de menor renta, solo por comparación con otros que no hemos sido elegidos. Puede ser una casualidad, o no.

Gente que sabe y que invito a seguir en Twitter estos días: @congosto, @raulmagallon, @rafarubio, @mjcanel y, por supuesto, los colegas de @maldita_es, que identifican bulos.

*Loreto Corredoira, profesora de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Tribuna
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