Mercosur ¿oportunidad o amenaza para el sector agroalimentario?

Un mercado de 293 millones de habitantes latinoamericanos se abre para la Unión Europea tras el acuerdo de Mercosur: todo un reto. Sin embargo, no podemos olvidar cómo, en paralelo, un mercado aún mayor, de 500 millones de habitantes europeos, se abre para Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

De cómo abordemos la cuestión en los dos próximos años va a depender que este acuerdo comercial suponga una oportunidad real o una amenaza que lleve a algunos sectores productivos hacia el abismo.

Europa está preparada para el comercio exterior. De hecho, la etapa de la presidencia Juncker en la Comisión Europea, se ha caracterizado por abrir nuevos mercados como Japón, Corea del Sur, Canadá, Vietnam. Si bien, quizá uno de los principales elementos diferenciadores es que en el caso de Mercosur, al no ser exclusivamente un acuerdo comercial, sino tambien político y social, además de cifras, incorpora una serie de reglas y valores que compartimos, como son la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género, o las condiciones laborales de los empleos asociados al acuerdo.

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Desde el punto de vista comercial, Mercosur puede suponer para las empresas europeas unos ahorros próximos a los 4.000M€ año en aranceles y un volumen de negocio de 75.000M€ año, con previsión de duplicarse cuando el acuerdo sea totalmente efectivo. Una gran oportunidad tambien para el empleo, si consideramos que cada 1.000M€ exportados se crean 18.000 puestos de trabajo. Indicadores nada desdeñables, teniendo en cuenta que en el último año en España, no solo han bajado las exportaciones, sino que ya tenemos los primeros indicios de desaceleración económica y aumento del desempleo.

Hoy por hoy, no conocemos los pormenores del acuerdo. Sabemos que todo lo relativo al sector agrario y agroalimentario fue lo último en cerrarse y es sobre el que más sombras planean. De hecho, el propio Comisario europeo, reconoció que hubo que hacer "concesiones" hasta el punto de habilitar un fondo de 1.000 millones de euros para ayudar a los denominados "sectores sensibles" ante un posible impacto negativo, cuestión que ha generado una alarma más que fundada entre los profesionales de este sector. La trascendencia de la cuestión exige que desde el Gobierno se empiece a trabajar ya, se elabore una hoja de ruta clara, un Plan Estratégico en que se analicen ventajas e inconvenientes que el acuerdo genera y se arbitren las medidas para aprovechar este nuevo mercado y evitar que se convierta en un problema de imposible solución.

Es necesario dar transparencia a la situación. Resulta imprescindible saber cuál ha sido la posición de España en el cierre de la negociación

Como punto de partida se hace necesario dar transparencia a la situación. Resulta imprescindible saber cuál ha sido la posición de España en el cierre de la negociación del sector agrícola. En buena medida la importancia del acuerdo radica en que sus criterios no son solo comerciales sino también medioambientales, políticos y sociales. En el desarrollo del primer aspecto, el medioambiental, desconocemos si se ha tenido en cuenta el uso de productos prohibidos en la Unión Europea por su efecto contaminante o perjudicial para la salud. Este aspecto es crítico, pues los países de Mercosur utilizan hasta 240 materias activas prohibidas para producir en la UE y precisamente lo están por su efecto nocivo en el medioambiente o sobre la salud.

En el caso de la alimentación animal, por poner tan solo un ejemplo, podemos comprobar que, aunque el volumen de importación de carne contemplado en el acuerdo, pueda parecer asumible a primera vista (99.000T, un 1,25% de la producción), no lo es tanto si consideramos las diferentes reglas que hay para producir y el flujo descendente del consumo de carne en Europa. Si no se ajustan los criterios, si no se impulsa el consumo y se exigen las mismas condiciones de producción y alimentación animal, los agricultores y ganaderos españoles tendrán menos capacidad de producir y mayores costes, mientras aumenta el producto importado y producido a menor precio desde Mercosur usando sustancias prohibidas en la Unión Europea.

Se hace imprescindible, por tanto, contar con informes de impacto previo en cada sector y abordar el problema cuanto antes. Varias organizaciones profesionales agrarias ya han hecho los primeros estudios y alertado de los riesgos. Ante esta situación, el Gobierno puede y debe conseguir esa información y lo tiene que hacer respecto del conjunto de los acuerdos de comercialización y producto a producto, ya que el impacto es muy diferente en cada tipo de producción y algunas de ellas están afectadas al mismo tiempo por diferentes acuerdos -como los vinos afectados también por el Brexit, o los cítricos de Valencia que además luchan contra las importaciones de Marruecos, por citar algunos-.

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Además, es necesario analizar la capacidad de las empresas de los países del Mercosur de ocupar mercados europeos a los que ahora exportan empresas españolas. Hay que tener en cuenta que el 73% de las exportaciones agro españolas actuales tienen como destino la Unión Europea, que la inversión de América latina en Europa, es ya de 300.000 millones de euros, y que estos países han firmado recientemente otro acuerdo de exportación, el EFTA, con Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza.

Solo conociendo ese impacto será posible tener definidos de antemano los mecanismos de protección y salvaguarda, de forma que cuando sean necesarios no se requieran años para activarlos o empezar a pensar, en ese momento, cómo y a qué se deben aplicar. No queda mucho tiempo, pues en poco más de dos años, el Acuerdo deberá ser ratificado en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados.

Hay que exigir que el Acuerdo que definitivamente se ratifique sea realmente equilibrado y suponga una oportunidad para todos los sectores, y no penalice a quienes viven del campo y mantienen la actividad económica en nuestros pequeños pueblos. No se me ocurre mejor contribución a la lucha contra la despoblación que ayudar al sector agroalimentario a crecer en base a facilitar la comercialización de sus productos.

Hay que exigir que el acuerdo sea equilibrado, suponga una oportunidad para todos los sectores, y no penalice a quienes viven del campo

El gobierno no puede dejar, una vez más, que otros hagan sus deberes, fundamentalmente porque los harán conforme a sus intereses que podrán coincidir o no con los nuestros. El presidente Francés, el Sr. Macron ya lo ha hecho, recogiendo el guante del sector agrario y ha anunciado que abordará este análisis en una Comisión específica en la Asamblea Nacional. El Presidente de Argentina, tan "en funciones" como el de nuestro país, ha planteado exactamente lo mismo; un estudio del impacto en el Parlamento nacional.

Es absolutamente imprescindible que España siga este ejemplo, que el Gobierno defienda nuestra economía, en este caso, de forma muy especial los intereses de los agricultores y ganaderos españoles, que representan el 9’2 del VAB de este país. A pesar de la situación de interinidad política en que estamos sumidos, desde el Grupo Parlamentario Popular, se ha solicitado al Ministro de Agricultura, la creación de una Comisión en el Congreso de los Diputados para empezar a trabajar de forma urgente analizando el impacto del Acuerdo en el Sector Agrario y Agroalimentario español.

El nuevo escenario electoral a que nos han arrojado de forma absolutamente irresponsable el Presidente del Gobierno no ha hecho sino empeorar la situación posponiendo 'sine die' la adopción de medidas en este ámbito.

Mercosur podría ser una gran oportunidad, pero si estamos "a otras cosas" y nos olvidamos de proteger y defender a nuestra gente, serán otros quienes aprovechen la situación ante la desidia y pasividad de nuestro propio Gobierno, que pasaría a ser cómplice del declive del campo.

*Milagros Marcos Ortega es diputada Nacional del PP y portavoz de Agricultura.