Un nuevo consenso en Cataluña

La independencia de Cataluña es un objetivo político legítimo. Si hoy hubiera una mayoría social cualificada mantenida en el tiempo apoyando a los partidos independentistas representados en el Parlament, la lógica del debate sería otra. Sería irrelevante discutir si existe o no el derecho a la autodeterminación o si constitucionalmente cabe esa posibilidad, porque el problema sería también otro.

Un Estado democrático no puede mantener una parte del territorio en contra de su voluntad y, además, no puede mantener su estabilidad. Sin embargo, la situación dista mucho de ser así. El independentismo nunca ha superado siquiera el 50% del apoyo de los ciudadanos y solo desde 2014 el nacionalismo catalán es mayoritaria y claramente independentista. En términos históricos, desde anteayer.

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EFE

El sondeo se ha sido realizado entre el 16 de septiembre y el 7 de octubre, es decir, antes de conocerse la sentencia del 'procés' y los posteriores movilizaciones disturbios en rechazo

Hoy por hoy, estamos ante una situación de bloqueo que perpetúa una especie de empate infinito cuyas consecuencias son negativas, sobre todo, para la convivencia de la sociedad catalana. Y que lastra la posibilidad de abordar otras prioridades y retos colectivos que tiene la sociedad independientemente de su adscripción ideológica. El Govern de la Generalitat es el principal responsable de gestionar esta situación y representar al conjunto de la ciudadanía. La convivencia entre la sociedad catalana y la del resto de España es un elemento importante en este debate, pero no más que la convivencia entre los ciudadanos que comparten espacio y tiempo dentro de Cataluña.

Desde esta perspectiva, parece contradictorio que mientras el nacionalismo catalán expresa sus agravios respecto a las instituciones del Estado en relación con la minoría nacional catalana, el Govern de la Generalitat repita la misma lógica que atribuye a un tercero y actúe de igual forma a la que critica, no entendiendo la pluralidad interna de la sociedad catalana. ¿Cuántas horas ha dedicado el 'president' de la Generalitat a escuchar a los ciudadanos de L’Hospitalet de Llobregat? ¿Cuantas veces se ha dirigido en castellano a la ciudadanía? ¿Qué esfuerzos se hacen hoy desde las instituciones catalanas para integrar bajo su proyecto político a quienes tienen una identificación nacional distinta de la suya? El independentismo es el proyecto de una parte de los catalanes y las instituciones deben hacer esfuerzos no solo por representar a toda la sociedad si no sobre todo deben esforzarse en garantizar su convivencia.

¿Qué esfuerzos hacen hoy las instituciones catalanas para integrar en su proyecto a quienes tienen una identificación distinta de la suya?

En este contexto, el independentismo que gobierna la Generalitat tiene dos opciones. Asumir su ausencia de mayoría social y, por tanto, la ilegitimidad y la esterilidad de cualquier acción dirigida a conseguir un Estado independiente desde las instituciones. O servirse de su peso social para actuar en la dirección de ser independientes y asumir las consecuencias propias del marco constitucional que quieren subvertir, lo cual es ilegítimo, pero podría no ser estéril si lograran imponer su fuerza.

Lo que es estéril, además de ilegítimo, es seguir con la voluntad de perpetuar un empate infinito a través del parecer-que-se-hace-algo-pero-solo-estamos-excitando-a-los-nuestros, cuya única consecuencia no va a ser cansar al rival, como pretenden algunos, o conseguir la independencia, sino profundizar en la brecha que divide a los ciudadanos de su propio país. Este parece que es el único objetivo de la principal fuerza nacionalista, JxCAT, y del que deberían distanciarse aquellas fuerzas independentistas y aquellos militantes del PDeCAT que tienen la vocación de representar al conjunto de la sociedad catalana.

La complejidad de la situación, condicionada por la situación personal de algunos de sus líderes, retrasa la posibilidad de que el conjunto del independentismo exprese con claridad cuál es la realidad: el 'procés' fracasó en sus objetivos (tanto si fuera conseguir negociar con el Gobierno de España o fuera la independencia), no hay mayoría social que legitime volver a intentarlo (alterar el 'statu quo' sin una mayoría cualificada no solo es antidemocrático, sino letal para construir un proyecto que interpele a toda la sociedad), las prioridades de los ciudadanos de Cataluña van mucho más allá de su adscripción nacional (la autorreferencialidad constante del debate público en Cataluña lastra la posibilidad de abordar los principales retos de la sociedad) y sin la capacidad de implicar en su causa a quienes tienen una adscripción nacional diferente, no hay posibilidad de construir una mayoría suficiente para generar un consenso posestatutario en Cataluña. Sea cual sea.

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Esto último, dicho de otro modo, sería lo mismo que reconocer (tanto por favorables como por contrarios a la independencia) que si no se actúa más allá de la política de bloques, la sociedad catalana está condenada a no compartir un mismo marco de convivencia como consiguieron la Constitución y el desarrollo posterior del autogobierno. Y que, pese a todos sus defectos, han dado la mayor etapa de estabilidad y democracia de nuestra historia.

Algo que, hoy por hoy, solo Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) estarían en condiciones de querer y poder liderar. Dicho de otro modo: solo un Gobierno liderado por ERC (según el último CEO, el 30% de su electorado no es independentista) o un Gobierno liderado por el PSC (cuyo electorado no apoya mayoritariamente, según el CEO, su apuesta por el federalismo) tendría la capacidad no solo de conciliar las contradicciones de su propio bloque sino de generar complicidades con el contrario. O lo que es lo mismo: la construcción de un nuevo consenso de convivencia en Cataluña (ausente desde principios de esta década) pasa hoy por hoy por la capacidad que ERC y el PSC tengan de liderar sus respectivos bloques. Y de asumir riesgos compartidos.

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Las constituciones, o los estatutos de autonomía, son los principales instrumentos jurídicos a partir de los cuales se desarrolla la legislación en un Estado como el nuestro. Pero son también el principal elemento a partir del cual las sociedades construyen un marco compartido que les permite convivir. Hoy, no hay ningún elemento de fondo, ni ninguna propuesta normativa, que cuente con la complicidad suficiente que permita renovar el consenso estatutario o constitucional en Cataluña: no lo es la independencia, no lo es el federalismo y no lo es el mantenimiento del 'statu quo'. Y bajo esas premisas hay que actuar.

La situación, obviamente, es compleja, porque si bien es obvio que para la construcción de un nuevo consenso en Cataluña (y en España, mal que pese a algunos) es necesario contar con el apoyo de la mayoría del nacionalismo, la historia reciente nos ha demostrado que no es posible (y tampoco deseable) querer mutar nuestro ordenamiento constitucional sin contar con el apoyo, o contando con el rechazo frontal, de la principal fuerza de centro derecha de nuestro país. La independencia de Cataluña no es posible con las precarias mayorías que existen hoy en día, pero la renovación del consenso estatutario (y por tanto constitucional) no es posible sin el apoyo explícito o implícito de lo que representa una parte del centro derecha. Visto con la perspectiva del tiempo, no debe costar reconocer que reformar el Estatuto catalán (y, con ello, evolucionar el espíritu de la Constitución) sin la complicidad del Partido Popular fue un error. Al margen del peso de atribución de las responsabilidades, solo hace falta ver los resultados.

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Por tanto, quienes deben liderar la construcción de la única salida que hay en Cataluña para recoser su sociedad, construir un proyecto compartido que permita más décadas de convivencia, deben ser conscientes también de que para mantener su estabilidad deben huir de la lógica de la polarización. Y tener la capacidad de entender que, en ocasiones, para construir un consenso no es necesario contar con el apoyo entusiasta de gran parte de la población, sino, sobre todo, no contar con el rechazo frontal de una parte significativa de la misma. Pujol lo entendió. Es un escenario complejo, pero no más que el que precedió a la construcción de nuestra democracia, ni más que el que se planteó en el otoño de 2017. Y hay que asumir que cualquier alternativa solo llevará o a la frustración o al conflicto. No hay tercera vía, es la principal vía.

Convivir implica reconocer al que es diferente, ceder desde tus posiciones iniciales, gestionar la pluralidad o las contradicciones. Convivir es un ejercicio propio de la civilización para el que se construyeron las instituciones democráticas. Convivir es, sobre todo, responder a la pregunta de qué harías con el que es distinto a ti. Y es el principal objetivo político que debería tener cualquier gobernante que aspire a representar al conjunto de la sociedad. Ya sea por sus propias convicciones democráticas o porque entienda que sin convivencia no habrá paz social, no habrá estabilidad económica y no habrá capacidad de progresar.

*Nacho Corredor es politólogo.