Se puede (y se debe) innovar desde lo público

Se puede innovar en políticas públicas, es rentable hacerlo y los ciudadanos deberían exigírselo a sus políticos y dirigentes

Foto: Imagen de Free-Photos en Pixabay.
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En el siglo XX, fue la 'amenaza' de la revolución soviética la que 'aconsejó' al liberalismo (fracasado tras dos guerras mundiales y el fin del colonialismo) 'abrir la mano' y mejorar las condiciones de trabajo, los sueldos y crear el que se llamó Estado social de derecho.

Hoy, la globalización, la facilidad de llevarse el capital adonde se quiera, el cada vez mayor peso de la economía financiera frente a la 'real' (cada vez más irreal) han desplomado aquellas condiciones, han roto el ascensor y el contrato social: las consecuencias de que ya no funcione el sistema son evidentes: crecimiento exponencial de la desigualdad, desafección, pobreza infantil, conflictos continuos y 'bunkerización' de los ricos…

Es imperativo hacer que la máquina vuelva a funcionar.

La parálisis desde hace casi dos años de la gobernabilidad en nuestro país (con un Parlamento bajo mínimos, órganos constitucionales sin renovar, Presupuestos re-prorrogados), la idea generalizada de que los gobiernos nacionales hace años que perdieron la batalla de la innovación frente a las multinacionales y la de su incapacidad de luchar contra las grandes tendencias globales han provocado (es bien conocido) una gran desafección ciudadana hacia la política y, por extensión, hacia 'lo público'.

La parálisis de la gobernabilidad en nuestro país ha provocado una gran desafección ciudadana hacia la política y, por extensión, hacia 'lo público'

Pero, sin embargo, no ha bajado el nivel de exigencia ciudadana hacia unos gobernantes a los que se les pide que resuelvan todas nuestras urgencias: empleo, seguridad, vivienda, cultura, sanidad, pensiones, cambio climático… Sorprendentemente, los ciudadanos siguen mirando a los líderes políticos para que les den soluciones… y los políticos disimulan y proponen soluciones cuya caducidad es tan rápida que son como fotogramas de cine: no se percibe la secuencia fragmentada del movimiento.

Aunque la moda es intentar imitar el éxito de las grandes multinacionales digitales, muchas pierden dinero a chorros, pero como en el cuento del emperador desnudo o en nuestro 'retablo de las maravillas', solo los torpes no ven su rentabilidad (mientras no exploten): el espejismo de la bolsa y la huida hacia adelante mantienen la bicicleta en marcha.

En los países en desarrollo, gana cada vez más atractivo el aparente éxito de los regímenes autoritarios asiáticos (China sobre todo), por lo que creo cada vez más necesario reafirmar nuestro modelo europeo y defenderlo de manera inteligente.

La pregunta clave, siempre, es qué se quiere con una determinada política. El cómo es adaptable

Una de las maneras de hacerlo (hay más) es generando nuevas propuestas de generación de riqueza desde lo público, de 'apropiación social directa' de parte de la plusvalía generada en esos procesos económicos (no solo recuperar una parte vía impuestos) y nuevas formas de prestación de los servicios públicos y de las propias políticas públicas, más eficientes y baratas, sin rebajar la calidad, claro, que si se depaupera el servicio, 'así cualquiera'.

Casi en cualquier campo en el que profundicemos (sanidad, apoyo a la innovación, educación, vivienda, atención a mayores) cabe esta reflexión sobre la mejor manera de compartir costes y beneficios, sin apriorismos ni 'líneas rojas' entre lo público y lo privado, y de hacerlo de manera diferente a como se ha hecho hasta ahora.

La pregunta clave, siempre, es qué se quiere con una determinada política (un servicio equis que llegue a equis personas a un coste equis y con una sostenibilidad en el tiempo equis). El cómo es perfectamente adaptable.

Tomemos, por ejemplo, el caso de la vivienda. Desde hace decenios, la política pública (al margen de la regulatoria, fiscal, el urbanismo y las licencias) consistía en la explotación de un parque público regulado para su venta a determinados ciudadanos según su nivel de renta o, últimamente, para su alquiler.

Hay cosas en las que la Administración pública es buena o muy buena, y en otras es mala o muy mala

En Madrid, un piso de vivienda protegida de 80m2 sale de media por unos 136.000€ (entre 1.500-1.900€/m2 construido). Cuando nos vamos al alquiler (a muchos, el banco ya no les da ese préstamo para comprar), para garantizar el pago, muchos promotores exigen que los inquilinos acrediten una solvencia capaz de afrontar 700 euros mensuales.

Hay cosas en las que la Administración pública es, en mi opinión, buena o muy buena, y otras en que es mala o muy mala: aunque podemos construir casas mejores y más baratas que el sector privado (además, claro, de aportando suelo público que no se repercute), creo que no es tan así en cuanto a la gestión de un importante patrimonio inmobiliario: cobrar las rentas, mantener adecuadamente las viviendas, controlar los fraudes, desahuciar al tramposo sin desatender al vulnerable… No funciona, es muy costoso y el precio lo pagamos todos.

¿Hay alternativa? Sí, se puede innovar. El llamado 'cohousing' puede ayudar a conseguir que un elevado número de personas tenga una vivienda de calidad a un precio asequible y que esto no implique un coste de mantenimiento enorme para la Administración pública.

Hay suficientes casos en Viena y otras ciudades centroeuropeas que certifican el éxito de este tipo de experiencias. Un conjunto de personas conforman una cooperativa y adquieren entre todos los derechos para edificar sus viviendas y espacios comunes sobre un suelo público. Una vez construidas las casas, es la propia cooperativa quien gestiona los derechos residenciales (alquiler) de todos sus miembros. Nadie más eficiente que la propia cooperativa para apoyar a los que tienen dificultades y para expulsar al 'aprovechado'.

Esta nueva manera de usar la vivienda, transmisible y heredable pero minimizando el beneficio empresarial, puede ser una pequeña revolución en la manera de renovar la política pública de vivienda, que no se puede limitar a construir casas para los más vulnerables. Le será más rentable a la Administración que destinar todos sus suelos disponibles a la promoción de viviendas de protección oficial. Porque ni por recursos ni por plazos puede hacerlo. La ciudadanía, por su parte, podría acceder a un alojamiento a un coste asequible, sin que exista el riesgo de que unos pocos puedan lucrarse con lo que es de todos. Y más si, como acaban de hacer en Valencia, se cede suelo municipal para esta política. Se puede innovar.

Tomemos otro ejemplo: la contratación pública. Es conocido que la Administración 'habla' a las empresas a través de normas (les impone obligaciones de hacer o de no hacer) o de medidas de fomento o apoyo (subvenciones o préstamos ventajosos). Pero, además, las administraciones públicas, como bien sabemos los españoles que cada día vemos las noticias, contratan servicios, obras y suministros por miles de millones de euros cada año. A veces, parte del dinero se queda 'por el camino', pero no es de la corrupción de lo que quiero hablar. La contratación puede ser un potentísimo instrumento de política pública si se hace bien. Se puede innovar.

Desde hace ya muchos años, las directivas europeas y su traducción nacional en las leyes de contratos han superado la idea de que el contrato es el instrumento legal para conseguir que un empresario privado construya una obra, suministre un bien o preste un servicio con las calidades y condiciones exigidas, al precio más económico de entre los competidores. Desde hace años, se permite dar puntos en las licitaciones a quien aporte mejoras en su oferta que cuiden el medio ambiente o que empleen a personas de colectivos desfavorecidos, pero no ha sido fácil aplicarlo.

La Delegación del Gobierno de Madrid, durante el pasado Gobierno del PP, impugnó repetidamente las cláusulas sociales en la contratación del Ayuntamiento de Madrid, y cuando pudimos demostrar que esos puntos por 'pagar por encima del convenio' que dábamos a una empresa de vigilantes jurados no solo no eran discriminatorios ni violentaban la competencia sino que mejoraban el servicio al minimizar la rotación de la plantilla, el juez nos dio la razón.

Como cuando nos atrevimos a exigir a los suministradores de energía eléctrica que garantizasen que el 100% de su suministro era renovable y nuevas empresas que NUNCA habían ganado licitaciones, se llevaron el contrato. Como cuando pusimos en marcha la política municipal más ambiciosa de España de compra de innovación. Se produjeron cambios y mejoras importantes. Cuando, por no poner solo ejemplos de un grupo político, desde Metro de Madrid, al innovar en los pliegos de encargo de proyectos, se separaron dos fases y se exigió la amplia experiencia y equipos sénior solo en la segunda fase, ello permitió que estudios de arquitectos y urbanistas jóvenes pudiesen ofertar sus proyectos, a veces más frescos y originales que los de los estudios 'habituales'.

O como cuando 'nos empeñamos' en que 'se hablasen' departamentos estancos (los de mobiliario urbano ponían las macetas y los de parques y jardines, las flores, pero no necesariamente a la vez, desde hacía años); o cuando, finalmente, de manera revolucionaria, los diferentes departamentos que autorizaban la instalación de un ascensor en la fachada de casas en barrios a rehabilitar (vías públicas, parques, urbanismo…) se sentaron a la misma mesa para ver cada expediente de manera simultánea en lugar de consecutiva, evitando que cada defecto en el expediente lo devolviese a la casilla de salida pero dejando meses en medio…

Cabría trabajar esa vía de juntar jurídicamente procesos participativos nuevos con las clásicas convocatorias de subvenciones

Uno de los mecanismos más bonitos e integradores, de participación ciudadana en todo el mundo, los presupuestos participativos, tienen enormes dificultades de gestión que están lastrando su aceptación: ¿por qué no adjudicar directamente a los proponentes que ganan la votación entre sus vecinos la ejecución de la obra, por ejemplo, cuando sean importes propios de contratos menores (como ocurre en muchos casos) vía subvención? Cabría trabajar esa vía de juntar jurídicamente procesos participativos nuevos con las clásicas convocatorias de subvenciones. Se puede innovar.

En suma, se puede innovar en políticas públicas, es rentable hacerlo y, en mi opinión, los ciudadanos deberían exigírselo a sus políticos y dirigentes y penalizar a quienes, por no creerse lo público, gestionan rutinariamente o buscan en las privatizaciones tapar sus carencias. Hay que creérselo, hay que saber hacerlo y remangarse. A por ello.

*Luis Cueto, concejal del Ayuntamiento de Madrid.

Tribuna
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