11 de septiembre, suma y sigue

La conclusión es tan simple como complicada: dentro del mundo independentista, son muchos los que se consideran obligados a acudir a la manifestación

Foto: Miles de personas llevan una estelada durante la celebración de la Diada del año pasado. (Reuters)
Miles de personas llevan una estelada durante la celebración de la Diada del año pasado. (Reuters)

Como cada año, la proximidad del 11 de septiembre es objeto de análisis por parte de todos los interesados en el problema de Cataluña. En el lado constitucionalista se comparan cifras de inscritos en las movidas y se escruta el ambiente en la calle, para llegar a la conclusión, provisional, de que este año parece menguar el entusiasmo por la fiesta. En el bando independentista, siempre voluntarista y hábil en la construcción de realidades alternativas o esquizoides, se redoblan las llamadas a la participación ahora que la victoria final está cerca, aunque no se vea, porque Europa cada vez está más abierta a comprender el 'drama' catalán, aunque no lo diga.

La primera precaución que ha de tomarse al analizar el problema catalán es que el independentismo actual, al margen de sus razones y argumentos históricos, hoy es otro de los populismos que circulan por Europa, y, por eso mismo, hay que olvidarse de la razonabilidad o de la objetividad. Un pecado que ya nadie comete es osar referirse con rigor y veracidad a la realidad histórica de los hechos del 11 de septiembre de 1714, por no hablar de las arengas que aquel día pronunciaron Villarroel o Casanova: para el independentismo son errores y debe arrancarse esa página de la historia, pues invocaban, ni más ni menos, a la común patria hispana.

Tampoco queda nada de las primeras diadas, incluyentes, en las que participaban todo tipo de entidades públicas, privadas, culturales, deportivas. En muy poco tiempo, la Diada ha pasado a ser única y exclusivamente la fiesta del independentismo, que aprovecha ese día para toda suerte de exhibiciones de fuerza, mimosamente auxiliado por la propia Generalitat.

Tampoco queda nada de las primeras diadas, incluyentes, en las que participaban todo tipo de entidades públicas, privadas, culturales, deportivas

Paralelamente, los partidos políticos han ido cediendo las riendas de la fiesta a esas organizaciones políticas que actúan marcando el 'deber ser' de la vida política catalana, como Òmnium Cultural o, especialmente, la ANC, constantemente paseando por las fronteras del Código Penal, sin miedo, aparentemente, a que un día les estalle algún juguete en las manos. Mientras tanto, personalidades relevantes de la ANC piden a sus bases que logren “dar miedo” a los no separatistas, o su presidenta quiere aprovechar la oportunidad para ajustar las cuentas a las empresas que no están por la labor independentista, y hasta algunos exaltados piden asaltar puntos sensibles, como pueda ser la prisión donde están los encausados o las fronteras o aeropuertos. Es de suponer que dan por descontada la pasividad de los Mossos, pero, con todo lo que ha llovido, tal vez se engañan con el papel que están dispuestos a jugar estos, a ninguno de los cuales se le ve la pasión por ser inculpado y expulsado del cuerpo.

En la Diada de 2018, estaba pendiente de celebración el juicio por los hechos del 17-O. Hoy, en cambio, se está a la espera de sentencia, lo cual se presenta en un escenario distinto y doble. En el primero de ellos, se visibiliza el distanciamiento entre las fuerzas independentistas a causa de la relativa vuelta a la racionalidad que preconiza ERC, deseosa de la celebración de elecciones, mientras que el separatismo próximo a Puigdemont y su tropa clama en pro de las vías de ruptura radical y ni hablar de elecciones.

En el otro escenario, se contempla la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo, tema que inundará las pancartas en la manifestación del día 11. Ese es un hecho ineludible, ante el cual unos callan y aguardan, mientras que otros, con el Sr. Torra a la cabeza, anuncian apocalípticas consecuencias que detonarán en cuanto se sepa que la sentencia no es absolutoria, como exige el vicario de Puigdemont. Todas esas soflamas amenazantes del presidente de la Generalitat, si van seguidas de hechos violentos, le pasarán segura factura como provocación a delinquir, delito que surgirá cuando sus llamadas al combate 'pacifico' cristalicen en más que posibles desórdenes. Es de suponer que el personaje es consciente de que eso puede suceder, pero hay que comprenderle: no va a entrar en la historia como estadista, y, así las cosas, el 'martirio' es un premio de consolación.

Por supuesto que el mar de fondo lo marca la distancia entre los independentistas 'prudentes' y posibilistas, que ante todo desean hacerse con el Gobierno de la Generalitat. Eso por nada del mundo lo pueden consentir los de JxCAT, ni tampoco los de la ANC, ni, sobre todo, Puigdemont, quien goza del poder de convocar al presidente de la Generalitat cuando se le antoja, lo que le suministra el alimento continuo de su ego, que el día 11 recibirá una lluvia de flores en forma de fotografías suyas portadas por devotos. El Gran Fugado tiene además la posibilidad de contar, de uno u otro modo discreto, con los recursos económicos de la Generalitat, y el oropel imprescindible (continuas reuniones políticas o festivas) para ocultar la realidad de que Waterloo y la corte allí concentrada, bajo su égida, caminan inexorablemente a transformarse en un epifenómeno ajeno a la vida política, por mucho que hoy sus apologetas lo consideren el presidente natural de Cataluña, y de que haya grupos que acuden en peregrinación a ver de cerca al líder providencial, grupos que creen sinceramente en un regreso triunfal como el de Napoleón cuando abandonó Elba, y no pueden admitir que la república de Waterloo acabe pareciéndose al Palmar de Troya, que es su más probable destino.

No son esas las únicas razones que impiden la celebración de las elecciones que exige ERC. La deteriorada máquina de lo que fue CDC es muy difícil de reanimar, y el grupo social que durante tantos años fue voto seguro erra hoy entre la desconfianza y la desorientación. Para redondear el panorama, el anciano Jordi Pujol, aún respetado en ciertos ámbitos, se descuelga con unas notas sobre el problema de Cataluña en las que ya no habla ni de independencia ni de referéndum, sino solo de “reequilibrar poder” entre Cataluña y el Estado, aumentando así el desconcierto de lo que fueron sus bases.

A esas personas, a muchas de las cuales conozco, como es lógico, les produce infinito tedio que se ofrezca Artur Mas como desfacedor de entuertos, para encabezar una nueva fórmula electoral, pues le atribuyen el mérito del desastre. Pero lo cierto es que no logran una articulación política que les permita participar en el juego electoral y obtener los resultados que sociológicamente les corresponden, y esa articulación, desde luego, no es viable si los programas han de ser bendecidos por Puigdemont, para quien, como es lógico, el primer problema de Cataluña es su persona, y a ello se ha de supeditar todo.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas (d). (EFE)
El expresidente de la Generalitat Artur Mas (d). (EFE)

La conclusión es tan simple como complicada: dentro del mundo independentista, son muchos los que se consideran obligados a acudir a la manifestación, pues mal independentista sería el que no lo hiciera, del mismo modo que hay quienes saben que han de ver a la familia por Navidad por más que les aburra. Pero lo que muchos no saben es qué es lo que concretamente reclaman, aceptado que no es, aunque se diga, ni la libertad de los presos ni el referéndum de autodeterminación, ambas cosas inviables.

Ese es el ambiente en el que se va a 'celebrar' el 11 de septiembre, que (y ojalá me equivoque) irá acompañado de incidentes más o menos graves protagonizados por los CDR y otros grupos, sin olvidar la guarnición de antisistemas y piltrafas varias que, siempre impunes, se suman gozosos a la fiesta de graves insultos al Estado, al Rey, a los jueces y a todo discrepante, acompañados de la banda sonora del canto a la segura independencia, glorioso camino que Puigdemont y Torra anuncian plagado de sangre, sudor y lágrimas, por supuesto, de los demás.

*Gonzalo Quintero Olivares es catedrático de Derecho Penal y abogado.

Tribuna
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