Multinacionales, reglas fiscales caducas

Veintisiete multinacionales españolas, con unos beneficios anuales de 25.325 millones de euros, han pagado en todo el mundo la ridícula cifra de 65 millones en impuesto de sociedades (un 0,3% de tipo efectivo). Es el equivalente a que los trabajadores y trabajadoras con el salario español más frecuente —algo menos de 17.500 euros— solo tuvieran que pagar medio euro en impuestos, es decir, nada.

La Agencia Tributaria acaba de hacer públicos, por primera vez, este y otros datos que nos permiten valorar hasta qué punto las empresas pagan impuestos allí donde realmente generan beneficios. Se trata de información proveniente de los informes 'país por país', que las grandes multinacionales han de entregar a las autoridades tributarias, los cuales recogen los beneficios e impuestos pagados en todo el mundo. Información que debería ser pública por ley y que, lamentablemente, solo ha visto la luz de forma agregada y anonimizada, ya que la regulación actual, que exige que los datos sean confidenciales, protege 'de facto' a quien no paga impuestos.

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A pesar de que existen grandes diferencias en el pago de impuestos entre una multinacional y otra, la agencia ha calculado que el tipo efectivo de las grandes empresas españolas está en el 12,5%, muy por debajo de las pequeñas empresas. Esta es una de las razones que explican que el impuesto de sociedades recaude hoy unos 20.000 millones menos que antes del estallido de la crisis, reforzando un traslado de la presión fiscal desde el capital a las rentas del trabajo y las familias. Mientras que en 2007, 22 de cada 100 euros que recaudaban las arcas públicas venían del impuesto de sociedades, en 2018 pasaron a 12 de cada 100.

Cuando Oxfam participa en debates con responsables públicos sobre la necesidad de reformar el impuesto de sociedades, es común que nos respondan que España recauda más en este impuesto que la media europea y que donde tenemos una brecha real en relación con otros países de nuestro entorno es en otro tipo de impuestos como el IVA y el IRPF. Estos últimos son precisamente los tipos impositivos que abonan fundamentalmente los hogares. Sin embargo, en impuesto de sociedades, las comparaciones no valen. La conclusión que hemos de sacar de que los distintos miembros de la UE recauden menos no es que necesitemos convergir hacia los niveles más bajos sino que todos los países, sin excepción, tenemos un problema a la hora de gravar el beneficio empresarial.

La conclusión es que todos los países, sin excepción, tenemos un problema a la hora de gravar el beneficio empresarial

Y no se trata de un problema menor. El Fondo Monetario Internacional calcula que el 40% de la inversión extranjera directa en 2017 eran inversiones “fantasma”, movimientos intragrupo cuyo único fin es no pagar impuestos: unos 15 billones de dólares escondidos bajo la alfombra de unas normas fiscales internacionales caducas —se diseñaron en 1920—. Estas son incapaces de seguirle el rastro al dinero en la economía altamente digitalizada del siglo XXI.

La necesidad de reformar esta arquitectura de la fiscalidad internacional desde sus cimientos ha llevado a que los Estados se hayan vuelto a sentar a la mesa de negociaciones tras varios cambios recientes que, por modestos, han sido decepcionantes y a todas luces insuficientes. Esta vez, esperemos que las nuevas negociaciones que están teniendo lugar en el seno de la OCDE, conocidas como BEPs 2.0, lleguen a algún acuerdo y que este sea mínimamente ambicioso.

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Por primera vez, se gravarían los beneficios de las compañías globales como un todo único y no filial por filial, limitando la planificación fiscal agresiva por la que se trasladan los beneficios a la filial del país donde los tipos impositivos son más bajos. Una nueva norma internacional haría que una parte de los beneficios globales se repartiera entre los países en los que realmente la empresa haya generado valor, para que fuese allí donde se pague el impuesto de sociedades correspondiente. Como suele pasar con estas cosas, el diablo está en los detalles: está por decidirse cuánto del beneficio global se reparte (¿por qué no todo?) y cómo se decide el reparto.

Por ahora, la ambición no se ha sentado a la mesa a negociar. Y hace falta. En los próximos meses, se debatirá si se establece un tipo mínimo efectivo global que, de ser alto y aplicarse en un gran número de Estados, supondría sacarles una buena tajada a los paraísos fiscales en pro del bien común. Lamentablemente, hay quien ya habla de un tipo mínimo 'voluntario'. España es un país clave en B.E.Ps 2.0, miembro de un pequeño grupo de países que marca el paso en las negociaciones. Esperemos que, entre todos, tomen las valientes decisiones necesarias para que dentro de unos años no estemos hablando del B.E.Ps 3.0.

*Liliana Marcos es responsable de Políticas Públicas y Desigualdad en Oxfam Intermón.