Los desaparecidos siguen entre nosotros

En memoria de Lluís Martí Bielsa, combatiente antifascista.

Mientras concluye el proceso de exhumación y expulsión del Valle de los Caídos de los restos del dictador, resulta estremecedor constatar que una parte muy importante de sus víctimas, los desaparecidos, aún continúa donde fueron asesinados y clandestinamente enterrados. Según los informes de NNUU, la cifra supera los 100.000.

Esta dramática realidad, consecuencia directa del levantamiento militar de 1936 y de la brutal represión posterior, está haciéndose realidad desde hace unos meses en la provincia de Soria. No hubiera sido posible sin la decisiva intervención de la asociación Recuerdo y Dignidad, que presentó la pertinente denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almazán. La denuncia daba cuenta de que en el paraje de Carraarenillas, de La Riba de Escalote, había dos fosas que podían contener restos humanos de personas que, pese al tiempo transcurrido, estaban identificadas como asesinadas y desaparecidas. Con la finalidad evidente, por sus autores, de ocultar sus conductas homicidas.

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El juez calificó los hechos denunciados como asesinatos y no dudó en emprender una eficaz investigación sobre los mismos. Intervención judicial que es excepcional, pues la legislación estatal vigente al respecto atribuye las exhumaciones de fosas comunes clandestinas a los familiares de las víctimas o asociaciones privadas de cuyo esfuerzo y coste económico depende la ejecución de la exhumación y sus consecuencias. Lo que incumple de forma patente la legislación internacional y las obligaciones del Estado español con las víctimas de violaciones graves de los derechos fundamentales.

Gracias a las prospecciones practicadas, con el apoyo de la Guardia Civil y la ayuda de los vecinos, personas autorizadas y médicos forenses, se hallaron restos óseos de cuatro personas que fueron trasladados al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para su análisis y la obtención de muestras biológicas —especialmente la de ADN— con el fin de identificar su parentesco con los familiares que, con la inevitable angustia, confiaban en su identificación. Los restos hallados correspondían a cuatro jóvenes de 25, 26, 28 y 32 años, militantes republicanos, asesinados el 16/9/1936.

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La localización de estos desaparecidos, más los hallados, privadamente, en todas las fosas abiertas, no exime de responsabilidad política e institucional a los sucesivos gobiernos por la pasividad mantenida ante esta terrible realidad. Sobre todo, ante los términos del informe del Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas de 13/11/2013. Que, en su apartado 32, decía que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado”. Y concluía que el 15/11/2019 el Estado debía haber cumplido cuantas recomendaciones contenía dicho informe.

Una vez más, se constata que los gobiernos, pese a la vigencia de la Ley de la Memoria Histórica, no han cumplido plenamente sus obligaciones institucionales ante el saldo colosal de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.

*Carlos Jiménez Villarejo. Federalistes d’Esquerres.