El largo y mísero verano

Ha sido, y sigue siendo, un periodo de tiempo en que han aflorado con la mayor naturalidad ideas y actitudes que son buena muestra de la miseria humana

Foto: Barcelona conmemora el segundo aniversario del 17-A. (EFE)
Barcelona conmemora el segundo aniversario del 17-A. (EFE)

Si se repara en las extremas temperaturas que venimos disfrutando desde finales de la primavera, hubiera podido añadir 'cálido' al título de este artículo, pero entonces sería abusivo el aprovechamiento de Faulkner. En lugar de eso, he preferido la calificación de mísero, y eso, claro está, exige una explicación, que es fácil de dar: ha sido, y sigue siendo, un periodo de tiempo en donde han aflorado con la mayor naturalidad ideas y actitudes que son buena muestra de la miseria humana, y, piensa el observador inocente, menos mal que estamos en un periodo vacacional, que miedo da pensar en la 'rentrée'.

De ese deleznable abanico elegiré solo algunos. En cabeza, por mérito propio, hay que colocar la obsesiva reiteración con que los dirigentes independentistas sugieren que el triste atentado del 17 de agosto de 2017, en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils, pudo haber sido conocido de antemano por el Gobierno y, por lo mismo, evitado. Para sostener esa enormidad, invocan, como razón suficiente y que exige la constitución de comisiones de investigación, la información aparecida en un medio de comunicación habitualmente cariñoso con el discurso independentista.

Se ha llegado a afirmar que, aunque todos los medios de comunicación de España y todas las noticias recogidas de fuentes solventes conduzcan a descartar esa pseudo teoría, el solo hecho de su publicación por el citado medio impone la necesaria investigación. En ese contexto, pone la guinda al helado la alcaldesa de Barcelona, que, una vez más, convencida del carácter universal de la competencia municipal, quiere armar su propia comisión de investigación.

Por supuesto que la verdad no interesa especialmente, lo importante es el 'mensaje', que se resume, nada menos, en que los poderes del Estado pudieron dejar que se produjera una masacre en Barcelona para que, de ese modo, el independentismo (que ese mismo año tenía ya programados sonoros quebrantos de la normalidad) tomara nota del precio de desafiar al Estado.

Para llegar a pensar algo así se precisa una alta dosis de miseria moral, o, lo que es peor, ver como razonable el uso de la violencia en la confrontación política, y, de paso, transmitir a la ciudadanía un ejemplo definitivo de la maldad intrínseca del Estado. Ante tan repugnantes ideas, solo cabe pensar en que son coherentes con una línea constante y nunca abandonada de burda deformación de la historia, actividad en la que el independentismo es imbatible.

No es posible hablar del verano de 2019 y las cosas vividas sin referirse a la tragedia del Open Arms, y comienzo por calificarlo de tragedia pues eso es lo que vivieron los migrantes que viajaron en él. Dicho esto, en lo cual nadie discrepa, el nivel del análisis jurídico es sencillamente errático.

Si se usa la lente de proximidad, aparece con clamorosa claridad la obligación de cumplir con las normas del derecho del mar y salvar cuanto antes a los migrantes, denunciando la negativa de Italia a ofrecer al Open Arms acogida en sus puertos, reproche que en el fondo se puede extender a toda la UE, sin perjuicio de que exista una norma según la cual el país más próximo es el obligado a la acogida. Nada ha funcionado, y el espectáculo de los reproches entre España, incluyendo las críticas entre los propios miembros del Gobierno, Italia y la propia organización del Open Arms ha sido patético.

Pero si se cambia la lente, y se deja de analizar el grave problema de las migraciones irregulares desde el continente africano solo en función de la situación concreta de un grupo que se encuentra en situación de extrema gravedad, habrá que asumir que estamos ante un problema común a toda Europa y que la discusión no se puede reducir al problema del rescate de los que están en peligro en el mar. El problema de la migración irregular es de carácter europeo, y conviene recordar que la que entra por el mar es mucho menor que la que llega por tierra desde el este de Europa, aunque sea más peligrosa por la precariedad de la vida en el mar en condiciones por debajo del mínimo.

Asumido que es un problema europeo, se han de afrontar otras dimensiones de la cuestión, comenzando por la rentabilidad que las políticas de rechazo dan a los movimientos populistas, lo cual afecta a la capacidad de ordenación de la propia UE. Pero también ha de aceptarse que, según cuentan los expertos en la materia, las mafias que controlan la migración ilegal aprovechan la existencia de barcos de rescate de oenegés para dejar cuanto antes a su suerte a los desgraciados que han caído en sus manos, con lo que su persecución resulta mucho más difícil.

Lo menos serio que se puede hacer en este problema es dejarlo al albur del buenismo que quiera ponerse en práctica cada día

Y tampoco es convincente, antes lo contrario, que los responsables de los barcos de rescate sostengan que solo se ocupan de salvar vidas, que la regularización de la situación administrativa es cosa diferente que no les compete, cuando esa fase ulterior puede conducir a la expulsión y a regresar a las manos de las mafias.

Por último, lo menos serio que se puede hacer en este problema es dejarlo al albur del buenismo que quiera ponerse en práctica cada día. Si un Estado, como ha hecho España, mal y tarde ofrece un puerto, aunque luego se adelanta la Fiscalía italiana y ordene el desembarco en Lampedusa, y todo al margen de lo que decida la UE, habrá rescatado a unos cuasi náufragos, pero el problema se enquistará, y con esos antecedentes no ha de descartarse, antes al contrario, que el Open Arms reproduzca el conflicto, y vuelta a empezar.

Para cerrar este florilegio de despropósitos —y soy consciente de que la lista podría ser mucho mayor—, el verano de 2019 nos ha proporcionado otro espectáculo lamentable, aunque, por supuesto, no puede compararse con las tragedias anteriores: el linchamiento público de Plácido Domingo, denunciado por un grupo de señoras que, dicen, fueron víctimas de su 'lujuria' hace, más o menos, 40 años. Pronto han entrado en escena quienes consideran que se trata de una denuncia que hay que aplaudir, pues nadie es lo bastante importante como para librarse del 'tribunal moral de la historia', y, por supuesto, si se intenta contraargumentar, la acusación de complicidad moral está servida.

No voy a defender a Plácido Domingo, a quien admiro profundamente y considero un artista excepcional, y no lo voy a hacer, ante todo, porque se basta y sobra para defenderse solo, además de que ya se han alzado voces en todo el mundo en defensa no de su arte sino de la gran persona que es. El problema es bien otro: hace ya mucho tiempo que se admite como lo más normal del mundo la divulgación de denuncias que no tienen otro sostén probatorio que la afirmación de quien las hace, y siempre de hechos acaecidos hace muchos años.

Puede admitirse, claro está, que en delitos en que las víctimas eran menores el tiempo de prescripción no debe empezar a transcurrir hasta que sean cumplidamente adultas. Pero que personas que ya eran adultas en su día decidan destruir la imagen de otra, 40 años después de los hechos —por cierto, leyendo los relatos de algunas denunciantes, son absolutamente ajenos al derecho penal—, sin que ese paso les haya de costar un maravedí, resulta inadmisible.

En todo caso, se ataca siempre a personajes famosos, de manera que los acosadores reales que no sean famosos no tienen nada que temer, pues a nadie le interesa contar que sufrió el acoso de un don nadie o de un pelagatos, pues eso no es muy glamuroso. El caso de Plácido Domingo no es el primero, y en la lista hay otros muchos, unos basados en sucesos más o menos ciertos, otros animados por borrosas acusaciones que se desmoronan por sí solas. Pero en todos ellos late una constante, que constituye una de las características más claras del irracionalismo punitivo, y que se resume en una sola idea: la prescripción no existe y la declaración de quien se autoproclama víctima es irrefutable.

Con el trascurso de 40 años, y hasta bastantes menos, prescriben casi todos los delitos del Código Penal, pero nadie contaba con los 'tribunales naturales', que ofrecen como avance de la civilización cancelar lo que han sido conquistas del Estado de derecho, como la legalidad, la certeza del derecho o la prescripción, que, como todos debieran saber, es, por lo visto, una institución jurídica machista.

Ante esos implacables tribunales, nada de eso rige, ni es obligatorio decir la verdad, ni se precisan pruebas, porque, sin que quepa prueba en contrario, la condición masculina unida a la fama es prueba bastante de haber obrado inadecuadamente. ¿Cuál es la meta perseguida? Eso no se sabe, ni en verdad parece importarle a nadie, total, la mentira viaja más rápido que la verdad, y lo peor es que es mejor recibida.

Tribuna
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