Activismo político y sofismas jurídicos

La antesala de denigración o manipulación de los "hechos jurídicos" es un error que solo sirve para erosionar el Estado de Derecho o, al menos, intentarlo

Foto: Directo del juicio del 'procés' del 4 de junio
Directo del juicio del 'procés' del 4 de junio

Los que han estudiado Derecho, o, simplemente, cualquier persona sensata no puede menos que sorprenderse cuando altos gestores de lo público se pronuncian sobre lo que significan los procesos y las sentencias, o sobre lo que el Poder Ejecutivo puede hacer en relación con tales hechos o sucesos. La facilidad con la que se dice que un proceso será nulo o habrá que anularlo, o que una sentencia se rechazará o no se admitirá, solo puede producir perplejidad, si se concede el beneficio de la duda a quién así se pronuncie, admitiendo que lo dice porque cree que es posible. Pero, por desgracia, no se puede ser tan benévolo, pues lo más probable es que esa manera de hablar, mintiendo conscientemente, con ayuda de una deficiente idea de lo que es el derecho, no sea más que una manera, como cualquiera otra, de hacer activismo político, lo cual resulta inadmisible porque con las cosas serias no hay que jugar, pero, sobre todo, porque esos mensajes calan hondo en los sectores sociales incondicionales de los agitadores.

La somanta de palos jurídicos que da el TEDH a los argumentos independentistas ha sido silenciada

En España no es extraño ver a aspirantes a alcalde prometiendo en campaña que, si triunfan, tomarán medidas que suponen cambiar el Código civil, la Ley Hipotecaria, o suspender la eficacia de la Constitución en materia de libertad de empresa, por ejemplo. Naturalmente, luego eso no se puede hacer, y todo se queda en atropellos o arbitrariedades que han de corregir los Tribunales. Tampoco es raro ver cómo se animan a difundir la imagen y el domicilio del discrepante para facilitar la tarea de las brigadas de amenaza e insulto. Es "legítimo" modo de lucha, dicen, solo que constituye delito. Pero dejemos eso para otra ocasión, pues tiene su propia enjundia, y tampoco los Poderes públicos están a la altura de la gravedad del tema.

Si pasamos al campo del Derecho Internacional o al del Derecho Europeo, las manipulaciones son patéticas, por acción o por omisión. La doctrina o las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se silencian como si no existieran: lo hemos visto con el rechazo a la demanda que un grupo nutrido de diputados del Parlamento catalán, con Puigdemont a la cabeza presentó contra la decisión del TC español de suspender el pleno del Parlamento catalán del 9 de octubre del 2017, que debía proclamar la independencia unilateral de Cataluña. La somanta de palos jurídicos que da el TEDH a los argumentos independentistas ha sido silenciada, en lo posible, aunque es difícil orillar una sentencia de uno de los organismos más respetados de Europa, y, por cierto, tampoco los "desautorizados" han tenido cuajo para decir que "rechazan la sentencia", tal vez porque, en el proyecto de llegar a Estrasburgo antes o después, entiendan poco prudente faltar al respeto al Tribunal.

Ningún problema surge, en cambio, con la glorificación, por parte de los que gobiernan la Generalitat, del informe de un Grupo de Derechos Humanos de la ONU, jurídicamente irrelevante, que aconseja o exige poner en libertad a algunos de los acusados en el proceso del 1-O que se sigue en el TS. Por una parte, conviene reparar en la turbia gestación de dicho documento, de impulso esencialmente privado y pilotado por poco admirables sujetos, pero lo mejor no es eso, sino la advertencia amenazadora y homilíaca de que España se arriesgaba a graves consecuencias internacionales si no cumplía con las indicaciones del tal Grupo, y, de paso, no suspendía el proceso en curso, además de poner en marcha la calculadora para determinar cuánto dinero va a tener que preparar el Estado para indemnizar a los acusados que han sufrido ese juicio.

El que dicho informe carezca de fuerza jurídica alguna —al margen de los efectos perniciosos y de confusión que sin duda puede tener— no es cuestión relevante, como tampoco el que no exista el supuesto mecanismo que ha de conducir a tan graves reprimendas y responsabilidades. Ninguna duda hay acerca de que los errores judiciales, si los hay, o el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, si se produce, debe dar lugar a una reparación, pero también eso está reglado, y, los que dicen cosas como las que acabo de comentar lo saben o podrían saberlo. Pero les da igual, pues la cuestión es transmitir a sus seguidores que, con habilidad de gran maestro de ajedrez, han colocado al Estado contra las cuerdas certificando su condición de barco a la deriva. Lo que del proceso independentista opine el TEDH, en cambio, no pasa de ser una anécdota.

Una última cuestión, que no en importancia, merece ser analizada, y es la del significado de las sentencias. El art.118 de la Constitución establece la obligación de respetar las sentencias de los Tribunales, y, a partir de ahí, todas las declaraciones de respeto a las sentencias —que nada tienen que ver con la preservación y legitimidad del derecho a criticarlas— serían, en sí mismas, redundantes. Siendo así, no deja de sorprender ahora, cuando se dice que la sentencia del proceso por el 1-O está próxima, que los mismos representantes públicos a los que antes me he referido, anuncien que "no la aceptarán", como si existiera un "trámite de aceptación" de las sentencias firmes.

Ya sé que cuando así hablan solo quieren decir que prevén que la sentencia les puede disgustar, pero, una vez más, en sus caladeros de votos se lanzan ideas que confluyen en proclamar que el Estado de Derecho no existe y la prueba definitiva es la Sentencia, que, como ellos han dicho, probará que todo el juicio es una "farsa", y que, antes o después, si de verdad se quiere recuperar un clima de concordia, habrá que "anular" el proceso. Por supuesto que saben que eso es una idea delirante, pero sirve para establecer paralelismos con las peticiones de anulación de procesos penales del franquismo y las sentencias dictadas por Tribunales de excepción o militares. Dejando de lado la dificultad intrínseca que entraña "suprimir" un triste, injusto y lamentable suceso histórico, lo que conduce a que las anulaciones sean en realidad una condena de lo que pasó y un reconocimiento de lo sufrido a quien lo soportó, el solo deseo de trazar una "similitud histórica" es, en sí mismo, un insulto.

Todo el tema relativo al proceso del 1-O está lleno de dificultades, jurídicas, políticas, sociales, y, qué duda cabe, está afectando a nuestra vida cotidiana, especialmente en Cataluña. Desconocemos cuál será el fallo, y tiempo habrá para glosarlo. Pero la antesala de denigración o manipulación de los "hechos jurídicos" es un error que solo sirve para erosionar el Estado de Derecho, o, al menos intentarlo.

Que no se consigan esos objetivos depende del buen hacer de todos, y de salir adecuadamente al paso de cada dislate.

*Gonzalo Quintero Olivares es Catedrático de Derecho penal.

Tribuna
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
0 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios