Y de lo mío qué...

La propuesta sería que no se utilice a las empresas como objetivos recaudatorios o vehículos para la implementación de políticas y se apliquen políticas que nos permitan ser competitivos

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Resulta curioso que en un entorno en el que la mayoría de españoles 'ocupados' trabajamos en pymes, nadie parezca ocuparse de las mismas. Nuestras empresas gozan de buena salud, generan suficiente margen para abordar sus inversiones y gastos, alcanzan el tamaño suficiente, tienen acceso a una financiación fluida y están adecuadamente protegidas por el marco legal. Sin embargo, no parece que estas cuestiones estén instaladas en el discurso oficial, ni en las prioridades de la clase política ni en los múltiples debates que a diario nuestra sociedad aborda.

Desgraciadamente, nuestras empresas —que paradójicamente pueden delinquir— no votan, y eso hace que haya poco interés en proteger sus intereses (particularmente en un país que lleva cuatro años en clave electoral…). Como ejemplo, lo ocurrido en la terrible crisis económica vivida recientemente. Las prioridades fueron proteger nuestra deuda pública, mantener vivo nuestro sistema financiero apoyando a las cajas en dificultades y preservar las prestaciones sociales. La paradoja es que no se impulsaran pocas o ninguna medida que ayudaran a nuestro tejido empresarial a superar la crisis. Muchas cayeron y la inmensa mayoría sufrió enormemente como consecuencia de la contracción de sus mercados, la falta de financiación y el acoso fiscal al que fueron sometidas.

En este momento de inicio de legislatura, es relevante proponer que cuando se legisle en materias asociadas a las empresas se sea sensible a su realidad y necesidades, y no se las considere meros objetivos recaudatorios o vehículo para la implementación de políticas sociales (como está siendo el caso recientemente). Para ello, nos detendremos en cuatro temas cruciales para las pymes: fiscalidad, empleo, condiciones generales de contratación y productividad, todos ellos fundamentales para preservar nuestra competitividad.

¿La fiscalidad de las empresas en España es alta o baja? Recientemente, escuchábamos a la ministra de Hacienda abogar por un incremento de la fiscalidad empresarial, que consideraba baja y, por tanto, con margen de crecimiento. A mi juicio, es más que cuestionable que nuestra fiscalidad sea baja; cuestión aparte es que otros países europeos recauden más, no tanto porque su fiscalidad sea más alta sino porque sus empresas sean más rentables. La curva de Laffer, recuperada últimamente, explica el punto donde se maximiza la recaudación en función de los tipos impositivos. A nivel teórico, pocos cuestionan esta curva.

Las discrepancias radican en la identificación del tipo impositivo, donde se maximiza la recaudación teniendo en cuenta que tanto con un tipo 0% como con un tipo 100%, la recaudación es cero. Evidentemente, los liberales opinan que la maximización de la recaudación se consigue con tipos 'bajos' que ayudarían al crecimiento y generarían una base recaudatoria mayor, mientras que los socialdemócratas abogan por una directa subida de tipos.

En cualquier caso, inquieta escuchar a la ministra hablar de “dumping' fiscal” (casualmente, en referencia a aquellas CCAA que más crecen), rechazar la competencia fiscal o apelar a la pedagogía fiscal (sin mención alguna a la eficiencia en el gasto público) para combatir el lógico y razonable rechazo que la subida de impuestos genera. En este punto, la propuesta sería que no se utilice a las empresas como meros objetivos recaudatorios o vehículos para la implementación de políticas sociales y se apliquen políticas fiscales que nos permitan ser competitivos.

Nuestro mercado laboral se asemeja a una campana de Gauss. Los que están dentro de la campana disfrutan de condiciones aceptables, incluyendo un sistema de prestaciones sociales que compara bien con nuestro entorno. Sin embargo, los que están fuera sufren. La idea sería no tanto subvencionar la permanencia fuera de la campana sino implementar políticas activas, formación, que incentiven el ingreso en el perímetro de la campana. Y a estos efectos debería ayudar el hecho de que en España ya hay escasez de habilidades y trabajadores asociados a oficios (Formación Profesional).

Recientemente, hemos vivido un ejemplo de legislación a espaldas de la realidad económica

Recientemente, hemos vivido un ejemplo de legislación a espaldas de la realidad económica. Es habitual que los gobernantes piensen que las cosas suceden porque ellos lo digan. Nuestro actual Gobierno, en un loable intento de subir los salarios, ha incrementado por decreto-ley el SMI. Hasta aquí todo perfecto, salvo que no es el Gobierno sino las empresas las que contratan y pagan salarios (más allá del empleo público…). Y lo harán atendiendo a múltiples consideraciones, todas ellas asociadas al funcionamiento de los mercados (demanda percibida, ventajas competitivas, márgenes empresariales, disponibilidad de financiación, coste fiscal, etc.) y no simplemente porque lo decrete el Gobierno.

La realidad es que los salarios se forman donde se cruzan las curvas de oferta y demanda. Siendo esto así, uno convendría que la mejor manera de subir salarios es generar las condiciones para que las curvas de oferta y demanda se crucen lo más arriba posible. ¿Cómo? Pues con medidas que favorezcan el crecimiento como seguridad jurídica, fiscalidad competitiva, financiación adecuada, clima laboral y sindical razonable, mercado único, administraciones publicas eficientes, etc.

Los términos de contratación y cobro se están convirtiendo en un problema cada vez más grave para las pymes. La Ley de Morosidad, a través de distintos mecanismos, se soslaya por parte de las grandes multinacionales y la propia Administración publica. El periodo medio de cobro excede manifiestamente los 60 días y es un hecho que grandes conglomerados y la propia Administración se financian con las pequeñas y medianas empresas. Además, cada vez es más habitual que los contratos impuestos por las grandes empresas recojan cláusulas abusivas. Esta realidad supone un tremendo lastre de cara a la competitividad y crecimiento de nuestro tejido empresarial.

La última reflexión haría referencia al sector industrial, quizá un poco 'abandonado' en favor del sector servicios. La industria se caracteriza por generar volumen de empleo y, además, de calidad. Por tanto, tener industria es bueno (más allá de no caer en situaciones de 'dependencia industrial' no deseada). Pero, en un mundo globalizado, industria implica un esfuerzo permanente por ganar productividad. Y para conseguirlo, tanto empresas como gobiernos deben hacer sus deberes. Las empresas, fomentando la formación y desarrollo de habilidades de su gente e invirtiendo en tecnología. Los gobiernos, creando las condiciones que faciliten la labor empresarial. Nuestro país disfruta de ventajas competitivas claras (infraestructuras…), pero al mismo tiempo padecemos ineficiencias evidentes. La ausencia de un mercado único y el galimatías administrativo son dos claras ineficiencias.

Las empresas van a continuar siendo el motor de la economía. Si queremos una sociedad más justa y próspera, necesitamos empresas más competitivas, rentables y con capacidad de crecimiento. Esa es la única manera sostenible de generar empleo de calidad. La prioridad del legislador en los últimos tiempos ha sido sanear las cuentas públicas, preservar el sistema financiero y mantener las prestaciones sociales. Quizás ahora sea también el tiempo de pensar en nuestras empresas.

*Miguel Zorita, presidente de Zima Equity Investments.

Tribuna
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