Feminismo barato
Una política meramente indicativa de recomendaciones y mensajes apenas cuesta dinero. Ahora la cosa cambia, aunque aún no sabemos el coste íntegro de las medidas de igualdad
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Algunas políticas de identidad —el feminismo, el comunitarismo o la regulación de nuevas modalidades de familia ajenas a la tradicional— nacieron en el extremo izquierdo del espectro ideológico. Sin embargo, desde no hace mucho nos movemos en un proceso de transición en el que esos conceptos de identidad colectiva se están desplazando hacia la derecha en busca de arraigo.
Es obvio que ambos polos no comparten los mismos valores. Pero la acción política exige la captura de un amplio sector social de 'centro', lo que obliga a todos los agentes electorales a obedecer el dictado de las circunstancias, a achicar espacios y confluir con el teórico polo opuesto en su oferta política, lo quieran o no. Analizaré un caso real.
Aunque bastante deprimido por su acelerado desgaste y por la amenaza de muerte electoral a manos de su 'adversario naranja' que pende sobre su hegemonía política, nadie puede borrar la mención del Partido Popular (PP) en los últimos anales de Murcia.
El PP gobierna en la Región de Murcia desde hace casi 25 años. Se estrenó en la presidencia del Gobierno murciano en 1995, año en el que Ramón Luis Valcárcel le quitó la batuta autonómica al PSOE. En 2017, alcanzó la presidencia Fernando López Miras, que continúa en el cargo a día de hoy. Le cedió el testigo Pedro Antonio Sánchez, que, como cabeza de la lista de su partido, rozó la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2015. El PP obtuvo entonces 22 escaños en el Parlamento regional, en el que se sientan 45 diputados.
El partido gobierna gracias a la abstención de Ciudadanos (cuatro escaños). Por su parte, el PSOE tiene 13 diputados y Podemos, seis representantes. El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia se compone de 10 consejerías. Adscritos a ellas, existen cinco organismos autónomos. El Portal de Transparencia de Murcia informa sobre el número total de efectivos humanos al servicio de la Administración regional, que en enero de 2019 ascendían a 51.607 personas, de las que más de dos tercios del total eran mujeres. En la cifra anterior no se incluyen los altos cargos, por no tener la consideración de empleados públicos.
El PP gobernó con mayoría absoluta en la Cámara regional hasta las elecciones celebradas el 24 de mayo de 2015. Ese día sufrió un fuerte castigo y perdió 11 escaños en relación con los comicios autonómicos de 2011 (dos diputados en beneficio del PSOE y el resto 'absorbidos' por los dos partidos emergentes, 'los naranjas' y 'los morados'. ¿Qué pasará el próximo 26 de mayo?
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Las encuestas vaticinan un sorpaso —zarpazo al charrán blanquiazul del PP— por parte de la formación de Albert Rivera. En esta coyuntura ha irrumpido la política de identidad colectiva de naturaleza transversal a la que aludí al principio del artículo.
En el presente caso, la iniciativa parece más fruto del cálculo electoral y el oportunismo ideológico que de la sinceridad programática. Dos meses antes de las elecciones autonómicas del 26-M, la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado medidas de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y de protección de las mujeres contra la violencia de género (Ley 3/2019).
La premisa y justificación de la innovación legal es el reconocimiento oficial de los “notables índices de desigualdad, así como una importante incidencia de violencias machistas en nuestra sociedad”, todo ello a pesar de que Murcia cuenta con una ley especial aprobada en 2007 (de la que, implícitamente, las nuevas iniciativas autonómicas acaban de certificar su fracaso, al menos relativo).
La discriminación actual de la mujer murciana se da en todas las esferas: política, laboral, económica… Murcia da un giro de 180º y pasa de una estrategia de recomendación de prácticas no discriminatorias a otra de intervención activa de la Administración Pública para fomentar la igualdad, “integrando la perspectiva de género en todas las políticas y programas”.
Murcia pone el acento en la adopción de estructuras administrativas que son operativas desde hace años en el ámbito ministerial y en las universidades españolas.
Además, la nueva ley anuda la igualdad deseada a la eficiencia en la gestión administrativa de los servicios públicos. Naturalmente, en dicho esquema la clave principal descansa en “el personal empleado público de todos los ámbitos: docente, sanitario y general [sic]”. Y, por supuesto, resulta vital el encaje de todas las piezas que completan el sistema.
Así, la ley exige “la coordinación horizontal entre Consejerías, Áreas o Departamentos administrativos para multiplicar la eficacia de las políticas públicas” feministas.
La Ley 3/2019 ha creado las “unidades de Igualdad”. Dichas unidades “se alojarán” en cada una de las consejerías u organismos autónomos de Murcia. Su misión será informar de las actividades de los órganos “receptores” en “materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. De esta forma, resultará inevitable el ejercicio de las funciones de denuncia y control que desarrollaban los viejos comisarios políticos para que ninguna institución abandonara la senda obligatoria trazada por el vértice del partido o el Estado (que, en el fondo, eran lo mismo).
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En nuestro caso, la cúpula del poder está habitada por el Gobierno regional. Puede que la idea sea buena, pero a nadie se les escapará el poder intimidatorio de 'los comisarios' sobre los empleados de la función pública. Sea como sea, el personal adscrito a las unidades de Igualdad no permanecerá ocioso porque, además de las funciones de control ya mencionadas, le corresponderá también la realización de muchos otros trabajos: asesoramiento a la Administración, participación y ejecución de los programas de igualdad, evaluación y seguimiento del grado de satisfacción de los objetivos previstos.
Una política meramente indicativa de recomendaciones y mensajes apenas cuesta dinero. Ahora la cosa cambia. La nueva ley delega en el Gobierno regional la composición y el funcionamiento de las “unidades de Igualdad”. Hasta que el Gobierno adopte las decisiones oportunas, no sabremos el coste íntegro de la ley.
Sin embargo, una política de intervención activa de la Administración para garantizar el derecho a la igualdad de las mujeres, a la que debe añadirse no solo la amplitud de funciones de las “unidades de Igualdad”, sino muy especialmente la erección de una gran estructura organizativa que 'se empotrará' en todas las consejerías y en todos los organismos públicos de la región, indefectiblemente resultará muy costosa.
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Las unidades de Igualdad deberán apelar, con una potente ventosa de succión, a los bolsillos de los contribuyentes murcianos, sin que se pueda descartar la solicitud de una ayudita más o menos coactiva —a través del sistema de financiación autonómica— a cargo de los demás españoles. Lo bueno siempre sale caro. Sin embargo, el preámbulo de la Ley 3/2019 concluye con una petición de fe incondicional a la ciudadanía casi tan exigente a la requerida por los viejos profetas de Israel a los hombres y mujeres del pueblo elegido. Todo es posible en la vida incluso dando un puntapié clamoroso al maldito Becerro de Oro.
Dice-reza así el proemio jurídico murciano: “La puesta en marcha de estas Unidades de Igualdad no tiene necesariamente que suponer incremento de gastos adicionales a los previstos en las dotaciones presupuestarias de las Consejerías o de los organismos autónomos, habida cuenta de que para [sic] su constitución y funcionamiento se puede atender con los medios materiales y personales con los que cuenta actualmente la administración autonómica”.
El chiste es divino. Una de dos: 1ª.- O las unidades de Igualdad serán una mascarada, 2ª.- o la Administración murciana está malversando desde hace muchos años cuantiosos ingresos rapiñados al contribuyente para que sus manos muertas vistan guantes de terciopelo. Manos públicas, naturalmente.
*Félix Bornstein es abogado y experto fiscal.
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